Rosalina Aida Mendez Quiroz

Expediente 1275/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1275/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Rosalina Aida Mendez Quiroz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por ******* no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Marcial Soto Montaño, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificado mediante oficio CCJ/ST/6954/2022, de doce de diciembre de dos mil veintidós, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de veintidós de diciembre de la presente anualidad, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, para notificar personalmente a la quejosa ********************, el proveído de dieciséis de diciembre pasado, en virtud de lo ahí expuesto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso j), en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto la parte quejosa señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista de acuerdos a la quejosa ******************** el presente proveído y el diverso de dieciséis de diciembre de la presente anualidad.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe. Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de este órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto reclamado a la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número *****. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro:1 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro:2 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo la suscrita advierte que el acto reclamado en el presente asunto por la parte quejosa, es el siguiente: 1. La omisión de la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del 1 Visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Materia Común, Novena Época. 2 Visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación a su escrito de treinta de agosto de dos mil veintidós, con sello de recibido de catorce de septiembre del año en curso, por el que le pidió que se le concediera media hora al término de su jornada laboral para consumir sus alimentos, en apago al artículo 42 de las Condiciones Generales de Trabajo. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País,3 que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. La anterior definición, permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinadas en la ley, precisándose así establecer para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al 3 Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, con número de registro electrónico 2009938. poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal, se entiende como 4 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con número de registro electrónico 199459. aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,5 que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En esta tesitura, no está por demás mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la tesis número 2a.CCIV/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, del rubro y texto que enseguida se transcriben: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal 5 Publicada en el Semanario Juridicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, con número de registro electrónico del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación consideró que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotada la anterior premisa legal, es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. Mediante escrito de treinta de agosto de dos mil veintidós, *****, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, solicitó a la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, que se le concediera media hora al término de su jornada laboral para consumir sus alimentos, en apego a las Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE vigentes. 2. Posteriormente, el aludido escrito fue presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de Subdelegaciones de Administración y Médica de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, sin que hasta esta fecha le hayan dado una respuesta debidamente fundada y motivada a su solicitud. De modo que, el acto reclamado a la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, lo hace consistir en la omisión de darle una respuesta fundada y motivada a su solicitud de treinta de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, por el que les pidió le concedieran media hora al término de su jornada laboral para consumir sus alimentos, en apago a las Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE vigentes. En ese contexto, no se advierte que exista acto de autoridad, ya que nos encontramos ante una relación de coordinación, porque el acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, y que el quejoso pretende encuadrar como en un derecho de petición, tiene su origen en la solicitud de tiempo para ingerir sus alimentos en su fuente laboral, esto es, como empleado con el puesto Apoyo administrativo en Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, en el que las autoridades señaladas como responsables lo son la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, y quien formuló la petición es parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto es, las autoridades que el quejoso designó como responsables, mantiene una relación de igualdad con el promovente, y no de supra a subordinación, y por ende, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco de una relación contractual, debe ventilarse y decidirse en la vía laboral correspondiente, lo que evidencia que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo De esta manera el acto que se le atribuye a las citadas responsables, en nada se puede asemejar a un acto de una autoridad, pues como se dijo, la relación que existe entre el quejoso y autoridades, deriva de un contrato de trabajo, por lo que no se encuentran colocadas en un plano diferente al señalado, es decir, al de igualdad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.),6 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señala: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El 6 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Laboral, Página 699, con número de Registro 2007066. incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." De igual manera, apoya a lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J.112/2015 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,7 que señala: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes." En efecto, se tiene que el acto reclamado queda comprendido en una relación privada de coordinación, derivada de la relación que existe entre el quejoso y autoridades, deriva de un contrato de trabajo; es decir, que en esos supuestos la posición del promovente frente a la autoridad, no es como tal la de un gobernado como se requiere para el ejercicio del derecho de petición, sino que tiene como origen una relación contractual en que las partes, convinieron la forma en que se llevaría dicha relación de coordinación en los contratos de los agremiados. Por lo tanto, resulta inconcuso que tal solicitud fue elevada ante la potestad de la autoridad señalada como responsable en un plano de 7 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Página 1797, Décima Época, con número de registro 2010095. igualdad o de coordinación entre contratantes, porque lo pedido deriva de la relación contractual y Condiciones Generales del Trabajo que existe entre el mencionado instituto y el quejoso como parte de un contrato. De ahí que, no existe una facultad de imperio, toda vez que no existe el elemento relativo a la supra a subordinación, pues al acudir ante las autoridades y elevar la citada solicitud lo hizo en su carácter de empleado a efecto de que la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de patrón, le concediera media hora al término de su jornada laboral para consumir sus alimentos, en apego a las Condiciones Generales de Trabajo, esto es, derivado de la relación contractual existente por la contratación de un servicio y no así en su calidad de gobernado. En ese contexto, si la petición no se realizó a funcionario en su calidad de autoridad, sino en un plano contractual y de coordinación entre particulares, es evidente que el juicio es improcedente. En esa línea argumentativa, el escrito del quejoso cuya omisión en dar respuesta reclama, de ninguna forma puede considerarse como "derecho de petición" en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, pues en éste, más que ejercer el referido derecho, se encuentra encaminado a que la autoridad cumpla con las obligaciones derivadas de su relación contractual, esto es, sobre cuestiones que no pueden ser consideradas como una relación de supra a subordinación, sino entre particulares, precisamente por la relación contractual de la que deriva dicha solicitud que los vinculaba y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos preceptos interpretados en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio XI.1o.A.T.25 K (10a.),8 sostenida por la Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señala: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." De ahí que, el acto atribuido a la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado Médico de la representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituye propiamente un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no se materializa la hipótesis prevista en el artículo 8° constitucional relativa al ejercicio del derecho de petición, en el cual dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 8 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común, Página 3823, con número de Registro 2010168. escrito, de manera pacífica y respetuosa; al cual, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; ello, ya que como se señaló no cuentan el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.42/2001,9 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." No se soslaya la existencia de la diversa jurisprudencia 2a./J.54/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. En razón de que en el presente caso sí se está en posibilidad jurídica de precisar que el acto reclamado no proviene de una 9 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 126, Registro 189914. 10 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, materia Común, visible en la página 929. autoridad para efectos del juicio de amparo, por los motivos que quedaron expuestos en párrafos que anteceden, aunado a que el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito en la jurisprudencia PC.III.L.J/5L (10a),11 determinó que el anterior criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepciona a dicha regla general como lo podían ser aquellos en los que ya este expresamente definidos por jurisprudencia de que una autoridad señalada como responsable no tiene esos efectos para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso acontece, como se puede observar de la jurisprudencia III.4º.T.J/3(10a) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito:12 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se cita como apoyo a lo anterior, los argumentos expuestos en la jurisprudencia PC.III.L.J/5L (10a),13 sustentada por el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera 11 Visible en la página 1224, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2007580. 12 Visible en la página 1639, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011298 13 Datos de localización en el pie de página 11, registro número 2007580. mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." No está por demás destacar que la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos por parte de los agremiados con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, quien cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza en términos del precitado artículo a ******, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Mientras que, se autoriza con términos restringidos del citado precepto a ******, al no contar con cédula profesional en la licenciatura de Derecho, de conformidad con la certificación secretarial de cuenta.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

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