Rosalia Santos Reyes
Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosalia Santos Reyes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito signado por ********************, en atención a su contenido, se le tiene por desahogada la prevención formulada mediante proveído de diez de agosto del año en curso. Ahora bien, del ocurso que ahora se provee, se advierte que la quejosa señala que el acto reclamado consiste en el auto de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó parcialmente la demanda presentada ante el Tercer Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Veracruz. DESECHAMIENTO Acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). Al respecto, se precisa que el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, el promovente, señala como acto reclamado el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó parcialmente la demanda promovida ante el Tercer Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Veracruz. En el caso, quien esto suscribe estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiendo por estos, los que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como la vida, la salud, la libertad, etcétera. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, destacó lo siguiente: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, respecto de las determinaciones en las que las autoridades jurisdiccionales desechan de manera parcial la demanda, diversos órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los Plenos Regionales (antes Plenos de Circuito), han sostenido que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento parcial de la demanda, al no ser dicha determinación un acto de imposible reparación, dado que la afectación que genera el desechamiento se encuentra vinculado con los derechos procesales de la parte actora y, en esa medida, debe reclamarse como violación procesal al promover el juicio de amparo en la vía directa. A guisa de ejemplo, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.III.A. J/8 A (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro digital 2024106, libro 9, enero de 2022, tomo III, página 2290, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en sentido opuesto sobre la naturaleza del acuerdo que desecha parcialmente una demanda de nulidad y si en su contra es procedente el juicio de amparo indirecto, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues mientras uno de ellos sostuvo que es un acto de imposible reparación, al afectar de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la justicia del quejoso, dado que los actos que fueron materia del desechamiento ya no podrán formar parte de la litis, ni ese perjuicio podrá ser reparado de obtener una sentencia favorable, el otro resolvió que ese acuerdo no afecta de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, pues si bien tiene impacto en el desarrollo del proceso en tanto que los actos o autoridades respecto de los que no se admitió la demanda no serán materia del juicio, la verdad es que esa afectación se encuentra vinculada a los derechos procesales del actor y, en esa medida, debe reclamarse como violación procesal al promover el juicio de amparo en la vía directa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acuerdo por el que se desecha parcialmente una demanda de nulidad, al no revestir una ejecución irreparable, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación", es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; por ende, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre estas bases, se concluye que el desechamiento parcial de la demanda de nulidad, por sí mismo, no afecta algún derecho sustantivo del quejoso, como a la vida, a la libertad, a las propiedades o posesiones, sino que sólo surte efectos procesales, y si bien pudiera sostenerse que atenta contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, por impedir que la secuela procedimental y el resultado final se den de forma completa e íntegra, esas alegadas violaciones no trascienden más allá de lo puramente procesal, es decir, por más que esos derechos no pudieran reputarse estrictamente de naturaleza adjetiva, sino también sustantiva, finalmente lo importante es que su alegada afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que son parte y, en esa medida, pueden repararse o extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso, si se combaten como violación procesal en la vía directa y se concede el amparo solicitado, pues se dejaría insubsistente el acuerdo de desechamiento y se admitiría la demanda en su totalidad; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.), sustentada por el diverso Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, registro digital 2023042, libro 85, abril de 2021, tomo II, página 1558, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." Sobre esa base, si en el caso el acto reclamado consiste en el auto a través del cual la responsable determinó desechar parcialmente la demanda promovida por la quejosa ********************; quien este suscribe considera que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, puesto que sus consecuencias no afectan de manera directa algún derecho sustantivo del gobernado, como la vida, la libertad, la propiedad; de tal suerte que esa afectación, o sus efectos, en la realidad no se destruyen con el sólo hecho de que se obtenga sentencia definitiva favorable, por haberse consumado irreversiblemente. En el caso, las consecuencias del acto reclamado, en el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por la ahora quejosa ante la autoridad responsable, no son de imposible reparación, al no afectar de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, consagrados en la constitución, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, pues esa afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que son parte y, en esa medida, pueden repararse o extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso; pues si se combaten como violación procesal en la vía directa y se concede el amparo solicitado, se dejaría insubsistente el acuerdo de desechamiento y se admitiría la demanda en su totalidad; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio de origen. En ese orden de ideas, si bien el desechamiento parcial puede implicar una afectación a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, por impedir que la secuela procedimental y el resultado final se dé en forma completa e íntegra en los términos de la totalidad del aquí acto reclamado por ********************, lo cierto es que esa afectación no trasciende más allá de lo puramente procesal, debido a que por más que esos derechos no pudieran reputarse estrictamente de naturaleza adjetiva, sino también sustantiva; finalmente lo importante es que su alegada afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que es parte y, en esa medida, puede repararse o extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si se combate como violación procesal en la vía directa en el momento procesal oportuno. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Notifíquese vía electrónica a la promovente y háganse las anotaciones respectivas. ..
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Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de derechos fundamentales con siete copias y un anexo, presentada por Rosalía Santos Reyes, propio de derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 754/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo... En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III y 114, fracción II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Rosalía Santos Reyes, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para la autoridad responsable, parte tercero interesada y fiscal del ministerio público federal adscrita, cumpla con lo siguiente: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 754/2023-2 5 ??????????????? 1. Cuál es el acto o actos reclamados: a) Si se trata de la determinación emitida el veintitrés de junio de este año, emitida en el expediente 159/2023, del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual previo a admitir la demanda, previno con el fin de que exhibiera la resolución de negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, la solicitud de pensión respectiva; en caso afirmativo deberá señalar la fecha de notificación del acuerdo respectivo; y, b) O, del acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó parcialmente la demandada promovida ante el tribunal en mención. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo antes requerido en el plazo concedido para ello, así mismo de no acompañar las copias de su escrito aclaratorio como partes sean en el juicio, se tendrá por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales...Notifíquese...
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10-08-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 14-08-2023: ... Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de derechos fundamentales con siete copias y un anexo, presentada por Rosalía Santos Reyes, propio de derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 754/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo... En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III y 114, fracción II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Rosalía Santos Reyes, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para la autoridad responsable, parte tercero interesada y fiscal del ministerio público federal adscrita, cumpla con lo siguiente: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 754/2023-2 5 ??????????????? 1. Cuál es el acto o actos reclamados: a) Si se trata de la determinación emitida el veintitrés de junio de este año, emitida en el expediente 159/2023, del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual previo a admitir la demanda, previno con el fin de que exhibiera la resolución de negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, la solicitud de pensión respectiva; en caso afirmativo deberá señalar la fecha de notificación del acuerdo respectivo; y, b) O, del acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó parcialmente la demandada promovida ante el tribunal en mención. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo antes requerido en el plazo concedido para ello, así mismo de no acompañar las copias de su escrito aclaratorio como partes sean en el juicio, se tendrá por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales...Notifíquese...
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