Rosalino Rodríguez Morales
Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosalino Rodríguez Morales
- Licenciada Alaentsic Lisette Córdova López, Fiscal Quinta Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV en Orizaba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1002/2022, promovido por*** contra actos de la licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz, que consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos*** CUARTO. Causales de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo cual se procede al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados; lo anterior de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la legalización de la detención. Los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en la parte que se analiza, son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. En primer término, en este considerando se analizará el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por la que calificó de legal la detención de los quejosos, dentro del proceso penal*** al considerar que se actualizó el supuesto de flagrancia. Disposición constitucional de la que se advierte que la flagrancia implica que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Por su parte, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo*** de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*** disponen lo siguiente*** Disposiciones normativas que prevén que nadie puede ser detenido de manera arbitraria, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento previamente establecido. Es importante precisar, antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, que la calificación de la detención y el auto de término constitucional, son etapas judiciales distintas y en cada una de ellas se analizan aspectos diferentes. En efecto, conforme al artículo 16 constitucional, el juez que reciba la consignación del detenido debe inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención debe realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Por otra parte, el artículo 19 constitucional prevé el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay elementos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba pongan en evidencia que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por tanto, la valoración que hace el juez responsable sobre los datos de prueba expuestos por las partes en la legalización de la detención, son de manera preliminar, pues únicamente se analiza si alguien cometió un delito y fue detenido en flagrancia. Mientras que para el dictado del término constitucional, la eficacia demostrativa de los datos de prueba es para decidir si está o no acreditado el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de que el activo lo cometió. Empero, indudablemente respecto de los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, en caso de ser inconstitucionales y declarados nulos, su eficacia demostrativa trasciende para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Por otro lado, si se declara constitucional la legalización de la detención, esto no impide que nuevamente se analicen los datos de pruebas, para examinar si existe o no otra diversa violación de forma o de fondo, pero atendiendo los alegatos que las partes formulen para demostrar su teoría del caso de cómo sucedieron los hechos, para determinar si se cometió o no el hecho que la ley señala como delito y si se acreditó o no la probablemente participación. En el caso, los hechos que dieron origen a la detención del impetrante, que narró el fiscal en la audiencia inicial el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, son los siguientes*** El fiscal estimó que se actualizaba la flagrancia prevista en dicho numeral, porque los imputados fueron señalados por*** policía aprehensor, quien ordenó a dichos imputados las actividades del traslado que tenían que realizar para la certificación médica del evadido, y cuando los policías aprehensores tuvieron conocimiento de la fuga, se avocaron a la búsqueda del evadido y de los policías custodios, aquí imputados, de manera ininterrumpida; después, los imputados decidieron regresar a la base policiaca donde fueron detenidos. La juez de control calificó de legal la detención, al estimar que los hechos antes precisados actualizaban la flagrancia, con base en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito. Expuesto lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación. En la primera parte del único concepto de violación, los quejosos manifiestan que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de los datos de prueba en ningún momento se advierte alguna persona que hubiere presenciado directamente los hechos que les imputan, por lo que no existió una búsqueda o localización ininterrumpida por señalamiento de víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito. Lo expuesto a ese respecto resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado. Como ha quedado expuesto, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. Por su parte, el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite validar la detención de una persona bajo la hipótesis de flagrancia delictiva "por señalamiento", si concurren las siguientes condiciones*** Que la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en la comisión del delito, señale al imputado*** Que éste tenga en su poder el objeto, instrumento o producto del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención*** Que lo anterior ocurra inmediatamente después de cometer el delito, sin que se haya interrumpido su búsqueda o localización. Ahora, de la interpretación de dicho precepto deriva que el señalamiento de la persona en contra de los imputados debe ser inmediato al hecho delictivo, por lo que exige que dicho señalamiento se realice por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en la comisión del ilícito. Esto es, el señalamiento no puede recaer en personas que declaren por referencias de terceros o que no tengan la calidad de víctima u ofendido, testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en la comisión del delito, pues en caso contrario, el señalamiento no configuraría el elemento de la flagrancia, debido a que la persona detenida debe ser en el momento en que comete el delito o inmediatamente después. De ahí que la persona que señale al imputado debe conocer directamente los hechos para que se considere que ese señalamiento fue de manera inmediata al hecho delictivo. En el caso, el fiscal expuso ante la juez de control que se actualizaba la flagrancia equiparada, porque los imputados fueron señalados por*** policía aprehensor, quien recibió la llamada de*** quien le informó vía telefónica que se evadió el preso, y dicho policía aprehensor fue quien ordenó a los ahora imputados las actividades de traslado que tenían que realizar para la certificación médica del evadido. Por tanto, si el policía aprehensor*** jurídicamente no es víctima u ofendido, ni testigo presencial de los hechos, ni intervino en la comisión del delito; entonces, no se trata de una persona que hubiere señalado a los imputados inmediatamente después de que se cometió el delito, ya que éste conoció los hechos por referencia de quienes estaban comisionados para el traslado ordenado para la obtención del certificado médico, esto es, no conoció los hechos en el momento inmediato en que se configuró el delito; además, la circunstancia de que haya recibido la llamada telefónica e informado de la evasión por parte de los imputados, sólo lo coloca como un testigo de referencia de tercero, que al no estar en el lugar de los hechos, el señalamiento que hizo no se considera inmediato al hecho delictivo, sino posterior. De ahí que en el caso no se configure la flagrancia equiparada que sostuvo el fiscal y que fue legalizada por la juez de control. En esa tesitura, al resultar fundado uno de los conceptos de violación, suplido en deficiencia de la queja en términos del precepto 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por los quejosos, a fin de que la autoridad responsable, licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz, deje insubsistente la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del proceso penal*** sólo por cuanto hace a los quejosos*** por las razones que han quedado expuestas dicte un auto en que califique de ilegal la detención, al no haberse acreditado la flagrancia. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto reclamado precisado como*** El auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que se le vinculó al proceso penal*** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, a*** por el delito de lesiones culposas, en agravio de*** Ello es así, porque al existir un vicio de fondo respecto del auto que calificó de legal de la detención, resulta jurídicamente improcedente analizar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, pues aun cuando son actos desvinculados entre sí, es necesaria la calificación de la detención para dar certeza y secuencia de los actos posteriores del proceso penal; ante el principio de continuidad previsto en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dado que los datos de prueba obtenidos con la detención, trascienden para resolver la situación jurídica de los imputados, así como a las posteriores resoluciones, incluso aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos*** de la Ley de Amparo, se RESUELVE*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** respecto de los actos reclamados de la licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz precisados en el considerando sexto, por los motivos y para los efectos precisados en el mismo. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y autoridad con el carácter de tercero interesada
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. De autos se advierte, que por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la licenciada Verónica Portilla Suazo, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede Orizaba, Veracruz, remitiendo diversas constancias derivadas del proceso penal*** mismas que se pusieron a vista de las partes por el plazo de ocho días de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual a la presente data se encuentra transcurriendo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con el citado numeral 257, fracción II, del citado Acuerdo General; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la*** Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial. Con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de diez de mayo del año en curso, pues al efecto remite las copias autentificadas de las constancias ahí requeridas; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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