Rosalinda Rocafuerte Islas
Expediente 1081/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosalinda Rocafuerte Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución emitida el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se concedió la medida cautelar solicitada; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Además, requiérase a la parte quejosa para que comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución del billete de depósito número N921451, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos, 00/100 moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución emitida el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se concedió la medida cautelar solicitada; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Además, requiérase a la parte quejosa para que comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución del billete de depósito número N921451, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos, 00/100 moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
"Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1081/2021, promovido por **************, contra actos de la 1. Juez Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, los cuales consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Apartados A y B, 21 y 29, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el seis de diciembre de dos mil veintiuno, turnado en esa misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Secretario de Acuerdos del "Juzgado Penal", con sede en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que se precisan a continuación. ACTOS RECLAMADOS: "(.) De la Autoridad que señalo como RESPONSABLE 1, se le RECLAMA LA VIOLACIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL REALIZAR UNA INDEBIDA NOTIFICACIÓN, SIN LOS ELEMENTOS MEDIANTE LOS CUALES PUEDA LA SUSCRITA SABER CUÁLES SON LOS EXTREMOS Y ALCANCES DE LA MISMA, DANDO PIE A VIOLACIONES PROCEDIMENTALES, QUE AFECTAN LOS DERECHOS DE LA SUSCRITA POR TANTO VIOLAN MI DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO Y A LAS LEYES PENALES PROCESALES; ADEMÁS DE LA NEGATIVA AL ACCESO A CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRE RELACIONADA LA SUSCRITA EN CUALQUIERA DE LOS APARTADOS DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DICHO SECRETARIO DE ACUERDOS, LLEVA ASUNTOS EN MATERIA PENAL Y PRETENDIÓ APERCIBIRME SIN SIQUIERA LA SUSCRITA PODER SABER EN QUÉ PROCEDIMIENTO Y EN QUÉ CALIDAD ME ENCUENTRO EN EL PROCEDIMIENTO AL QUE SUPUESTAMENTE ME LLAMA, Actos que considero INCONSTITUCIONALES, ILEGALES, INFUNDADOS E INMOTIVADOS, toda vez que no existe mandamiento escrito, FUNDADO Y MOTIVADO, en contra de la C. *************, que Funde y Motive la Causa Legal del Procedimiento, razón por la cual, son Actos que agravian Flagrantemente mis DERECHOS HUMANOS Y MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES O CONSTITUCIONALES, que consagran los Artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Apartado A y B, 21 y 29 de nuestra Carta Magna, agregando que dicho SECRETARIO DE ACUERDOS, debe seguir los principios de probidad e informar si existen investigaciones, denuncias, procedimientos, investigación o cualquier tipo de elementos en contra o a favor de la suscrita, así como denuncias en contra de la misma de las que no se me haya hecho saber, lo cual constaría como una violación flagrante a mis derechos humanos de adecuada defensa y a la violación del principio de contradicción a que se refiere la carta magna". SEGUNDO. Prevención. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que por razón de turno correspondió conocer de este asunto, previno a la quejosa para que indicara si también señalaba como actos reclamados: "la orden de detención y/o aprehensión y/o presentación, o la privación de la libertad; y a qué autoridad o autoridades en específico atribuye dichos actos"; asimismo, para que precisara a cuál de las cuatro Sala de Control en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, se encuentra adscrito el secretario de acuerdos que señaló como autoridad responsable (fojas 8 a 11). Mediante escrito presentado vía electrónica el veinte de los citados mes y año, la peticionaria desahogó la prevención formulada y amplió su demanda, señalando como autoridades responsables a las siguientes: Ordenadoras: 1. Licenciada Juana Verónica Méndez Zárate, Juez Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 2. Titular de la Fiscalía Municipal, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Ejecutoras: 3. Licenciado Jorge Armando Sosa López, Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 4. Titular de la Comandancia de la Policía de Seguridad Pública Municipal, con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Asimismo, la impetrante refirió ampliar su demanda y precisar los actos reclamados en desahogo de la prevención formulada, en los términos siguientes: ACTOS RECLAMADOS: "(.) A) De las Autoridades que señalo como Responsables Ordenadoras, se les DEMANDA LOS SIGUIENTES ACTOS RECLAMADOS: I.- LA INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA E ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, LIBRADA EN CONTRA DE LA SUSCRITA QUEJOSA, **************, en algún PROCESO PENAL o CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE ME HAYA INICIADO DE MANERA VIOLATORIA A MIS DERECHOS HUMANOS Y A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES; II.- LA OMISIÓN DE DEBIDA NOTIFICACIÓN, POR VIOLACIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL REALIZAR UNA INDEBIDA NOTIFICACIÓN, SIN LOS ELEMENTOS MEDIANTE LOS CUALES PUEDA LA SUSCRITA SABER CUÁLES SON LOS EXTREMOS Y ALCANCES DE LA MISMA, DANDO PIE A VIOLACIONES PROCEDIMENTALES, QUE AFECTAN LOS DERECHOS DE LA SUSCRITA POR TANTO VIOLAN MI DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO Y A LAS LEYES PENALES PROCESALES; III.- LA OMISIÓN DE INFORMES Y NEGATIVA AL ACCESO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRE RELACIONADA LA SUSCRITA CUALQUIERA DE LOS APARTADOS DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DICHO SECRETARIO DE ACUERDOS, CUMPLE ÓRDENES DE ASUNTOS EN MATERIA PENAL Y PRETENDIÓ APERCIBIRME QUE SI NO OBEDECÍA MANDARÍAN A LA POLICÍA PARA ARRESTARME, SIN SIQUIERA LA SUSCRITA PODER SABER EN QUÉ PROCEDIMIENTO Y EN QUÉ CALIDAD ME ENCUENTRO EN EL PROCEDIMIENTO AL QUE SUPUESTAMENTE SE ME LLAMA. Actos que considero INCONSTITUCIONALES, ILEGALES, INFUNDADOS E INMOTIVADOS, toda vez que no existe Mandamiento Escrito FUNDADO y MOTIVADO, en contra de la C. ************, que Funde y Motive la Causa Legal del Procedimiento, razón por la cual, son Actos que Agravian Flagrantemente mis DERECHOS HUMANOS y mis GARANTÍAS INDIVIDUALES O CONSTITUCIONALES, que consagran los ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17, 19, 20 APARTADOS A y B, 21 y 29 de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. b) De las Autoridades que señalo como RESPONSABLES EJECUTORAS, les Reclamo LA EJECUCIÓN MATERIAL O CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN HACER DE LOS ACTOS RECLAMADOS, dictados por las AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS, consistente en LA INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA E ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, LIBRADA EN CONTRA DE LA SUSCRITA QUEJOSA, ******************, en algún PROCESO PENAL o CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE ME HAYA INICIADO DE MANERA VIOLATORIA A MIS DERECHOS HUMANOS Y A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES; Actos que considero ARBITRARIOS, INFUNDADOS, INMOTIVADOS, ILEGALES E INCONSTITUCIONALES, toda vez, que tienen la finalidad de PRIVARME DE MI LIBERTAD, MOLESTARME EN MI PERSONA Y EN MIS DERECHOS HUMANOS, en forma TOTALMENTE ILEGAL, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, que consagran los ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17, 19, 20 APARTADOS AY B, 21 y 29 DE NUESTRA CARTA MAGNA". TERCERO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este tribunal tuvo por desahogada la prevención formulada a la quejosa y por ampliada la demanda respecto de las nuevas autoridades responsables que precisó en su escrito aclaratorio; asimismo, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 19 a 22). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de abril de dos mil veintidós, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, y en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, de su ampliación y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquéllos consisten en: a) La notificación a la quejosa del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso innominado 31/2021, tramitado por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para que compareciera a la celebración de la audiencia señalada para las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno; b) El apercibimiento de arresto para el caso de no comparecer en la fecha y hora indicadas en el inciso anterior; c) La negativa de permitir a la impetrante el acceso a cualquier procedimiento en el que se encuentre relacionada; y d) Las órdenes de detención, aprehensión, presentación o privación de la libertad libradas contra la peticionaria; y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos b), c) y d), del considerando anterior, atribuidos a las autoridades responsables 1. Juez y 3. Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y de la 2. Fiscal con residencia en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, encargada del despacho de la Fiscalía de Amatlán de los Reyes, Veracruz, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 34 a 40 y 85; 41 a 47 y 84; y 64). En esa guisa, no es cierta la ejecución del acto reclamado precisado en el inciso d) del considerando anterior, atribuida al 4. Primer Comandante de la Policía Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues así lo indicó al rendir su informe justificado (foja 30). Asimismo, no es cierto el acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo de esta resolución, únicamente por lo que respecta a la 2. Fiscal con residencia en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, encargada del despacho de la Fiscalía de Amatlán de los Reyes, Veracruz, quien fue señalada como autoridad responsable ordenadora y, por ende, le fue atribuida la notificación precisada en dicho inciso; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 64). Lo anterior, sin que la quejosa aportara medio de convicción alguno que desvirtúe las negativas de las responsables. De ahí que los actos reclamados a que se contrae este considerando resulten inexistentes y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en la notificación a la quejosa del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso innominado 31/2021, Veracruz, a fin de que compareciera a la audiencia señalada para las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues así lo reconocieron la 1. Juez y el 3. Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 34 a 40 y 85; y 41 a 47 y 84). Lo que se corrobora con las copias certificadas del cuaderno administrativo número 160/2021-P, de la estadística del Juzgado Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitidas por las referidas autoridades responsables junto con su informe justificado (fojas 35 a 40 y 42 a 47). Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio, ya que es una cuestión de orden público, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional a combatir la notificación reclamada. Los artículos 5, fracción I, 6, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen... De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita. Asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, la notificación reclamada fue realizada a la quejosa con motivo de la requisitoria 217/2021, librada en el recurso innominado 31/2021, tramitado por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en la que se solicitó a la Juez Municipal responsable notificar a la impetrante a fin de que compareciera, en compañía de su asesor jurídico, a la celebración de la audiencia señalada para las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno. Esto es, la práctica de la notificación reclamada fue ordenada por una autoridad judicial, como es el referido Juez de Control, en un procedimiento iniciado con motivo de la interposición de un recurso innominado en términos del Código Nacional de Procedimiento. Luego, de no acreditar la quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos: a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia... En ese orden, como se señaló, en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la notificación del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso innominado 31/2021, en el que se ordenó notificar a la aquí quejosa para que compareciera, en compañía de su asesor jurídico, a la celebración de la audiencia señalada para las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, según se advierte del contenido del referido auto, inserto en la requisitoria 217/2021, remitida por las autoridades responsables, dicho medio de impugnación fue interpuesto por *************, contra la omisión del Ministerio Público "respecto a la determinación de la Carpeta de Investigación", toda vez que -señaló la recurrente- han transcurrido dos años nueve meses desde que inició la investigación y más de un año desde la última diligencia (foja 37). De donde se obtiene que el recurso innominado 31/2021 se formó con motivo de la interposición del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que procede contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial; y que la citación de la inconforme es únicamente para que asista a la audiencia prevista en dicho precepto, en la que se debatirá si existe o no la omisión que la recurrente atribuye a la representación social y, en su caso, si aquélla es justificada o no. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ... Luego, la notificación que se reclama no conlleva afectación alguna a la esfera jurídica de la quejosa, pues únicamente fue para el efecto de comunicarle la fecha y hora señalada para la celebración de la plurimencionada audiencia, y estuviera en condición de acudir a la misma; actuación que es en la que precisamente se dará intervención a la impetrante y podrá argumentar lo que a su derecho convenga en relación con la omisión de investigar atribuida a la fiscalía. Máxime que a la peticionaria no le fue formulado apercibimiento alguno para el caso de no asistir a la audiencia indicada. Sobre el particular se invoca, por mayoría de razón, la jurisprudencia ... En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En el entendido de que, no pasa inadvertido que no ha sido emplazado a este juicio *****************, persona que interpuso el recurso innominado a que se hizo referencia en líneas precedentes; sin embargo, el sentido de esta sentencia no le causa agravio alguno, por el contrario, resulta favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción ... SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 19 a 22 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 5, fracción I, 6, 61, fracción XII, 62, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a los actos reclamados y su ejecución, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese, vía electrónica a la quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.
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