Rosario Maldonado Villa Real

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Rosario Maldonado Villa Real

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta responsable, DE INMEDIATO, con plenitud jurisdiccional emita la resolución en forma de laudo que corresponda y la notifique a la parte quejosa." Asimismo, mediante auto de veintiséis de junio pasado, causó ejecutoria la referida resolución y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por lo que, mediante oficio 881 del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del laudo de treinta de junio pasado en el expediente 567/2018(4) BIS; el cual fue notificado a la parte actora, aquí quejosa, por conducto de su autorizado el treinta de junio pasado. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) que el juicio se tramitó sin incidente de suspensión, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es conservable, porque se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control respectivos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 881, del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, por medio del cual informa el cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la secretaria y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta responsable, DE INMEDIATO, con plenitud jurisdiccional emita la resolución en forma de laudo que corresponda y la notifique a la parte quejosa." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia de amparo o en su caso informe el impedimento que tenga para ello. Se apercibe a la referida responsable, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 567/2018, del índice de la junta responsable. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con la constancia que remitió con su informe justificado a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa y el informe justificado de la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, se advierte lo siguiente: - Que ante la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local dice Conciliación y Arbitraje, se encuentra radicado el expediente 567/2018, promovido por la parte actora. - Desahogada la diligencia de pruebas y alegatos; y cerrada la instrucción, se ordenó turnar el proyecto para la resolución en forma de laudo desde el veintisiete de enero de dos mil veinte; sin que a la fecha haya emitido el laudo correspondiente. Esa OMISIÓN constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: - La autoridad responsable vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, ya que no le permite tener acceso a la Justicia pronta y expedita pues se llevó a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. 09/10/24 13:48:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.80.aa VIRGINIA FRANCISCA MALDONADO PERALTA Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, ya que con la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 567/2018, la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En efecto, del análisis de la constancia remitida por la responsable, derivada del expediente laboral de origen, a la que previamente se le otorgó el valor probatorio de ley, se advierte que el veintisiete de enero de dos mil veinte, se turnó el expediente al Presidente de la junta para la elaboración del laudo, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo; sin que se hubiere dictado, por lo que la responsable omitió actuar con prontitud, como lo establece el citado precepto Constitucional. Ahora, el artículo 17 constitucional establece el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia pronta y expedita dentro de los términos que marcan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, señala que una vez concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el caso, de la citada constancia remitida por la autoridad responsable, se destaca que desde el veintisiete de enero de dos mil veinte, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la formulación del proyecto de laudo. Por lo que, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el trece de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente, como lo aceptó al rendir su informe justificado. Por lo que se reitera, con su actuar la junta responsable evidentemente actúa en perjuicio de la parte quejosa, vulnerando el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, de impartición de justicia pronta, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, si el precepto constitucional citado protege precisamente la garantía de la administración de justicia pronta a favor de toda persona, en el caso, al no cuidar la autoridad responsable que se cumpla con lo establecido en el citado dispositivo legal, su falta de actuación vulnera la garantía consagrada en el artículo multicitado artículo 17 de la ley fundamental; razón por la cual, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que: - Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta responsable, DE INMEDIATO, con plenitud jurisdiccional emita la resolución en forma de laudo que corresponda y la notifique a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, que aparece publicada en la página 226, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Febrero de 2004, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ...., contra actos de la Junta Especial número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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