Rosalía Pedroza Contreras
Expediente 344/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalía Pedroza Contreras
- Enrique Ordáz Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se negó la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General, deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa y tercero interesado no se inconformaron dentro del término legal, contra el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos, con la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de doce de febrero del actual, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de lo Familiar, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por tanto, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia de once de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional negó a la quejosa Rosalía Pedroza Contreras la protección federal que solicitó. Determinación contra la cual la quejosa interpuso recurso de revisión; y al resolver el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el amparo en revisión 948/2019, revocó la resolución recurrida de la que se advierte que resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosalía Pedroza Contreras, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." Siendo lo siguiente: "1. El Ejecutor del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, deje insubsistente la diligencia de emplazamiento de trece de noviembre de dos mil dieciocho. 2. El juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, ordene al actuario de su adscripción dejar insubsistente la aludida diligencia de emplazamiento. 3. El citado juzgador, dicte un acuerdo en el que declare insubsistente todo lo actuado en el incidente derivado del expediente 305/2013 y reponga el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento; asimismo, dé vista con lo anterior a la parte actora incidental, para que manifieste lo que a su derecho convenga." Ante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional mediante oficios 10928/2020 y 10929/2020, de cinco de noviembre de dos mil veinte, requirió a la autoridad responsable Juez de lo Familiar y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, el cumplimiento al fallo protector. Por tal razón, la Juez Familiar de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante misivas 1175/2020, 041/2021 y 134/2021, de catorce de diciembre de dos mil veinte, catorce y veinticinco de enero del año actual, registradas en la oficialía de partes con los folios 8490, 229 y 877, informó las gestiones que en ese momento se encontraba realizando para dar cabal cumplimiento a la sentencia amparadora. Sin embargo, con el comunicado 193/2021 de cuatro de febrero de la presente anualidad (registro 1597), la Juez Familiar de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, informó que del resultado de las gestiones realizadas se tuvo al actor incidentista Enrique Ordaz Celaya, ratificando su escrito de veinte de enero de la presente anualidad, por el que manifestó no ser su deseo continuar con el trámite del incidente planteado por las razones ahí expuestas; por lo que en diligencia de tres de febrero del año en curso, consideró al citado actor desistiéndose en su perjuicio de la demanda incidental entablada contra Rosalía Pedroza Contreras, relativo a la reducción de pensión alimenticia que promovió en vía incidental, por lo que declaró que las cosas volvían al estado que tenían antes de la presentación de la misma, ordenando archivar dicho incidente como asunto totalmente concluido; justificando su dicho con la copia certificada de la diligencia de ratificación de escrito de desistimiento, que citó en su misiva, documental pública que goza de valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo. Ante ello, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos, con la sentencia de amparo, pues en el caso, la autoridad responsable decretó el desistimiento en perjuicio de Enrique Ordaz Celaya, de la demanda incidental entablada en contra de la aquí quejosa Rosalía Pedroza Contreras, relativo a la reducción de pensión alimenticia, determinando que las cosas volvían al estado que tenían antes de la presentación de la misma, circunstancia que impidió que la referida Juez diera cumplimiento a cabalidad los puntos establecidos en el fallo protector pronunciado por la superioridad. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta, signados por la Juez de lo Familiar, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, sin que recaiga mayor acuerdo, toda vez que en proveído de doce de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el ocurso que citan, acordándose lo procedente. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Familiar con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por los que en cumplimiento al fallo protector, informa que del resultado de las gestiones realizadas se tuvo al actor incidentista Enrique Ordaz Celaya, ratificando su escrito de veinte de enero de la presente anualidad, por el que manifestó no ser su deseo continuar con el trámite del incidente planteado por las razones ahí expuestas; por lo que en diligencia de tres de febrero del año en curso, se consideró al citado actor desistiéndose en su perjuicio de la demanda incidental entablada contra Rosalía Pedroza Contreras, relativo a la reducción de pensión alimenticia que promovió en vía incidental, por lo que declaró que las cosas volvían al estado que tenían antes de la presentación de la misma, ordenando archivar dicho incidente como asunto totalmente concluido; justificando su dicho con las copias certificadas que anexa a sus respectivos oficios. Con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente a la quejosa.
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