Rosalba Vázquez Sánchez

Expediente 676/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
676/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Rosalba Vázquez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de queja en contra del auto veinticuatro de julio del presente año, en el que se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, ello con posterioridad al DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Rosalba Vázquez Sánchez contra actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 676/2019/IV-B. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" ; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que el acto reclamado por la quejosa a las autoridades señaladas como responsables, es el siguiente: La orden de descuento vía nómina efectuada sobre su pensión por jubilación y su devolución. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Como se puede observar, la disposición legal invocada prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es importante destacar, que en el artículo mencionado se utiliza la "expresión materia de ejecutoria", término que refiere a las resoluciones concluidas, con el fin de preservar la "cosa juzgada", a fin de evitar que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de una primera decisión de amparo. Lo anterior, con el interés de evitar que en los diversos juicios de amparo que se tramitan ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se emitan sentencias contradictorias, pues implicaría desconocer la decisión adoptada, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos examinados, en contravención al principio de cosa juzgada. Ahora bien, es un hecho notorio para el suscrito, como lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia al criterio de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", que con el número 494/2019/VI-B, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se encuentra registrada la demanda de amparo promovida por Rosalba Vázquez Sánchez, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, en la que reclamó el descuento vía nómina por el concepto 322, que se le efectúa desde el mes de diciembre de dos mil dieciocho, la cual el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se desechó de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez la homólogo federal estimó que no se encontraba ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; declarándose firme tal determinación el trece de junio de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2017123, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, es de afirmarse que en el particular se actualiza la aludida causa de improcedencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional por la aquí quejosa Rosalba Vázquez Sánchez, consiste en la orden de descuento vía nómina efectuada sobre su pensión por jubilación y, por ende, su devolución, según se advierte de sus talones de pago relativos a los meses de diciembre de dos mil dieciocho, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil diecinueve, con folios 2226, 2227, 2228, 2231, 2234, 2236, 2239 y 2240. Asimismo, el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 494/2019/VI-B, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, promovido por la misma quejosa, es precisamente la referida orden de descuento vía nómina por el concepto 322, correspondientes a los meses de diciembre de dos mil dieciocho, enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, conforme lo pretendió acreditar con las impresiones de los tales de pagos con folios 2240, 2239, 2236, 2234, 2231 y 2228. Juicio que el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se desechó de plano por actualizarse una causa manifieste e indudable de improcedente; determinación que el trece de junio de dos mil diecinueve, causó estado para todos los efectos legales conducentes. De lo anterior se concluye que el juicio de amparo en que se actúa y el diverso 494/2019/VI-B del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, fueron promovidos por la quejosa Rosalba Vázquez Sánchez, en relación al mismo acto combatido (orden de descuento vía nómina y, por ende, su devolución), misma autoridad responsable (Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad), bajo la precisión de que en el diverso juicio de garantías 494/2019/VI-B, existe un acuerdo que declaró firme el auto de desechamiento, tal y como ya se expuso. Entonces, si el acto que por esta vía constitucional se reclama, ya fue materia de ejecutoria en el diverso juicio de amparo 494/2019/VI-B, actualizándose la cosa juzgada, es procedente declarar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que quien esto resuelve, se encuentra legalmente impedido para resolver el presente controvertido, pues de hacerlo implicaría desconocer la decisión adoptada por la homólogo federal, en contravención al principio de cosa juzgada, pues este ya resolvió sobre el mismo acto reclamado en el presente juicio, como lo es la orden de descuento vía nómina y, por ende, su devolución. Al respecto, sirve de apoyo la tesis aislada I.7o.A.132 K aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164818, que a la letra señala: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.11o.C. J/6 (10a.) sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 808, Libro 61, Diciembre de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2018597, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." En relatadas circunstancias, el acto aquí reclamado por la quejosa, no puede ser analizados en un amparo posterior, porque impera el principio de cosa juzgada, lo que impide analizar nuevamente dicho acto, máxime que concurrieron en el caso, se itera, los requisitos esenciales que establece la causal de improcedencia analizada, esto es, la identidad del quejoso, la autoridad responsable y el acto reclamado. No es óbice a lo anteriormente expuesto, que en la demanda que se provee la parte quejosa haya señalado otras autoridades, entre las que se encuentran autoridades jurisdiccionales, es decir, autoridades distintas a las señaladas en el juicio de amparo 494/2019/VI-B de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, puesto que debe tomarse en cuenta que es al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien se le reclamó en aquél juicio la orden de descuento sobre la pensión por jubilación de la quejosa, acto que también se reclama su ejecución a la misma autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por tal motivo, como se expuso, se consideran cumplidas las condicionantes para la actualización de la causa de improcedencia de cosa juzgada, porque se tiene certeza jurídica respecto de lo solicitado por la accionante del amparo y lo que fue motivo de desechamiento en aquél juicio de amparo. De ahí que la parte quejosa tenía la carga procesal de impugnar esa resolución (desechamiento) mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo que dispone el numeral 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal; cuya observancia debe acatarse de oficio, atenta su naturaleza de orden público; por ende, debe desecharse de plano la presente demanda, en razón de que el acto reclamado ha sido materia de otro juicio de amparo tramitado anteriormente ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y, por tanto, constituye cosa juzgada. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción X, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Vicente Lunagomez Lagunes, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 76052, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Jharik Moncayo Martínez y Manuel Hernández Hernández, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que estas personas cuenten con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Citlalli del Carmen Reyes Morán, secretaria que autoriza y da fe.

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