Rosalio Gallegos Jiménez

Expediente 392/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
392/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Rosalio Gallegos Jiménez
  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y háganse las anotaciones el en libro electrónico correspondiente. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Por lo que, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años, se incluirá este expediente en la destrucción anual que corresponda, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días naturales siguientes. Conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, de la fecha de archivo y que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo que remite el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control en el Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, agréguense a sus autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, en virtud de que mediante sentencia de diecinueve de junio del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 392/2023-IV, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el tres de abril del dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado el día siguiente a este órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, residentes la Ciudad de Chihuahua, Capital, que hizo consistir en los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DECHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para ficha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado del Estado de Chihuahua." Segundo. Mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se registró como expediente 392/2023-IV; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien formuló alegato ministerial, igualmente se requirió a Recaudación de Rentas, con sede en la localidad, para que en el término de tres días computados legalmente, informara el número de escritura de la que derivó el certificado de pago con número de operación ********************, relativo al pago de Inscripciones Traslativas de Dominio, de Propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos, así como la Notaria ante la que fue celebrada dicha escritura, mismo que dicha autoridad fue omisa en desahogar; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que; C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma tributaria estatal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernadora Constitucional del Estado, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: La aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero; así como el diverso Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico, el artículo 29, con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí quejoso, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua, y Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Cuarto. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, se evidencia del sumario de amparo, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de las normas generales impugnadas. Para corroborar tal aserto resulta menester traer a cuenta el contenido del artículo indicado, el cual a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia De la transcripción que antecede se desprende que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de acuerdo con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada". Dicho precepto constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" Conforme al párrafo segundo de la fracción I, del precepto constitucional citado, el juicio de amparo es un medio de control para proteger los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a la que perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En términos generales, el interés jurídico es el derecho subjetivo protegido por el ordenamiento legal que se ve afectado por el acto autoritario. Ahora bien, para acreditar el interés jurídico cuando se reclama la constitucionalidad de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere demostrar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (normas autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (normas heteroaplicativas). Como se apuntó, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar el Decreto LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero; así como el diverso Decreto LXVII/EXLEY/0109/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, con motivo de su primer acto de aplicación, en su carácter de disposición heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso solamente menciona que el día dieciséis de marzo del año en curso, ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, realizó el pago por los Derechos de Inscripción, en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura que contiene la traslación de dominio, por la cantidad de ********************con número de operación ******************** en la que se describe el pago por concepto del Numeral 11 y/o 13 inscripción traslativa del inmueble. Sin embargo, de las constancias que obran en autos no se desprende que la parte quejosa haya aportado alguna documental o factura, con la que demuestre su interés jurídico, toda vez que en la especie, no exhibe documentales como la escritura pública en la que se evidencie que es propietaria del inmueble y su ubicación, y que con motivo de su adquisición pagó el impuesto correspondiente, o el pago de la cuota o derecho correspondiente a la inscripción que practica el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de Chihuahua; pues únicamente menciona en su demanda que se trata de la operación ******************** en la que se describe el pago por concepto del Numeral 11 y/o 13 inscripción traslativa del inmueble, por la cantidad de ********************por tanto, al no exhibir la documental respectiva, no acredita que las disposiciones normativas le deparan perjuicio a su esfera jurídica. Así, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, únicamente es necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio. Empero, en el caso no se acredita tal interés, pues -como ya se dijo con antelación,- la parte quejosa no aportó medios de convicción con los que demuestre el perjuicio que le ocasionan las disposiciones combatidas, con motivo de su primer acto de aplicación al no allegar pruebas que lo acrediten. Siendo así, es inconcuso que el promovente no acreditó que el decreto controvertido le genere una afectación en su esfera de derechos, toda vez que no exhibió documentales que comprueben que se efectuó el acto de aplicación. Bajo tales circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, tercera parte, visible en la página 49, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, fracción IV, 65, 73 a 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo y por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto, de esta sentencia. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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