Rosalina Guerrero Meza

Expediente 742/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
742/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Rosalina Guerrero Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 139 a 141), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad (foja 155), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 59 a 75), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), que pagó el tres de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PER.RESTAURANTE BAR", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 11 y 53), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 11), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), que pagó el tres de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PER.RESTAURANTE BAR", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintinueve de enero del año en curso (fojas 119 a 121), el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa Rosalina Guerrero Meza y del que se advierte que devolvió la cantidad de $13,831.41 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 41/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante proveído de treinta de enero siguiente (fojas 122 y 123), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin el descuento de la comisión bancaria y la aludida actualización fiscal respectiva; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención a lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos el seis de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 141), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque por concepto de actualización y su entrega a la parte quejosa. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), menos $3.00 (tres pesos), que corresponden al cobro de la comisión bancaria, da como resultado un total de $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de abril de dos mil diecisiete y el cinco de septiembre de ese año, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de agosto de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año próximo pasado entre el índice para el mes de agosto de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de agosto de ese año de 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01130. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $13,985.07 (trece mil novecientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $156.26 (ciento cincuenta y seis pesos 26/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $13,916.44 (trece mil novecientos dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $13,985.07 (trece mil novecientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,916.44 (trece mil novecientos dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $68.63 (sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda un comprobante de depósito bancario en original (foja 11), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el citado documento; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido ***

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. MedianVista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 139 a 141), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente te proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad (foja 155), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 59 a 75), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), que pagó el tres de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PER.RESTAURANTE BAR", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 11 y 53), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 11), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), que pagó el tres de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PER.RESTAURANTE BAR", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintinueve de enero del año en curso (fojas 119 a 121), el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa Rosalina Guerrero Meza y del que se advierte que devolvió la cantidad de $13,831.41 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 41/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante proveído de treinta de enero siguiente (fojas 122 y 123), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada, pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin el descuento de la comisión bancaria y la aludida actualización fiscal respectiva; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención a lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos el seis de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 141), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque por concepto de actualización y su entrega a la parte quejosa. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,831.81 (trece mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), menos $3.00 (tres pesos), que corresponden al cobro de la comisión bancaria, da como resultado un total de $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de abril de dos mil diecisiete y el cinco de septiembre de ese año, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de agosto de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año próximo pasado entre el índice para el mes de agosto de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de agosto de ese año de 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01130. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $13,985.07 (trece mil novecientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $13,828.81 (trece mil ochocientos veintiocho pesos 81/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $156.26 (ciento cincuenta y seis pesos 26/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $13,916.44 (trece mil novecientos dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $13,985.07 (trece mil novecientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,916.44 (trece mil novecientos dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $68.63 (sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda un comprobante de depósito bancario en original (foja 11), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el citado documento; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido ***

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en atención al requerimiento de que fue objeto en proveído de siete de marzo del año en curso (foja 142), reitera que el período a considerar para la actualización es el del mes de abril del año pasado, fecha en que el quejoso erogó el pago, al mes de septiembre de dicha anualidad, en que generó el pago su representada; pues considerando que los valores reseñados en el auto de siete de marzo del año actual, antes referido, representaría un exceso de pago si fueran tomados como los idóneos en el presente juicio. En ese tenor, ténganse por formuladas las manifestaciones que realiza la autoridad oficiante y en virtud de que mediante oficio presentado el seis de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 141), indicó que realizó la entrega a la parte quejosa del cheque número 357, valioso por la cantidad de ********************con motivo de la actualización del pago de lo indebido; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en atención al requerimiento de que fue objeto en proveído de siete de marzo del año en curso (foja 142), reitera que el período a considerar para la actualización es el del mes de abril del año pasado, fecha en que el quejoso erogó el pago, al mes de septiembre de dicha anualidad, en que generó el pago su representada; pues considerando que los valores reseñados en el auto de siete de marzo del año actual, antes referido, representaría un exceso de pago si fueran tomados como los idóneos en el presente juicio. En ese tenor, ténganse por formuladas las manifestaciones que realiza la autoridad oficiante y en virtud de que mediante oficio presentado el seis de marzo de la presente anualidad (fojas 139 a 141), indicó que realizó la entrega a la parte quejosa del cheque número 357, valioso por la cantidad de ********************con motivo de la actualización del pago de lo indebido; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano