Rosalia Roman Romero
Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Instituto de Pensiones del Estado, En Xalapa, Veracruz
- Rosalia Roman Romero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede de la que advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 569/2020-IV, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho, se desprende que reclama lo siguiente: ". la inconstitucional negativa de la autoridad responsable, a acordar y darle contestación a los recursos de inconformidad y de revocación interpuestos por la suscrita, realizados mediante escritos de fechas veinticinco de junio y diecinueve de mayo del dos mil veinte, ambos del presente año, con el sello debidamente impuesto por las autoridades responsables. Las consecuencias y efectos legales que se deriven del inconstitucional acto descrito en el punto que antecede."" Ahora bien, se advierte que la demanda carece de firma electrónica de la promovente, por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo... Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese tenor, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo...Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando la solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad de la gobernada para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, se tiene que el escrito de demanda presentado vía electrónica no se presentó mediante la firma electrónica vigente correspondiente de la parte quejosa Rosalía Román Romero, pues la misma no fue firmada en forma electrónica; por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada; de ahí que no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la quejosa de instar el juicio constitucional... Dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, SE DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21 DE OCTUBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Téngase por recibido el escrito de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 569/2020-IV, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho, se desprende que reclama lo siguiente: ". la inconstitucional negativa de la autoridad responsable, a acordar y darle contestación a los recursos de inconformidad y de revocación interpuestos por la suscrita, realizados mediante escritos de fechas veinticinco de junio y diecinueve de mayo del dos mil veinte, ambos del presente año, con el sello debidamente impuesto por las autoridades responsables. Las consecuencias y efectos legales que se deriven del inconstitucional acto descrito en el punto que antecede."" Ahora bien, se advierte que la demanda carece de firma electrónica de la promovente, por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo... Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese tenor, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo...Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando la solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad de la gobernada para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, se tiene que el escrito de demanda presentado vía electrónica no se presentó mediante la firma electrónica vigente correspondiente de la parte quejosa Rosalía Román Romero, pues la misma no fue firmada en forma electrónica; por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada; de ahí que no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la quejosa de instar el juicio constitucional... Dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, SE DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Rosalba Zamudio Martinez1156/2001
- Rosalía del Socorro Barragan Rivera223/2017
- Rosalia Figueroa Moctezuma67/2013
- Rosalia Malpica Mancera338/2006
- Rosalia Olivares Campos404/2016
- Rosalia Olivares Campos1073/2014
- Rosalia Roman Romero700/2020
- Rosalia Rosas Romero278/2017
- Rosalia Rosas Romero233/2016
- Rosalia Rosas Silva246/2015
- Rosalía Sánchez Zagal555/2022
- Rosalia Santos Reyes754/2023