Rosalva Montero Cuevas

Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
980/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Rosalva Montero Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 60/2019-B, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en la queja 104/2018, interpuesto por Rosalva Montero Cuevas, a través de su autorizado Julio César Pérez Arriaga, en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja aquí analizado." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que mediante resolución de treinta y uno de enero del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto en que desechó la demanda; en consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra agregado por separado un tomo de prueba, consistente en copia certificada del juicio ordinario laboral 1177/2005-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en consecuencia, devuélvanse las referidas copias a la mencionada autoridad, toda vez que ya no es necesaria su conservación en virtud de que en esta misma fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Julio César Pérez Arriaga, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diez de octubre de la anualidad que transcurre, a través del cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por los argumentos y consideraciones vertidos en el auto combatido; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil dieciocho. En tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo promovida por Rosalva Montero Cuevas, la cual fuera registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 980/2018. DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo antes referida, el cual dispone que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. En el caso, el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la omisión genérica de emitir acuerdo alguno que sea obligatorio para el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, con la finalidad de que en forma definitiva pague a su favor las cantidades a las que fue condenado mediante laudo de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente número 1177/2005-I, de su índice. Del Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, la omisión de dar cumplimiento voluntario y definitivo del laudo de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente número 1177/2005-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA En ese tenor, respecto al acto reclamado consistente en la omisión genérica de emitir acuerdo alguno que sea obligatorio para el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, con la finalidad de que en forma definitiva pague a su favor las cantidades a las que fue condenado mediante laudo de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente número 1177/2005-I, de su índice, el suscrito considera que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento. Se afirma lo anterior, en virtud de que de la lectura de desahogo de prevención que se provee, se aprecia que la omisión que reclama la aquí quejosa a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, lo hace de manera genérica, es decir, expresa únicamente que se han efectuado diversas actuaciones dentro del procedimiento de ejecución del laudo pero que no se ha podido ejecutar, sin embargo, no reclama en específico alguna actuación en particular. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Máxime que de las copias certificadas del juicio 1177/2005 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que remitió la citada responsable al rendir su informe justificado, en virtud de que inicialmente la quejosa promovió juicio de amparo directo, se aprecia que la última actuación de la autoridad que señala como responsable se realizó el treinta de agosto de la presente anualidad, sin que conste en esas copias certificadas, diversa promoción de la promovente, y sin que reclame lo realizado en el auto de fecha antes mencionada, por lo que se debe considerar que la omisión que señala como acto reclamado resulta inexistente. En esta tesitura, se concluye que la demanda que se provee es notoriamente improcedente por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión genérica de emitir acuerdo alguno que sea obligatorio para el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, con la finalidad de que en forma definitiva pague a su favor las cantidades a las que fue condenado mediante laudo de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente número 1177/2005-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable precisada en párrafos que anteceden. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), determinó: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Asimismo, por sus consideraciones es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/10L, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Por otra parte, respecto al acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, consistente en la omisión de dar cumplimiento voluntario y definitivo del laudo de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido en el expediente número 1177/2005-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: Fracción II. La autoridad o autoridades responsables teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por su parte, de los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinada en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra- subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se apuntó, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecute, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En esta tesitura, es destacable mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la tesis número 2a.CCIV/2001, del rubro y texto que enseguida se transcriben: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación: De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotado lo anterior, del escrito aclaratorio que se provee, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte lo siguiente: a) La aquí quejosa demandó al Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las prestaciones consistentes en el pago de noventa días por concepto de indemnización Constitucional por haber sido despedida injustificadamente, el pago de salarios caídos desde la fecha del despido, más lo que siga acumulando hasta la fecha en que sea cumplimentado el laudo, el año de aguinaldo en forma proporcional al año dos mil cinco, el pago de vacaciones y prima vacacional en forma proporcional al dos mil cinco. b) Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil cinco, se radicó la demanda bajo el número 1177/2005/I, en el índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y seguida la secuela procesal en el aludido asunto, el veintisiete de marzo de dos mil siete, se emitió el laudo que resolvió que la actora justificó sus acciones, condenando al Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, a pagar la cantidad de sesenta y seis mil pesos, en concepto de indemnización constitucional, salarios caídos a partir del treinta y uno de octubre de dos mil cinco hasta la fecha en que se cumplimente el laudo, a la base salarial de setecientos treinta y tres centavos, en concepto de vacaciones, la cantidad de tres mil cincuenta y cuatro pesos con treinta y un centavos, en concepto de prima vacacional y dieciocho mil trescientos treinta tres pesos con veinticinco centavos, por concepto de aguinaldo. c) Una vez aperturada la sección de ejecución, se ordenaron diversos requerimientos de pago, sin obtener respuesta favorable por conducto del Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz (Acto reclamado). En ese contexto, se concluye que en este caso el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que el actos que se le atribuye no tiene las características de acto de autoridad (de supra-subordinación) para los efectos a que se contrae el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la medida que derivan de un juicio laboral, por lo que, la actuación de la entidad antes citada se asemeja a los de un particular (demandado), por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Máxime que tratándose de cumplimiento de laudos la autoridad laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de sus laudos (previstos en el artículo 198 de la Ley Estatal de Servicio Civil de Veracruz), lo que supone que las autoridades demandadas se ubican en un plano de coordinación, característica de las relaciones laborales. No es obstáculo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, invocada por la quejosa, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ello es así, pues en el caso, la jurisprudencia que se considera exactamente aplicable al caso, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, es la 2a./J. 31/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia 1.4o.(I Región) J/I, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, que a la letra dice: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la Ley de Amparo contemple la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; pues en el caso, tal supuesto jurídico (contenido en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia), no se actualiza, ya que el acto omisivo reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, no resulta ser equivalente al de una autoridad, al no surgir en el caso, la relación de supra a subordinación, por tratarse de actos de coordinación donde la omisión reclamada se encuentra desprovista de imperio, pues quien goza de este tipo de facultades a fin de cumplir con el laudo, es el propio tribunal burocrático estatal. En este aspecto, es aplicable la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, del siguiente contenido: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." Tampoco se soslaya lo relativo a la naturaleza jurídica de la relación que existía entre la trabajadora, aquí quejosa, y la entidad demandada Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, esto es, una relación administrativa en atención a las funciones desempeñadas como miembro de dicha dependencia, en virtud de que la situación jurídica que hubiese guardado la promovente de amparo con la dependencia demandada, en el caso resulta irrelevante, puesto que lo aquí significativo es que el acto omisivo reclamado consiste substancialmente en la omisión de cumplimiento de un laudo, que deriva necesariamente de un procedimiento que culminó con la emisión de una decisión judicial condenatoria, ventilada ante un tribunal laboral, de lo cual se colige que, no obstante que la relación entre la ahora quejosa y la dependencia demandada pudiera estimarse como de naturaleza administrativa de acuerdo con los criterios firmes que así lo establecen; en el caso, los actos derivan de un procedimiento laboral en su etapa de ejecución y por ello debe considerarse exclusivamente que el acto reclamado se ubica en esta materia y no en la administrativa, además de que ello, por sí mismo, no haría procedente el juicio de amparo, pues el acto reclamado de cualquier manera debe apreciarse y ubicarse, conforme a lo probado en el juicio, como dentro de la etapa de ejecución de un juicio laboral. Consecuentemente, por lo expuesto en párrafos precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, así como con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Rosalva Montero Cuevas. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Pérez Arriaga y Santa Heidi Hernández Moctezuma, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 782 y 94396, respectivamente y por autorizados con las restricciones que impone la última parte, del precepto citado a Cecilia Monserrat Pérez Arriaga, María del Rosario Vázquez Barrientos y Norma Irene Arenas Pale, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 5839, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, y anexos de cuenta, mediante el cual informa que por resolución de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, se declaró legalmente incompetente para resolver ese asunto, fincando dicha cuestión de competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad de Xalapa, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Decimoquinto de Distrito. Con apoyo en los dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese recibo a la Superioridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 980/2018. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los artículos 110, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente que disponen: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite" Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. [.] Así como en atención a los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." El normativo y criterio anterior imponen la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. En ese entendido, es necesario requerir al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias simples de ley cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad, exhiba un escrito aclaratorio, al que deberá acompañar las copias necesarias, en el que deberá satisfacer los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia P/J.127/99, publicada en la página treinta y dos y siguiente, del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase Protesto lo necesario, que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". SEGUNDO.- Aclare cuál es el acto reclamado, es decir, si combate en esta vía la omisión genérica de dar cumplimiento al laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, o en su caso, si reclama alguna omisión específica a cada una de las autoridades que señaló como responsables, y de ser así, indique cuáles. Lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la admisión del juicio de amparo en que se actúa, puesto que la demanda que se provee refiere cumplir con los requisitos señalados por el diverso precepto 175 del mismo ordenamiento, el cual dispone los requisitos que debe contener una demanda de amparo directo, por lo que resulta indispensable requerir a la parte promovente para que en el término señalado satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, Sirve de apoyo la Jurisprudencia número 145, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/94, entre las sustentadas por las anteriores Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento nueve, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL ABOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO.- Si el Juez de Distrito se aboca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes." APERCIBIMIENTO. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, dada la voluminosidad de los anexos que remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para un mejor manejo del mismo, fórmese por separado cuaderno auxiliar constante de un tomo, colocándole la carátula correspondiente para su identificación, constancias que se dejan a la vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional en virtud de su volumen, aunado a que no son necesarias para sustentar el presente auto, por lo que resulta innecesaria su digitalización. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Pérez Arriaga y Santa Heidi Hernández Moctezuma, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 782 y 94396, respectivamente y por autorizados con las restricciones que impone la última parte, del precepto citado a Cecilia Monserrat Pérez Arriaga, María del Rosario Vázquez Barrientos y Norma Irene Arenas Pale, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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