Rosario Contreras Fuentes

Expediente 316/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Rosario Contreras Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual se le tiene acusando recibo del oficio número 11347/2021, por medio del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 316/2021, de nuestro índice, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejoso el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Rosario Contreras Fuentes, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 316/2021-II. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: 1) Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con sede en Ciudad de México. La discusión y aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico el artículo 180 quater, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 2) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México. La orden de publicación del citado decreto. 3) Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México. Refrendo y orden de publicación del citado decreto. 4) Instituto Federal de Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México. La inminente recepción de datos personales de la quejosa, derivado de la obtención e ingreso de éstos, al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. 5) Telefonía Celular Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (Telcel) Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Por otra parte, es pertinente citar el contenido del ordinal 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto." Así como los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis a 180 Séptimus de la citada Ley Federal. Por lo que, de acuerdo a la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Al caso, resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1813, con registro digital 2004718, de contenido: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades." En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se considera que la suscrita carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues es un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, al ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, vía de mensajería autorizada, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme lo dispuesto en el numeral citado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes. En el entendido de que esta juzgadora no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. De conformidad con lo establecido por el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle 21 de Marzo, número 2482, Colonia Melchor Ocampo, de esta ciudad. Hágase del conocimiento que su nombre y datos personales, son considerados como información confidencial. En la inteligencia que los integrantes del Poder Judicial de la Federación, como sujetos obligados, pueden permitir el acceso a la información confidencial únicamente con su consentimiento para tal efecto. Ello, con independencia de que en caso de que exista una solicitud de información respecto al contenido del expediente, se elabore una versión pública donde se testen las partes o secciones clasificadas. Lo anterior, con fundamento en los artículos 113, fracción I, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que se ordenen en este expediente, de conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de la materia. Hágase del conocimiento de la promovente de este juicio, que el uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del asunto en que se actúa, digitalice todos los acuerdos, resoluciones o sentencias, o en el caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporadas al expediente de que se trata. Por último, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y realícense las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del presente acuerdo, así como las actuaciones y resoluciones subsecuentes, que correspondan.

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