Rosalba Dela Cruz Flores
Expediente 1742/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosalba Dela Cruz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia y la Secretaria hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos; así como con el registro de oficialía de partes 16815, relativo al informe previo rendido por la Directora y el Director Contenciosos Adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, debiendo agregarse el mismo a los presentes autos incidentales. Así mismo la Secretaría informa que el GERENTE DE BANCOPPEL, no rindió su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificada, según consta del acuse de recibo correspondiente al oficio 26925/2023, mediante el cual se le solicitó lo rindiera. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por rendidos en tiempo y forma los informes previos de las autoridades responsables, para que sea tomado en consideración como corresponda; ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, celébrese la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el citado numeral 143 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas en su demanda de mérito, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no las ofrecieron ni los formularon; con lo que se cierran dicha etapa. Finalmente, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, la Jueza, procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo II-1742/2023, promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17, 22 y 31 Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de siete de noviembre del año en curso, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos y en este día, previo diferimiento se verificó la audiencia incidental, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 143, 144 y 146 de la Ley de Amparo, así como el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que el peticionario de amparo reclama, la orden de inmovilizar la cuenta bancaria 10008619625 de la Institución Bancaria BanCoppel y su notificación, cualquier determinación tendiente a desposeerle de los recursos en dicha cuenta, así como sus consecuencias. TERCERO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, por lo que respeta al GERENTE DE BANCOPPEL, este omitió rendir su informe previo empero obra en autos la piezas de acuse de recibo correspondiente, mediante el cuales se le solicitó; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se procederá presumir cierto el acto que se le reclama. La autoridad responsable Directora y el Director Contenciosos Adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, en su propio informe sostuvo que dicha negativa no vinculaba a autoridades jerárquicamente inferiores, por lo que al no contarse con mayores elementos, en virtud de la omisión de la autoridad señalada en párrafos previos y la presunción que generó, debe tenerse por cierto el acto únicamente para efectos de esta medida cautelar. Ahora bien, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, que hace consistir medularmente, en la orden de inmovilizar la cuenta bancaria 10008619625 de la Institución Bancaria BanCoppel y su notificación, cualquier determinación tendiente a desposeerle de los recursos en dicha cuenta, así como sus consecuencias; se niega la medida cautelar por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza del mismo, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la suspensión definitiva que se pronuncie en el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia registrada bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. " CUARTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, en relación con la medida cautelar solicitada en relación con los efectos y consecuencias, procede determinar si resulta procedente o no otorgar la suspensión definitiva para los efectos precisados con antelación. Por cuestión de técnica jurídica y conforme al criterio jurídico establecido en la tesis 2a.XXIII/2016(10a.), que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA" se deben justipreciar los requisitos siguientes: 1. Expresamente la solicite la parte quejosa; 2. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; 3. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Debe llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. El requisito marcado con el punto 1, está satisfecho, toda vez que la parte quejosa, solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados en su demanda de amparo y al efecto acreditó su interés suspensional en forma indiciaria con el estado de cuenta objeto de la medida que reclama. Por cuando hace al punto 2, tomando en consideración que los actos reclamados, cuyo efecto se solicita suspender; se encuentra acreditado con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad refirió la parte promovente, así como con la prueba ofrecidas en el consistente en la consulta de clave de bloqueo expedida por la institución bancaria. En relación con el punto 3, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados sí son susceptibles de ser suspendidos, en la medida en que irrogan efectos positivos susceptibles de ser suspendidos. Ahora en relación al punto 4 y 5, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128, la suspensión en el juicio de amparo, el análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho con relación a la afectación al interés social, los efectos y consecuencias que pudiera resentir la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados son mayores respecto de aquéllos que se le pudiera ocasionar, porque en el caso, se está en presencia de un acto de molestia derivado del embargo, congelamiento e inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, a consecuencia, de una orden emitida por las autoridades responsables. Robustece lo anterior, el hecho de que con una concesión de la medida cautelar no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, pues el congelamiento e inmovilización de la cuenta bancaria que se defienden, se originó por estar la quejosa en una lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero, lo que generaría por el contrario, un mayor perjuicio a la peticionaria del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia(s) Común, Tesis I.4o.A.11 K (10a.), en la página 1575, con número de registro 2002421, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Así como la jurisprudencia aplicada a contrario sensu, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, marzo de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Administrativa, visible en la página: 1856, de rubro y texto siguientes: "CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la facultad de emitir disposiciones de carácter general para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita; asimismo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera pondrá a disposición de las instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones, a efecto de que las instituciones de crédito adopten e implementen mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de esa lista, a cualquier tercero que actúe en su nombre o por su cuenta, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar; así como para que suspendan de forma inmediata tales actos, operaciones o servicios con dichos clientes o usuarios con la finalidad de prevenirlos y detectarlos. Ahora bien, si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de mandatos o comisiones, que sea cuentahabiente de una institución de crédito o utilice, al amparo de un contrato, los servicios prestados por la institución de crédito o realice operaciones con ésta, resulta que esa denominación comprende a los apoderados de las personas morales, porque a pesar de que en dicho supuesto no actúa en nombre propio, sino a través de un mandato, que es precisamente uno de los supuestos a través de los que se puede identificar a los clientes de las instituciones de crédito, según se indica en la 2a. disposición, fracción II, inciso a), de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009; lo que se corrobora porque las personas morales no son más que los medios o instrumentos para lograr ciertos fines, la mayoría de las veces de carácter económico, y tales fines no son sino los perseguidos por esas personas físicas, porque las personas morales o jurídicas se crean por la voluntad de una colectividad de personas físicas para propósitos específicos u objetivos comunes. De ahí que es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo promovido contra el bloqueo de cuentas bancarias de una persona moral que no se encuentra en la lista de personas bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí su apoderado, pues en el concepto de clientes de las instituciones de crédito se incluye cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de mandatos". Por lo tanto, al reunirse los requisitos aludidos, con fundamento en los artículos 128, 129 y 135 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva solicitada respecto de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que se levante dicho bloqueo y, el titular de dicha cuenta pueda acceder a los fondos contenidos en la misma. Determinación a la que se allega, tomando en consideración a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2019, en el cual, al resolver criterios discrepantes, derivados de asuntos similares, determinó que con la concesión de la suspensión para dichos efectos, no se depara un perjuicio al interés social ni se contravendrían disposiciones de orden público; lo anterior, puesto que como la Superioridad lo considero, hasta el momento en que se resuelve, únicamente se tiene conocimiento de que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó la cuenta en cuestión, sin tener datos sobre los motivos que suscitaron dicho bloqueo y, en consecuencia, no sería posible considerar a priori y en perjuicio del titular de la cuenta - que no podrá disponer de sus recursos económicos- que el levantamiento del bloqueo implicaría una contravención al interés social o una vulneración a disposiciones de orden público. Máxime que, la propia Segunda Sala ha determinado que el ejercicio de la citada facultad de inclusión de personas en la lista de bloqueo, no consiste en una sanción, sino que únicamente se trata de una medida cautelar de índole administrativa; y, que el despliegue de tal atribución no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, lo realiza para la protección del sistema financiero. Que será a partir de la información recabada el Ministerio Público que ésta podrá ejercer sus atribuciones, pero ello no se traduce en que la lista en sí misma sea de carácter penal, pues el acto emana de una autoridad administrativa para la protección del sistema financiero, con independencia de que eventualmente los datos puedan emplearse en la formulación de una denuncia. Por lo cual, al no existir datos suficientes que arrojen una contravención al interés social o a disposiciones de orden público, es que se concede la medida cautelar solicitada, para los efectos antes precisados. Lo anterior, siempre y cuando dicho bloqueo no obedezca a alguna medida ordenada con motivo del compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, ante solicitudes extranjeras para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva; para lo cual, al rendir los informes previos solicitados, las autoridades responsables deberán remitir la documentación correspondiente que así lo acredite que soporte la existencia de la petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/2019 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2019978, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, a página 1537, que a la literalidad señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. En la inteligencia, de que tampoco surtirá efectos la medida cautelar concedida, en el caso de que la orden de bloqueo de cuentas reclamadas obedezca a una determinación emitida por una autoridad diversa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, como lo podría ser en su caso, una autoridad ministerial, judicial, entre otras. Esta determinación surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que resulte necesario que la parte quejosa exhiba garantía alguna para su subsistencia, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la inexistencia de tercero alguno al que se le puedan ocasionar daños y perjuicios con motivo de la presente medida cautelar. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias del acto que reclama, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha el PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y el DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ambos con sede en la Ciudad de México, no ha rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Finalmente, a fin de evitar dilaciones, se ordena reexpedir vía correo electrónico los oficios 26923/2023 y 26924/2023 de siete de noviembre del año en curso, al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y el DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ambos con sede en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que del acuse de envió de estafeta de los oficios 26919/2023 y 26920/2023 de siete de noviembre del año en curso, dirigidos al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se advierte que estos fueron rechazados por las citadas autoridades. En tal virtud, para evitar mayores dilaciones, se ordena reexpedir los mismos vía correo electrónico: contencioso@cnbv.gob.mx, al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades; se provee: Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1742/2023-II; y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 52 Bis y 263 fracción II último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo modificado el siete de noviembre de dos mi veintidós, se privilegie el uso del expediente electrónico con el afán de apoyar el impulso tecnológico para un mejor acceso a la justicia. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto y documentales que adjuntó a su demanda de amparo, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, tal como lo solicita, procédase a cotejar tales documentales, para remitir a los cuadernos incidentales. Es aplicable la jurisprudencia que lleva por rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado pero con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a las persona mencionada en su demanda de amparo. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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