Rosalia Roman Romero
Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Instituto de Pensiones del Estado, En Xalapa, Veracruz
- Rosalia Roman Romero
Actuaciones
- Principal
...Por tanto, al levantarse el doce de enero de dos mil veintiuno la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el dos de febrero de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSO EL AUTO DE 08-12-2020, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 09-12-2020: .. ...DESECHAMIENTO: De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho, se desprende que reclama del Instituto de Pensiones del Estado, con residencia en Veracruz lo siguiente: "1.- La Inconstitucionalidad negativa de la autoridad responsable, a acordar y darle contestación a de (sic) revocación interpuesto por la suscrita, realizados mediante escritos de fecha 19 de mayo y 17 de agosto ambos del 2020, con el sello debidameimpuesto por la autoridad responsable. 2.- Las consecuencias y efectos legales que se deriven del inconstitucional acto descrito en el punto que antecede." Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, en primer término cabe precisar que un motivo de la improcedencia es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, deriva del contenido de la demanda de amparo, lo cual se corrobora con las constancias del juicio de origen que obran en autos. Mientras que se dice que es indudable, ya que la determinación de improcedencia no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, quien esto suscribe estima que en el caso se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, en principio, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." Por su parte, el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XX, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Las disposiciones constitucional y legal transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que, para acudir a él, es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan, que puedan tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado. En ese tenor, del escrito de demanda y de las constancias que obran en el presente sumario constitucional se advierte que Rosalía Román Romero reclama del Instituto de Pensiones del Estado, con residencia en Veracruz, la omisión de dictar y notificarle el acuerdo relativo a la resolución que le recae a su escrito de revocación presentado el diecinueve de mayo del año en curso y el diverso escrito mediante el cual desahogó la prevención efectuada presentado el diecisiete de agosto del presente año; omisión contra la cual procede el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280, fracción IV, en relación con el 273, ambos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. En efecto, el acto en estudio puede ser atacado para obtener la modificación, revocación o nulificación, mediante un medio ordinario de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, el juicio contencioso administrativo previsto en el numeral 280 fracción IV, en relación con los diverso 270, todos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que disponen lo siguiente: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; Artículo 270. El superior jerárquico, una vez recibido el recurso, le solicitará al inferior un informe sobre el asunto y la remisión del expediente respectivo, lo cual deberá cumplir en un plazo de tres días. El superior jerárquico emitirá acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción del informe, lo cual deberá notificarse personalmente al recurrente." De los preceptos antes reproducidos se advierte que la autoridad responsable ante quien se presentó el recurso de revocación, cuya omisión de dictar la resolución que reclama el quejoso, una vez recibido dicho medio de impugnación debió requerir a su inferior jerárquico, para que rindiera el informe correspondiente, lo que debía realizar en un plazo de tres días. Seguidamente, debía pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción del informe. Proveído que debe notificarse personalmente al recurrente (aquí promovente) lo que ocurrió en la especie. Por su parte, el juicio contencioso administrativo procede en contra de los actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad. En ese contexto es claro que el aquí quejoso se encontraba en aptitud de impugnar a través el juicio contencioso administrativo la omisión aquí combatida. En el caso concreto se observa que la peticionario de amparo el diecinueve de mayo del año en curso, interpuso recurso de revocación ante la autoridad aquí señalada como responsable, en contra del oficio y/o acuerdo número 98883 de treinta y uno de enero del año en curso, mediante el cual se le otorgó a la promovente una jubilación por invalidez de un cincuenta por ciento (50%) de sus percepciones como docente de la Secretaría de Educación de Veracruz, adscrita en el "Telebachillerato Tlalixcoyan", en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, mismo que al admitirse, se previno a la promovente para que adjuntara los medios de prueba, por lo que mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, desahogó la prevención, sin que a la fecha ésta haya emitido resolución respecto al referido recurso de revocación número EJ/RV/005/2020, constituyendo ello la omisión reclamada en el presente juicio. Sin embargo, de los numerales preinsertos se colige que el juicio contencioso administrativo es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones confirmadas ante el silencio de la autoridad (negativa ficta). Bajo ese contexto, es de concluirse que el quejoso no impugnó el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de revocación presentado el diecinueve de mayo pasado, interpuesto en contra del oficio 98883 de treinta y uno de enero de esta anualidad, por tanto, resulta indispensable que el impetrante, previamente a la promoción del presente controvertido, debió interponer en contra la citada omisión, el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual podía obtener su revocación, modificación o nulificación, por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que en la especie no se acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; con lo que se actualiza en forma manifiesta la causal de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Es de mencionarse que en la especie no se advierte alguna excepción a ese principio de definitividad que lo eximiera de enderezar el presente juicio constitucional, pues el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta, y por autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isaac Lagunés García, Miguel Alejandro Quevedo Márquez y Patricia Martínez Cisneros, ya que acredita(n) estar legalmente facultado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Por otra parte, se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) responsable (s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
- Principal
...DESECHAMIENTO: De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho, se desprende que reclama del Instituto de Pensiones del Estado, con residencia en Veracruz lo siguiente: "1.- La Inconstitucionalidad negativa de la autoridad responsable, a acordar y darle contestación a de (sic) revocación interpuesto por la suscrita, realizados mediante escritos de fecha 19 de mayo y 17 de agosto ambos del 2020, con el sello debidameimpuesto por la autoridad responsable. 2.- Las consecuencias y efectos legales que se deriven del inconstitucional acto descrito en el punto que antecede." Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, en primer término cabe precisar que un motivo de la improcedencia es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, deriva del contenido de la demanda de amparo, lo cual se corrobora con las constancias del juicio de origen que obran en autos. Mientras que se dice que es indudable, ya que la determinación de improcedencia no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, quien esto suscribe estima que en el caso se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, en principio, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." Por su parte, el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XX, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Las disposiciones constitucional y legal transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que, para acudir a él, es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan, que puedan tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado. En ese tenor, del escrito de demanda y de las constancias que obran en el presente sumario constitucional se advierte que Rosalía Román Romero reclama del Instituto de Pensiones del Estado, con residencia en Veracruz, la omisión de dictar y notificarle el acuerdo relativo a la resolución que le recae a su escrito de revocación presentado el diecinueve de mayo del año en curso y el diverso escrito mediante el cual desahogó la prevención efectuada presentado el diecisiete de agosto del presente año; omisión contra la cual procede el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280, fracción IV, en relación con el 273, ambos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. En efecto, el acto en estudio puede ser atacado para obtener la modificación, revocación o nulificación, mediante un medio ordinario de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, el juicio contencioso administrativo previsto en el numeral 280 fracción IV, en relación con los diverso 270, todos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que disponen lo siguiente: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; Artículo 270. El superior jerárquico, una vez recibido el recurso, le solicitará al inferior un informe sobre el asunto y la remisión del expediente respectivo, lo cual deberá cumplir en un plazo de tres días. El superior jerárquico emitirá acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción del informe, lo cual deberá notificarse personalmente al recurrente." De los preceptos antes reproducidos se advierte que la autoridad responsable ante quien se presentó el recurso de revocación, cuya omisión de dictar la resolución que reclama el quejoso, una vez recibido dicho medio de impugnación debió requerir a su inferior jerárquico, para que rindiera el informe correspondiente, lo que debía realizar en un plazo de tres días. Seguidamente, debía pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción del informe. Proveído que debe notificarse personalmente al recurrente (aquí promovente) lo que ocurrió en la especie. Por su parte, el juicio contencioso administrativo procede en contra de los actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad. En ese contexto es claro que el aquí quejoso se encontraba en aptitud de impugnar a través el juicio contencioso administrativo la omisión aquí combatida. En el caso concreto se observa que la peticionario de amparo el diecinueve de mayo del año en curso, interpuso recurso de revocación ante la autoridad aquí señalada como responsable, en contra del oficio y/o acuerdo número 98883 de treinta y uno de enero del año en curso, mediante el cual se le otorgó a la promovente una jubilación por invalidez de un cincuenta por ciento (50%) de sus percepciones como docente de la Secretaría de Educación de Veracruz, adscrita en el "Telebachillerato Tlalixcoyan", en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, mismo que al admitirse, se previno a la promovente para que adjuntara los medios de prueba, por lo que mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, desahogó la prevención, sin que a la fecha ésta haya emitido resolución respecto al referido recurso de revocación número EJ/RV/005/2020, constituyendo ello la omisión reclamada en el presente juicio. Sin embargo, de los numerales preinsertos se colige que el juicio contencioso administrativo es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones confirmadas ante el silencio de la autoridad (negativa ficta). Bajo ese contexto, es de concluirse que el quejoso no impugnó el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de revocación presentado el diecinueve de mayo pasado, interpuesto en contra del oficio 98883 de treinta y uno de enero de esta anualidad, por tanto, resulta indispensable que el impetrante, previamente a la promoción del presente controvertido, debió interponer en contra la citada omisión, el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual podía obtener su revocación, modificación o nulificación, por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que en la especie no se acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; con lo que se actualiza en forma manifiesta la causal de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Es de mencionarse que en la especie no se advierte alguna excepción a ese principio de definitividad que lo eximiera de enderezar el presente juicio constitucional, pues el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Rosalía Román Romero, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta, y por autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isaac Lagunés García, Miguel Alejandro Quevedo Márquez y Patricia Martínez Cisneros, ya que acredita(n) estar legalmente facultado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Por otra parte, se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) responsable (s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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