Rosario Álvarez Vargas
Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosario Álvarez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó la medida cautelar solicitada y por otra se declaró sin materia. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó la medida cautelar solicitada y por otra se declaró sin materia. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 842/2021, promovido por. contra la omisión reclamada al 1. Secretario de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Mediante oficio recibido por incompetencia el veintinueve de septiembre del año pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, turnado en esa misma data a este Juzgado de Distrito. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Secretario de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otras autoridades, que hizo consistir en. SEGUNDO. Admisión de la demanda y su trámite. Por proveído de treinta de septiembre del año pasado, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto por cuestión de turno, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó tener por inexistentes a las autoridades responsables 5. Jefe del Departamento de Quejas y Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz y 8. Secretaria Particular de la Directora General de Primaria Federalizada, ambos con residencia en Xalapa. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables. Jefe del Sector Educativo Número Once y profesor de Córdoba, Veracruz. Supervisor Escolar de la Zona 014, ambos de Córdoba, Veracruz, el primero, así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, y el segundo, con independencia de haber sido omiso en rendir su informe de ley, a pesar de estar debidamente notificado del oficio por el cual se le solicitó; sin embargo, aun tratándose de actos omisivos en los que correspondía a las autoridades responsables demostrar que colmaron las omisiones que se les atribuyen, en el caso no resulta procedente tener por ciertas dichas omisiones dado que la petición formulada por la parte quejosa no fue dirigida a las autoridades a que se refiere este considerando, sino a las diversas precisadas en el considerando siguiente. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1. Secretario de Educación de Veracruz, 2. Directora General de Primera Federalizada, 3. Subsecretaría de Educación Básica, 4. Director Jurídico, todos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe con justificación hayan negado el acto que se les atribuye, pues de la lectura integral del mismo se obtiene su certeza, ya que afirman haber dado contestación a la petición de la quejosa; de ahí que al momento de la presentación de la demanda la omisión reclamada existía. Lo que se corrobora con la copia certificada del oficio número SEV/DGEPF/SSE/OAQ/1489/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno y la constancia de notificación a la parte quejosa dicho oficio; documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, se tiene por cierto el acto referido, que se atribuye a las mencionadas autoridades responsables. QUINTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en la especie, respecto de la omisión referida se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado, en razón de la contestación efectuada por la autoridad. El precepto en mención establece. De tal disposición deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley en cita; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, de autos se advierte que el acto que por esta vía se reclama a las autoridades responsables, 1. Secretario de Educación de Veracruz, 2. Directora General de Primera Federalizada, 3. Subsecretaría de Educación Básica, 4. Director Jurídico, todos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa, consistente en la omisión de dar respuesta a su oficio número 25/2020-2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual la aquí quejosa, solicitó programación para su reincorporación física y presencial como Directora de la Escuela. como apoderada de la Secretaría de Educación de Veracruz, refirió que sus representadas ya habían dado contestación a la petición de la parte quejosa, y al efecto remitió copia certificada del oficio número SEV/DGEPF/SSE/OAQ/1489/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, donde se advierte dicha contestación. En ese sentido, la emisión de la citada respuesta representa que los efectos de la omisión de dar contestación han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Carta Magna. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio respecto de las autoridades de que trata este considerando. Finalmente, cabe destacar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por. Supervisor Escolar de la Zona 014, de Córdoba, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable; sin embargo, resulta innecesario analizarlos, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que si bien por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se resuelve. ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en éstos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL...SEGUNDO. Mediante proveídos de veintidós de noviembre y veinticuatro de diciembre del año pasado, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables, 5. Jefe del Departamento de Quejas y Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz y 8. Secretaria Particular de la Directora General de Primaria Federalizada, ambos con residencia en Xalapa. TERCERO. La licenciada Silvia Huerta de la Cruz, como apoderada de la Secretaría de Educación de Veracruz, en representación de las autoridades responsables 1. Secretario de Educación de Veracruz, 2. Directora General de Primera Federalizada, 3. Subsecretaría de Educación Básica, 4. Director Jurídico, todos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que sus representadas ya dieron contestación a la petición de la parte quejosa, esto es, a su oficio número 25/2020-2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, y al efecto remitió copia certificada del oficio número SEV/DGEPF/SSE/OAQ/1489/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, donde se advierte dicha contestación; de ahí que se tenga por cierta la omisión que se le reclama, porque existía al momento de la presentación de la demanda. Ahora, dado que de la referida copia certificada se observa que ya se dio contestación al oficio 25/2020-2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, y con ello se subsanó la omisión reclamada. Por tanto, no existe materia sobre la cual decretar la medida cautelar solicitada, toda vez que como se expuso, las autoridades responsables emitieron el acuerdo correspondiente a la petición formulada por la quejosa. CUARTO. Las diversas autoridades responsables, Profesor 6. Luis Velázquez Vergel, Jefe del Sector Educativo Número Once y profesor 7. Julio Nájera Martínez, Supervisor Escolar de la Zona 014, ambos de Córdoba, Veracruz, fueron omisas en rendir sus informes previos, a pesar de estar debidamente notificadas de los oficios por los cuales se les solicitó; sin embargo, no ha lugar a presumir la certeza de la omisión reclamada, dado que la petición formulada por la parte quejosa no fue dirigida a ellas, sino a las autoridades precisadas en el considerando que antecede; razón por la cual se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos a la citadas autoridades responsables. Finalmente, resulta innecesario pronunciarse directamente en relación a los alegatos vertidos por la autoridad responsable, licenciado 7. Julio Nájera Martínez, Supervisor Escolar de la Zona 014, de Córdoba, Veracruz, dado que para resolver sobre la medida cautelar únicamente deben tomarse en consideración la existencia o inexistencia de los actos reclamados y que éstos, por su naturaleza sean susceptibles de ser suspendidos, acorde con las reglas de procedencia establecidas en la ley de amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.7o.A.90 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1249, Tomo XXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA DECRETARLA EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE LOS ALEGATOS FORMULADOS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO." Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara sin materia el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 842/2021, promovido por **********, respecto las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se niega a ************, la suspensión definitiva que solicitó en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, y por los motivos expuestos en el mismo
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