Rosalba Espino Álvarez
Expediente 2867/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2867/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2020
Partes del expediente
- ROSALBA ESPINO ÁLVAREZ y Otros.
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Rosalba Espino Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que, mediante oficio y anexo signados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Consecuentemente, por auto de cuatro de agosto de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que a la data en que se actúa, hubiere realizado alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintidós de enero del año actual, se aprecia que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos adicionales calculados en función del primero, consistentes en fomento a la educación, asistencia social y la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizado con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa por dicho concepto, acreditadas mediante las impresiones de los formatos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, calculados en función del monto pagado por inscripción de documento público; en consecuencia, deberá hacer la devolución de las erogaciones que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos en relación a los pagos que efectuó la parte quejosa, sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el presente como en el futuro; y, B) Devolverle a la quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos, moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado e impuestos adicionales; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por el ente responsable el tres de agosto del año en curso, informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio transferencia electrónica el veintitrés de marzo del presente año, por la cantidad de $14,029.25 (catorce mil veintinueve pesos, con veinticinco centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora si al monto de $15, 274.80 (quince mil doscientos setenta y cuatro pesos, con ochenta centavos, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar esto es $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción efectuada por la parte quejosa, así como, los $5.00 (cinco pesos, moneda nacional), por concepto de la comisión bancaria, además, $280.00 (doscientos pesos, moneda nacional), por cuanto hace al pago por inscripción de préstamo hipotecario y $1,084.66 (mil ochenta y cuatro pesos, con sesenta y seis centavos, moneda nacional), erogados para el registro de inscripción de poderes de cualquier clase. Cantidades que no fueron materia de la concesión, nos da como resultado la cantidad de $13,615.14 (trece mil seiscientos quince pesos, con catorce centavos, moneda nacional). Numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de noviembre del año pasado y en el veintitrés de marzo del año en curso, la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada mediante transferencia electrónica, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de octubre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en curso, entre el índice para el mes de febrero del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue 104.503; y para el mes de febrero del año en curso de 106.889 y de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene que el factor de actualización de las contribuciones erogadas es: 1.022831880424485. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $13,925.99 (trece mil novecientos veinticinco pesos, con noventa y nueve centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $310.85 (trecientos diez pesos con ochenta y cinco centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $13,925.99 (trece mil novecientos veinticinco pesos con noventa y nueve centavos, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $14,029.25 (catorce mil veintinueve pesos, con veinticinco centavos, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $103.26 (ciento tres pesos, con veintiséis centavos, moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $14,029.25 (catorce mil veintinueve pesos, con veinticinco centavos, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado presentado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa haber dado cumplimiento total al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo adjunto, así como los diversos recibidos en este juzgado el once de noviembre y seis de diciembre (fojas 72 a 73 y 75 a 76, respectivamente), para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual, en atención al proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 72 a 73), realiza diversas manifestaciones y pretende ampliar su demanda de garantías en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, de conformidad con el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que se precisan en el ocurso de mérito. Luego, respecto de la ampliación de demanda, se advierte que la peticionaria del amparo en el apartado relativo a las autoridades responsables y acto reclamado: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Como Ordenadoras: a) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic, Nayarit C.P. 63130 b) DELEGADO ESTATAL NAYARIT DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic, Nayarit C.P. 63130 c) SUBDELEGADO TEPIC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO. SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DELEGACION ESTATAL NAYARIT con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic, Nayarit C.P. 63130 d) CONSEJO TECNICO DE LA SUBDELEGACION TEPIC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic, Nayarit C.P.63130. 2. Como Autoridades Ejecutoras: a) DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA SUBDELEGACION TEPIC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic, Nayarit C.P. 63130 b) COORDINADOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA SUBDELEGACION TEPIC DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic. Nayarit C.P. 63130 c) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SUBDELEGACION TEPIC, con domicilio en Calzada Ejercito Nacional número 14, colonia Fray Junipero Serra en la ciudad de Tepic. Nayarit C.P. 63130" "ACTOS RECLAMADOS: 1. De las autoridades Ordenadoras Reclamo, la inequidad con la que se le otorgo la prestación de la Pensión Alimenticia a la C. MARIA SANTOS BERNAL PASOS, sin acreditar debidamente su calidad de concubina el finado PEDRO VEGA LLANOS, en perjuicio de la suscrita Quejosa, quien de manera basta y suficiente acredita al momento de la solicitud de la prestación de Pensión por Viudez y en el presente Juicio de Garantías el concubinato que ejercí durante 60 años con el finado PEDRO VEGA LLANOS, por lo que de manera justa reclamo a las autoridades Responsables, la Prestación de pensión por Viudez a la que tengo Derecho de conformidad con las leyes en la materia y que de manera falaz me ha sido negada por dichas autoridades y los órganos ejecutores que la representan. 2. De las Autoridades Ejecutoras Reclame lo siguiente: a. Con fecha 26 veintiséis de Julio del 2019 dos mil diecinueve me fue notificado el oficio número 1991013330100/3716/2019 por parte del Instituto mexicano del Seguro Social través del titular de la Jefatura de Pensiones en donde se me comunica que a partir del día 16 de Julio de 2019 que es la fecha en que se expide dicho documento, las Autoridades Responsables de manera injusta declaran improcedente mi tramite de la solicitud de prestación por viudez y en el acto se realiza la devolución, sin más análisis que el argumento que con la misma fecha existe otra persona que solicita dicha prestación, si realizar un estudio adecuado de las circunstancias y constatando la personalidad y veracidad de la información con las que se ostenta tanto la otra persona de nombre MARIA SANTOS BERNAL PAZOS y la suscrita, documento que es plenamente violatorio de mis derechos constitucionales ya que al tratarse de un acto administrativo emitido por un organismo descentralizado del Estado, dicho documento u oficio debió cumplir con los requisitos que al efecto señala el numeral 38 del, Código Fiscal de la Federación, así como los contemplados en el artículo 16 de nuestra Carta magna, ya que se violan flagrantemente mis derechos ya que, el documento que primeramente combato (en el que se declare la improcedencia de mi solicitud presentada por la suscrita Quejosa para el derecho que tengo que se me otorgue una pensión por Viudez), carece dentro de su cuerpo de debida Motivación y fundamentación, por lo que dicho oficio número 1991013330100/3716/2019 en el que se declare la improcedencia de mi solicitud de pensión por viudez es completamente violatorio de mis Derechos de Legalidad, de Debido Proceso y Estricto Derecho, ya que no reúne los requisitos que de conformidad con la Ley debe cumplir todo acto administrativo, situación que la Autoridad Responsable fuera del tiempo que le fue concedido pretende subsanar, con argumentos plenamente falsos pues supone que dicha improcedencia se da al haberse presentado dos concubinas a reclamar dicho derecho, sin mayor análisis que el dicho de las mismas, y concediendo únicamente al a C. MARIA SANTOS BERNAL PASOS, el goce de dicha prestación en perjuicio de la suscrita quejosa. b. Reclamo También mis derechos fundamentales de igualdad, protección de la familia y la garantía de seguridad social, para proteger a los trabajadores y a sus familiares en caso de muerte, mismos que consagra el artículo 123 Constitucional, y que la autoridad responsable con falsos argumentos pretende negarme ese Derecho Humano y constitucional, por lo que, también reclamo que no existe fundamento legal, que se sobreponga a la Ley Suprema del Estado Mexicano, con el que las Autoridades Responsables nieguen el derecho que tengo a Recibir la Pensión por Viudez. c. Reclamo además el ilegal acto por el cual las autoridades Responsables le otorgaron la prestación de pensión por viudez como concubina de mi finado esposo el c. Pedro vega llanos a la C. MARIA SANTOS BERNAL PASOS, una vez declarado improcedente mi tramite de solicitud -de pensión por viudez de fecha 9 de julio de 2019, a consecuencia de que, con la misma fecha existe otra solicitud de pensión por viudez del mismo finado que fue presentada por la C. MARIA SANTOS BERNAL PASOS, pero que, la anterior actualmente disfruta de la prestación de pensión por viudez, en perjuicio de la suscrita quejosa, vulnerándose de manera flagrante mis derechos constitucionales y derechos fundamentales de equidad, igualdad ante la ley, debido proceso, legalidad y justicia, ya que de manera inequitativa y sin estar apegada a los ordenamientos Legales, la autoridad responsable, determine otorgarle de manera unilateral sin respetar el debido proceso a la C. MARIA SANTOS BERNAL PASOS la prestación de pensión por viudez referida anteriormente.." De lo antes transcrito, así como de las constancias del juicio de garantías que nos ocupa, resulta improcedente la ampliación de demanda que promueve la parte quejosa por las razones que a continuación se expresan. En primer orden debe decirse que la ampliación de una demanda de garantías puede solicitarse únicamente en dos momentos procesales, a saber: Cuando dicha ampliación se presenta dentro del plazo con que se cuenta para presentar la demanda de garantías; o bien, Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en el cual, la demanda deberá presentarse de conformidad con los plazos mencionados en el numeral 117 de la legislación en comento. Sobre el particular, cobran aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, Tomo XVII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.- La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, del estado de autos se advierte que la quejosa en su demanda inicial señaló como acto reclamado la emisión del oficio 1991013330100/3716/2019 en el que se determinó que su solicitud era improcedente, porque no le asistía el derecho a fin de que se le otorgara una pensión por viudez, respeto del cual aduce falta de fundamentación y motivación; luego, el Titular de la Subdelegación Tepic del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Nayarit, en representación del Departamento de Pensiones, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación se desprende que complementó en los aspectos de fundamentación y motivación el acto reclamado. En razón de lo anterior, en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 72 a 73), se dio vista a la quejosa y se le corrió traslado con dicho informe, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y en su caso, precisara si ampliaba su demanda respecto al contenido de dicha contestación; sin embargo, el acto reclamado en el libelo mediante el que se pretende ampliar consistente en el otorgamiento de pensión por viudez a María Santos Bernal Pasos, no guarda estrecha relación con la referida contestación, de ahí que se concluya, que no son actos vinculados entre sí y por tal razón, no es procedente ampliar su demanda de garantías. Esto es, del escrito de cuenta presentado por la parte quejosa se advierte que el acto por el que pretende ampliar su demanda resulta un acto autónomo e independiente. Por lo que, el acto que ahora se reclama no es una consecuencia del primer acto reclamado y, por ende, no se encuentra en el supuesto que señala el arábigo 111 de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente no admitir la ampliación de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.14o.T.2 K (10a.), emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito visible en la página mil trescientos treinta y cuatro, Libro cincuenta y seis, Tomo II, de julio de dos mil dieciocho, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que bajo el siguiente rubro y texto dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ampliar la demanda contra diversos actos si guardan "estrecha relación" con los inicialmente reclamados. A efecto de precisar el significado de dicha expresión, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el verbo "relacionar" tiene como sinónimo "vincular", que significa "atar o fundar algo a otra cosa"; por su parte, la palabra "estrecho" se define como "ajustado", que es lo que está en extremo unido. De lo anterior, se concluye que la expresión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa, por lo que si se traslada esa definición al requisito establecido en el artículo aludido, puede sostenerse que dos actos tienen "estrecha relación" entre sí, sin que sea limitativo, cuando 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. En todas esas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto o actos por los cuales pretende ampliarse y, permiten determinar, en cada caso, si es factible admitir la ampliación referida. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido, el ocurso de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta que a efecto de estar en condiciones de rendir sus informes justificado y previo, solicita le sea devueltos los autos originales que integran el juicio agrario agrario 978/2015, del índice del tribunal en mención, los cuales obran en un tomo, mismos que fueron remitidos a éste órgano jurisdiccional el cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 45 y 46). Al respecto, en obvio de mayores dilaciones, remítanse dichas actuaciones a la autoridad responsable de referencia, a efecto de que este en aptitud de rendir los informes de ley, requeridos por éste Juzgado Federal. Luego, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación en comento, por disposición expresa del precepto 2°, requiérase al ente responsable en cita para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación que se le haga del presente proveído, devuelva las constancias que integran el juicio agrario 978/2015, de su índice; pues las mismas resultan necesarias para resolver conforme a derecho corresponda el presente sumario. Apercibida que en caso de ser omisa, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "****.". Notifíquese.
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