Rosario Lara Osorio
Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosario Lara Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA I ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 819/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: La negativa de proporcionarle copias del expediente de su difunto esposo que en vida respondió al nombre MARTÍN OVANDO SÁNCHEZ, mismo que fue empleado de esa Dependencia Federal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama; sin embargo, hicieron manifestaciones que evidencian su existencia pues manifestaron: ".Sin embargo hago de su conocimiento que mediante oficio número 6.16.410. 443/2020, de fecha 06 de noviembre de 2020, respecto a la solicitud de la hoy quejosa, se declaró improcedente conforme al marco normativo de la Ley invocada, para los fines que estime inconvenientes. Para mayor referencia se agrega copia certificada del oficio antes mencionado". Por lo anterior, permite concluir la certeza del acto reclamado por la quejosa. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XVIII, toda vez que contra el acto reclamado procede el recurso o medio de defensa contemplado en el artículo 142, de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. Dicha causa de improcedencia resulta infundada el primer lugar porque el artículo 63 de la Ley de Amparo, únicamente cuenta con V fracciones y no XVIII, como lo refieren las autoridades responsables. Por otra parte, si se refieren a la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se actualiza en razón de que en el caso, es un acto del cual la quejosa está exenta de hacer valer el recurso a que se refiere la autoridad responsable, en virtud de que el artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no prevé sobre la suspensión del acto reclamado, que es uno de los requisitos que existe dicha causa de improcedencia pues dicha fracción expresamente dice: ".proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley."; luego entonces, dicha quejosa se encuentra exenta de agotar ese medio de impugnación previsto en la Ley General de Transparencia citada. Por tanto, el juicio de amparo resulta procedente y se procede a su estudio. QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La quejosa hace valer como conceptos de violación, lo siguiente: "- La autoridad violan en mi prejuicio (sic), del hoy quejoso los Derechos Humanos y Garantías contenidos en el título primero, capítulo I, de Nuestra Constitución Federal, especialmente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en primer término, al no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento, lo anterior en estricto acatamiento a lo que establece 8 (sic) de la Constitución General de la República. Lo anterior, hace patente la violación que se comete en contra de la quejosa con el dictado y ejecución de los actos reclamado, pues esto contraviene la normativa aplicable generando una violación a mis derechos". Los argumentos de disconformidad son inoperantes. Se afirma lo anterior, en virtud que la autoridad responsable fundamentó el acto reclamado, en las siguientes consideraciones: ".en respuesta a su solicitud de fecha 20 de septiembre del año en curso, sobre el particular la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Centro SCT, informa que de conformidad a lo establecido por los artículos 12 y 15, en relación con el artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, toda la información pública generada, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se dicha ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables; toda persona tiene derecho de acceso a la información y que el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley, se advierte que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, se deberá de demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley en cita, en su caso, demostrar que la información no se refiere a algunas de las facultades, competencias o funciones de la Autoridad. De igual forma, en el artículo 100 de la Ley invocada, establece dos tipos de información clasificada; la reservada y la confidencial, las cuales en lo de interés consisten en: . INFORMACION RESERVADA. Visto lo anterior, el artículo 113 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo supuestos en que la información podrá clasificarse como reservada, las cuales cuya a la letra dice: [.] INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Según el artículo 116 del citado ordenamiento legal, es la que contiene datos personales concernientes a una persona (ya sea física o mora), identificada o identificable, asimismo establece, información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales y no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores Públicos facultados para ello. Por su parte, el numeral 120 de referido dispositivo legal, prevé que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieran obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, sin embargo, dicho numeral, prevé que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando: [.] Por lo anterior, y con base en lo antes expuesto la solicitud de la promovente es improcedente conforme al marco normativo apegada a la Ley invocada, para los fines que estime conveniente.". Como se observa, la autoridad responsable conforme a los fundamentos de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negó la expedición de copias porque solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Sin embargo, los argumentos expuestos por la quejosa vía conceptos de violación, no controvierten en forma alguna dicho razonamiento de la responsable, sino que solo se limita a referir que la autoridad viola en su perjuicio los Derechos Humanos y Garantías de legalidad y seguridad jurídica, en primer término, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que la quejosa exponga razonamiento lógico jurídico alguno para controvertir la consideración en la que se apoyó la autoridad responsable y con la que fundamentó el oficio reclamado, a través del cual ponga de manifiesto ante este Juzgado, del porque la autoridad dio la clasificación errónea del expediente de su difunto esposo y debido a ello le negaron las copias certificadas que solicitó. Luego, si los argumentos de la impetrante están encaminados a controvertir el actuar de la autoridad en el sentido de que ésta viola en su perjuicio sus derechos humanos porque no siguió las formalidades esenciales del procedimiento y que contraviene la normativas aplicables generando una violación a sus derechos; sin realizar argumentos respecto a controvertir el acto reclamado, resulta evidente que los mismos son inoperantes, porque no hace valer argumentos en relación a las consideraciones o razonamientos que expresados o abordados en la negativa de expedición de copias por parte de la autoridad; por lo cual no se desvirtúa la legalidad del acto. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 621, tomo XII, de julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Además, si para analizar los conceptos de violación expuestos por la justiciable, es necesaria la concurrencia de dos elementos para la integración de la causa de pedir; uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro, derivado de los motivos que lo originen; y dado que ninguno de tales elementos se advierte en la demanda de amparo, lo procedente es declarar inoperante tal concepto de violación. De igual forma, se cita la tesis con registro IUS 228171, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, visible en la página 201, octava época, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDICOS. La responsable no viola garantías en perjuicio de la peticionaria, cuando ésta no expresa en el concepto de violación argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones de aquélla, sin combatir el razonamiento respecto de la clasificación de la información que le dio a los documentos y por ello no le otorgó las copias que solicitó, le causa agravios, resultando con ello el concepto de violación inoperante por insuficiente. Ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa ROSARIO LARA OSORIO. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (.), contra el acto reclamado a las autoridades responsables y actos reclamados citados en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
- Principal
MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 819/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: La negativa de proporcionarle copias del expediente de su difunto esposo que en vida respondió al nombre MARTÍN OVANDO SÁNCHEZ, mismo que fue empleado de esa Dependencia Federal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama; sin embargo, hicieron manifestaciones que evidencian su existencia pues manifestaron: ".Sin embargo hago de su conocimiento que mediante oficio número 6.16.410. 443/2020, de fecha 06 de noviembre de 2020, respecto a la solicitud de la hoy quejosa, se declaró improcedente conforme al marco normativo de la Ley invocada, para los fines que estime inconvenientes. Para mayor referencia se agrega copia certificada del oficio antes mencionado". Por lo anterior, permite concluir la certeza del acto reclamado por la quejosa. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XVIII, toda vez que contra el acto reclamado procede el recurso o medio de defensa contemplado en el artículo 142, de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. Dicha causa de improcedencia resulta infundada el primer lugar porque el artículo 63 de la Ley de Amparo, únicamente cuenta con V fracciones y no XVIII, como lo refieren las autoridades responsables. Por otra parte, si se refieren a la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se actualiza en razón de que en el caso, es un acto del cual la quejosa está exenta de hacer valer el recurso a que se refiere la autoridad responsable, en virtud de que el artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no prevé sobre la suspensión del acto reclamado, que es uno de los requisitos que existe dicha causa de improcedencia pues dicha fracción expresamente dice: ".proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley."; luego entonces, dicha quejosa se encuentra exenta de agotar ese medio de impugnación previsto en la Ley General de Transparencia citada. Por tanto, el juicio de amparo resulta procedente y se procede a su estudio. QUINTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La quejosa hace valer como conceptos de violación, lo siguiente: "- La autoridad violan en mi prejuicio (sic), del hoy quejoso los Derechos Humanos y Garantías contenidos en el título primero, capítulo I, de Nuestra Constitución Federal, especialmente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en primer término, al no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento, lo anterior en estricto acatamiento a lo que establece 8 (sic) de la Constitución General de la República. Lo anterior, hace patente la violación que se comete en contra de la quejosa con el dictado y ejecución de los actos reclamado, pues esto contraviene la normativa aplicable generando una violación a mis derechos". Los argumentos de disconformidad son inoperantes. Se afirma lo anterior, en virtud que la autoridad responsable fundamentó el acto reclamado, en las siguientes consideraciones: ".en respuesta a su solicitud de fecha 20 de septiembre del año en curso, sobre el particular la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Centro SCT, informa que de conformidad a lo establecido por los artículos 12 y 15, en relación con el artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, toda la información pública generada, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se dicha ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables; toda persona tiene derecho de acceso a la información y que el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley, se advierte que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, se deberá de demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley en cita, en su caso, demostrar que la información no se refiere a algunas de las facultades, competencias o funciones de la Autoridad. De igual forma, en el artículo 100 de la Ley invocada, establece dos tipos de información clasificada; la reservada y la confidencial, las cuales en lo de interés consisten en: . INFORMACION RESERVADA. Visto lo anterior, el artículo 113 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo supuestos en que la información podrá clasificarse como reservada, las cuales cuya a la letra dice: [.] INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Según el artículo 116 del citado ordenamiento legal, es la que contiene datos personales concernientes a una persona (ya sea física o mora), identificada o identificable, asimismo establece, información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales y no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores Públicos facultados para ello. Por su parte, el numeral 120 de referido dispositivo legal, prevé que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieran obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, sin embargo, dicho numeral, prevé que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando: [.] Por lo anterior, y con base en lo antes expuesto la solicitud de la promovente es improcedente conforme al marco normativo apegada a la Ley invocada, para los fines que estime conveniente.". Como se observa, la autoridad responsable conforme a los fundamentos de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negó la expedición de copias porque solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Sin embargo, los argumentos expuestos por la quejosa vía conceptos de violación, no controvierten en forma alguna dicho razonamiento de la responsable, sino que solo se limita a referir que la autoridad viola en su perjuicio los Derechos Humanos y Garantías de legalidad y seguridad jurídica, en primer término, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que la quejosa exponga razonamiento lógico jurídico alguno para controvertir la consideración en la que se apoyó la autoridad responsable y con la que fundamentó el oficio reclamado, a través del cual ponga de manifiesto ante este Juzgado, del porque la autoridad dio la clasificación errónea del expediente de su difunto esposo y debido a ello le negaron las copias certificadas que solicitó. Luego, si los argumentos de la impetrante están encaminados a controvertir el actuar de la autoridad en el sentido de que ésta viola en su perjuicio sus derechos humanos porque no siguió las formalidades esenciales del procedimiento y que contraviene la normativas aplicables generando una violación a sus derechos; sin realizar argumentos respecto a controvertir el acto reclamado, resulta evidente que los mismos son inoperantes, porque no hace valer argumentos en relación a las consideraciones o razonamientos que expresados o abordados en la negativa de expedición de copias por parte de la autoridad; por lo cual no se desvirtúa la legalidad del acto. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 621, tomo XII, de julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Además, si para analizar los conceptos de violación expuestos por la justiciable, es necesaria la concurrencia de dos elementos para la integración de la causa de pedir; uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro, derivado de los motivos que lo originen; y dado que ninguno de tales elementos se advierte en la demanda de amparo, lo procedente es declarar inoperante tal concepto de violación. De igual forma, se cita la tesis con registro IUS 228171, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, visible en la página 201, octava época, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDICOS. La responsable no viola garantías en perjuicio de la peticionaria, cuando ésta no expresa en el concepto de violación argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones de aquélla, sin combatir el razonamiento respecto de la clasificación de la información que le dio a los documentos y por ello no le otorgó las copias que solicitó, le causa agravios, resultando con ello el concepto de violación inoperante por insuficiente. Ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa ROSARIO LARA OSORIO. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (.), contra el acto reclamado a las autoridades responsables y actos reclamados citados en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, la licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante la Secretaria Virginia Francisca Maldonado Peralta, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a la celebración de la presente audiencia vía remota, en términos de las disposiciones aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, y reformado en cuanto a su periodo de vigencia por los diversos 25 y 37, ante la contingencia por el virus covid-19; hecho lo anterior, la Secretaria en funciones de Juez declara abierta la audiencia constitucional. Acto continuo, la Secretaria certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, hizo una relación de las constancias de autos. La Secretaria en funciones de Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que hace la Secretaria y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que la parte quejosa exhibió con su demanda la documental consistente en la copias certificadas por notario público, de su credencia de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, del acta de defunción de MARTIN OVANDO SÁNCHEZ, escrito de PATRICIA YOLANDA JUÁREZ VÁSQUEZ, diverso escrito suscrito por la quejosa, acta de matrimonio entre la quejosa y el difunto MARTÍN OVANDO SÁNCHEZ y escrito que contiene el acto reclamado. Y la autoridad responsable Encargado de la Subdirección de Administración del Centro SCT, Oaxaca, las que adjuntó a su informe justificado y que guardan relación con los actos reclamados. La Secretaria en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No habiendo pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho período. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria informa que las partes procesales no hicieron uso de ese derecho. La Secretaria en funciones de Juez de Distrito, acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución: LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. D. GUADALUPE REYES GARCÍA. LA SECRETARIA DE JUZGADO. LIC. VIRGINIA FRANCISCA MALDONADO PERALTA
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Rosario Aragon Hernandez69/2018
- Rosario Belen Medina Lopez663/2019
- Rosario Fabiola Morales Martinez1405/2017
- Rosario Fabiola Morales Martinez28/2018
- Rosario Feliciana Cristobal Cornelio950/2018
- Rosario Hernandez Jimenez947/2021
- Rosario Maldonado Villa Real381/2023
- Rosbin Alexis Gomez Bedoya1161/2021
- Rosbin Alexis Gomez Bedoya1170/2021
- Roselia Marcial Valdivieso54/2020
- Rosenda Ruiz Pacheco851/2022
- Rosendo Abelardo Ramirez Rodriguez296/2018