Rosalba Jiménez López

Expediente 496/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
496/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Rosalba Jiménez López

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ROSALBA JIMÉNEZ LÓPEZ, hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio el pasado dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 10-16), en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias, en el entendido que de la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B-Penal

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. A).- Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ROSALBA JIMÉNEZ LÓPEZ, contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón y Juez Primero de lo Familiar de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que hace consistir literalmente: "De los CC. Magistrados de la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, les reclamo: La resolución dictada el 20 de septiembre del año en curso, en el toca número 71/2018, por el cual confirmó la resolución dictada por el Juez Primero de lo Familiar de Juchitán, Oaxaca, por el que se declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer el señor Odilón Ruiz Valdivieso, en el expediente civil número 276/2014. Del juez primero de lo familiar de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, reclamo la ejecución material de la resolución dictada por la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estrado, en el toca civil número 71/2018, por el cual ordena que se remitan los autos originales del expediente civil número 276/2014 al Juez que ejerza jurisdicción territorial en el Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México". Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 496/2018, que le correspondió. B).- Análisis de la demanda Previó al análisis de la demanda de amparo es importante precisar que el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo..." Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues la solicitante de amparo señaló como acto reclamado sustancialmente la resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho dictada en el toca penal 71/2018 en la que se confirmó la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado en el juicio natural 276/2014, así como la ejecución material de dicha resolución por la cual el Juez Primero de lo Familiar ordenó remitir los autos originales de ese expediente al Juez que ejerza jurisdicción territorial en Ecatepec, Estado de México. Por tanto, se llega a la conclusión de que el acto reclamado en la presente demanda es notoriamente improcedente en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción V, 6 y 5 fracción I, todos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En apoyo a lo anterior, este juzgado estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo revistiéndolo. Por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico y éste es el significado que se emplea en los artículos 6 y 5 fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior es así, toda vez que dichos preceptos señalan: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)". Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto en este momento procesal, en virtud de que del estudio de la demanda en cuestión no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo y sobre todo actual a la promovente. Esto es, la causación de un daño o perjuicio irreparable que se cometa en la esfera jurídica de la promovente, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar. En ese sentido, en el caso en particular no se desprende acto alguno encaminado a causarle un perjuicio irreparable a la hoy promovente, puesto que si bien es cierto dicha resolución debe considerarse como un acto dentro del juicio que de conformidad al artículo 107, fracción V citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto. Es decir cuando es de imposible reparación, lo cual ocurre cuando en su caso la resolución que estimó procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta sea aceptada por el juez al que se declare competente, lo cual en el presente asunto no hay constancia de que haya acontecido e inclusive la misma parte quejosa solicita la suspensión a efecto de que el juez natural no remita los autos originales de del expediente civil 276/2014 al diverso Juzgado que ejerza jurisdicción territorial en Ecatepec el Estado de México. Por tanto, la resolución reclamada no le causa un daño o perjuicio irreparable al solicitante de amparo, pues en este caso la parte promovente deberá de esperar a que el asunto encomendado sea remitido a dicho juez ante quien se declinó la competencia, para que en su momento un Juez de lo Familiar dentro de dicha circunscripción territorial se considere el competente, situación que a la fecha no ha acontecido y por tanto deviene improcedente el juicio de amparo. Así, debe de quedar establecido que el Juicio de Amparo biinstancial será procedente hasta en tanto el Juez al que en su momento se considere competente, se avoque al conocimiento del juicio primigenio adquiriendo firmeza dicha resolución y por tanto causándole un perjuicio irreparable a la parte promovente. Pues existe la posibilidad de no acontecer así, ya que el juez foráneo podría en su caso no aceptar la competencia declinada en su favor e incluso en su caso suscitarse un conflicto competencial, por lo que, como ya se señaló debe determinarse que la ahora impetrante no sufre algún agravio actual personal y directo, con la resolución que constituye el acto reclamado. Ello es así, ya que debe quedar claro que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Por tanto para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación, y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que de la resolución reclamada se derive algún perjuicio a la hoy promovente del amparo y por tanto al no causarle perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de garantías. En efecto la hoy promovente no se le causa algún menoscabo inmediato en su persona o bienes que le afecten sus derechos sustantivos, puesto que la determinación de la Sala responsable en declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria, no le afecta en su persona o en sus bienes y precisamente el juicio de amparo tiene por objeto proteger a la promovente frente a un menoscabo que en su persona o bienes pueda resultarle del acto reclamado, lo cual no se observa que vulnere sus derechos. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la Jurisprudencia P./J.17/2015 derivada de la Contradicción de Tesis 239/2014, de la Décima Época, con número de registro 2009721 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común visible en la página 5, la cual establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Además apoya a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 24/92, de la Octava Época, con número de registro 205651, emitida por el Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia Común, página 11 de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que proceda el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Además, el acto reclamado no deja en estado de indefensión a la impetrante, ni es de imposible reparación, ya que hasta el momento no existe una afectación de modo directo e inmediato de derechos sustantivos de la quejosa, pues aún el acto que se señala como reclamado no tiene carácter de definitivo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por ROSALBA JIMÉNEZ LÓPEZ, por propio derecho. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, se traduce en una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. C).- Domicilio y autorizado. En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, visible en la página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, como lo solicita expresamente el promovente, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngasele únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como las de carácter personal, a JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ, JUAN GARCÍA JIMENEZ, HIOMERO MARÍN TOLEDO, YESENIA DEL CARMEN GÓMEZ MONTAÑO, JORGE ARISTEO MARTÍNEZ GÓMEZ y HERIBERTO VARELA LÓPEZ. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LISTA AL PROMOVENTE, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO EN SU DEMANDA DE AMPARO. II-B-Penal

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano