Rosalinda Alonso Jacinto

Expediente 440/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
440/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
25/01/2017

Partes del expediente

  • Rosalinda Alonso Jacinto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. I-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tehuantepec, Oaxaca, mediante el cual remite copias certificadas del acta de la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo, el proyecto de laudo y el laudo, los cuales tienen valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su numeral 2º. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que la autoridad judicial adjuntó a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la quejosa Rosalinda Alonso Jacinto, reclamó de los Miembros que integran la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, la negativa de elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral número 216/2015. En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Es necesario explicar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió (tratándose de un acto positivo), o que omitió uno (acto negativo u omisivo), deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto (en su doble aspecto); esto es así, en virtud de que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental agraviado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. En ese contexto, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto u omisión han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, junio de 1999, página 38, registro electrónico 193758, que es del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la pr/otección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto de la lectura de la demanda de amparo en su conjunto, se advierte que, en esencia, la parte quejosa refiere como acto reclamado el siguiente:  La negativa de elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo y dictarlo en el expediente laboral número 216/2015. Luego, de las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, se advierte que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el Auxiliar de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, dentro del juicio laboral número 216/2015 elaboró el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que en la audiencia de discusión y votación, de veintiocho de noviembre siguiente, se elevó a la categoría de laudo, y con fecha veintiocho de noviembre de la presente anualidad, se dictó el laudo correspondiente, mismo que fue notificado a las partes, actora y demandada, el siete de diciembre siguiente. De lo anterior se colige que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como se puede advertir ya no existe la negativa reclamada de dictar laudo dentro del juicio laboral número 216/2015, del índice de la autoridad responsable, lo que trae como consecuencia que exista la imposibilidad de materializar a que la autoridad responsable obre en el sentido de evitar la omisión reclamada, pues ésta quedó subsanada con su actuar, de ahí que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 210, registro electrónico 196820, del rubro y teso siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con quince minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Debe decirse que los criterios de jurisprudencia que se invocan, integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio de ésta última. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB

  3. Principal

    Número de expediente: 440/2016 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tehuantepec, Oaxaca, mediante el cual remite copias certificadas del acta de la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo, el proyecto de laudo y el laudo, los cuales tienen valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su numeral 2º. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que la autoridad judicial adjuntó a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la quejosa Rosalinda Alonso Jacinto, reclamó de los Miembros que integran la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, la negativa de elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral número 216/2015. En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Es necesario explicar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió (tratándose de un acto positivo), o que omitió uno (acto negativo u omisivo), deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto (en su doble aspecto); esto es así, en virtud de que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental agraviado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. En ese contexto, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto u omisión han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, junio de 1999, página 38, registro electrónico 193758, que es del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la pr/otección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto de la lectura de la demanda de amparo en su conjunto, se advierte que, en esencia, la parte quejosa refiere como acto reclamado el siguiente:  La negativa de elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo y dictarlo en el expediente laboral número 216/2015. Luego, de las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, se advierte que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el Auxiliar de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, dentro del juicio laboral número 216/2015 elaboró el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que en la audiencia de discusión y votación, de veintiocho de noviembre siguiente, se elevó a la categoría de laudo, y con fecha veintiocho de noviembre de la presente anualidad, se dictó el laudo correspondiente, mismo que fue notificado a las partes, actora y demandada, el siete de diciembre siguiente. De lo anterior se colige que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como se puede advertir ya no existe la negativa reclamada de dictar laudo dentro del juicio laboral número 216/2015, del índice de la autoridad responsable, lo que trae como consecuencia que exista la imposibilidad de materializar a que la autoridad responsable obre en el sentido de evitar la omisión reclamada, pues ésta quedó subsanada con su actuar, de ahí que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 210, registro electrónico 196820, del rubro y teso siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con quince minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Debe decirse que los criterios de jurisprudencia que se invocan, integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio de ésta última. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que con fecha veinticinco de noviembre del presente año, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca; el cual no se recibió por lo menos con ocho días de anticipación, a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, a efecto de que esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. IB

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