Rosa Ortiz Pérez

Expediente 1566/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1566/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Rosa Ortiz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de doce de septiembre del año en curso (foja 185); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución emitida el cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 66 a 75), se sobreseyó en el presente juicio, por las razones y fundamentos ahí expresados. Ante ello, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron bajo el número 1004/2017, y por determinación de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 103 a 132), determinaron revocar la sentencia recurrida para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".procede conceder la Protección Federal solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realicen lo siguiente: Dejen insubsistente el oficio ISSO.018.300.302/576/2017, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. En su lugar, emitan otro en el que, al atender la petición de la quejosa Fabiola Pérez Gómez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Glenda Lizette, Leslie Anahí y Farid, todos de apellidos Celedón Pérez, a efecto de que les otorgue pensión por viudez y orfandad, respectivamente, con motivo del fallecimiento de Abacu Celedón Llanos, quien fuera esposo de la primera y padre de los segundos, se abstengan de aplicar el artículo 73 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 34 y 35 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, que exigía una cotización mínima de quince años para acceder a las pensiones de viudez y orfandad, entre otras y en su lugar, resuelvan sobre la solicitud planteada por la quejosa con base en las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete." De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consistía en dejar insubsistente el oficio ISSO.018.300.302/576/2017, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete y, en su lugar, emitir otro en el que al atender la petición de la parte quejosa, le otorgue pensión por viudez y orfandad, absteniéndose de aplicar el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado abrogada, con relación a los diversos 34 y 35 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE y, en su lugar resuelvan con base en las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete. Luego, por oficio recibido en este Juzgado Federal el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 142 a 143), las autoridades responsables Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit, ambos con residentes en esta ciudad, informaron en vías de cumplimiento al fallo protector, haber notificado a la parte quejosa por conducto de su autorizada el comunicado ISS.018.300.302.6.746/2019, de veinte de mayo de dos mil diecinueve (foja 143), por el que se dejó insubsistente el oficio ISSO.018.300.302/576/2017, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; asimismo, dejaron sin efecto la aplicación del ordinal 73 de la Ley del ISSSTE (anterior a la reforma) y el numeral 34 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE; del mismo modo, le comunicaron que se le concedería la pensión por viudez y orfandad solicitadas. De igual manera, con fecha dieciséis de septiembre del año en curso (fojas 178 a 180), se tuvo por recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el oficio sin número de once del mes y anualidad de previa mención, suscrito por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al fallo protector, remiten copia certificada de captura de pantalla del sistema digital de ese instituto denominado "SIPE", de las que se advierte que se otorgó a las quejosas la pensión por viudez y orfandad con número de pensionista 1712651, con efectos a partir del uno de octubre de la presente anualidad. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del ordinal 77 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, diez de agosto de dos mil dieciocho, así como el trece y veinte de agosto del año en curso (fojas 119 a 121 y 308 a 309 del Tomo I, 565 a 566 y 575 a 576 del Tomo II), signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de trece de agosto de la anualidad en cita, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 81 a 95, Tomo I), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para el efecto de que: "[.] las autoridades responsables Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la mismas, por tanto, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, de dieciséis de mayo de dos mil diez y deberán emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Finalmente, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior". Así, seguido el juicio por sus demás trámites legales el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, diez de agosto de dos mil dieciocho, así como el trece y veinte de agosto del año en curso (fojas 119 a 121 y 308 a 309 del Tomo I, 565 a 566 y 575 a 576 del Tomo II), manifestaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, de los que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el contenido de los artículos 20, fracción II y 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para efecto de darle un trato igual a aquel que señala la tabla contenida en el artículo 21 del referido ordenamiento para el caso de las mujeres; asimismo, se dejó insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicios que le fue otorgado el dieciséis de mayo de dos mil diez y en su lugar se emitió otro con fecha de diez de agosto del dos mil diecisiete; asimismo, el ocho de agosto de dos mil dieciocho y el doce de agosto de dos mil diecinueve, le realizaron el pago de diferencias generadas por concepto de modificación de dictamen a través de transferencia bancaria, por las cantidades de $211,218.95 y $53,768.70 pesos, respectivamente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa exhibió un legajo de copias simples de sus recibos de pago de nómina (foja 431, Tomo I), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el citado legajo; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por E******, autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual, solicita se dicte y se publique la resolución respectiva relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por ¨****** y otra, por su conducto, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1274/2018, cuya audiencia incidental fue celebrada el veintitrés de septiembre del año en curso; entonces, agréguese el libelo de cuenta en cuadernillo por separado que al efecto se forme, en virtud de que efectivamente en dicha fecha se celebró la audiencia incidental respectiva y se ordenó turnar para resolución la referida incidencia. Asimismo, indíquesele al promovente que la resolución a que hace referencia se emitirá tan luego lo permitan las cargas de trabajo de este Juzgado. Ello, atendiendo a que a la fecha continúa en estudio. En ese tenor, es oportuno precisar, que esta dilación no es contraria a derecho ni transgrede la pronta impartición de justicia, toda vez que tomando en consideración que para precisar el plazo razonable para la resolución de los asuntos debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. En ese sentido, se reitera que, el retardo en el dictado de la resolución correspondiente, constituye un elemento que debe tomarse en consideración al momento de determinar los plazos en que se tramiten y resuelvan los medios de impugnación sometidos a estudio, para concluir si existe o no una dilación procesal. En efecto, los elementos que deben de ponderarse al momento de establecer un plazo razonable, son los siguientes: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado; c) La conducta de la autoridad jurisdiccional, es decir las cargas de trabajo con qué cuenta; d) La afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto elementos tomados en consideración para poder emitir la resolución, que implica analizar el caso sometido a estudio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si lo solicitado resulta justificado o no. Apoya lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en el Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1569 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. .... Por último, una vez que se dicte la resolución agréguese el presente cuadernillo a sus autos, para que obre conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la apoderada de la parte quejosa no ha proporcionado diversos datos de los promventes del amparo, lo anterior, para estar en posibilidades de acatar la ejecutoria de amparo, no obstante de haber sido notificada para ello con anterioridad, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés de la agraviada; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Luego, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a los disidentes; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. Lo anterior, no obstante que la promovente informe que serán puestos nuevamente a disposición de la parte quejosa los cheques 0001306 y 0001307, valiosos por las cantidades de $5,356.29 (Cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional), cada uno. **

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