Rosalia Varguez Aquino

Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
371/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Rosalia Varguez Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ IGNACIO ALMAZÁN ARTEAGA, contra el acto que reclamó de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y cuatro, residente en esta ciudad de Mérida, Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número 371/2023-V. Previo a exponer lo conducente en relación con la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Precisado lo anterior, la parte impetrante del amparo señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y cuatro, residente en Mérida, Yucatán. ACTO RECLAMADO: La negativa por parte de la responsable de dar vista a la Fiscalía General de la República, por hechos posiblemente delictuosos, en el juicio agrario TUA 3-800/2022. Esto es, la agraviada reclama del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad de Mérida, el acuerdo de trece de febrero del año en curso, mediante el cual, negó dar vista a la Fiscalía General de la República por hechos posiblemente delictuosos, derivados de la integración de la demanda agraria TUA34-800/2022, pues la actora realizó dicha solicitud, con motivo de que advirtió que el apoderado legal de los demandados del juicio de origen, se desempeñó como secretario de acuerdos de dicho tribunal, por tanto, a decir de la quejosa, pudo tener acceso a diversa información privilegiada con el objeto de favorecer a sus representados. Al respecto, es preciso tener presente el contenido de la fracción XXIII, del artículo 61, así como 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I.- (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo narrado párrafos precedentes así como de los transcritos numerales se concluye, que la presente demanda de amparo es improcedente, pues el acto que se reclama de la responsable, esto es, la negativa de dar vista a la Fiscalía General de la República, por hechos posiblemente delictuosos, derivados del juicio agrario TUA 34-800/2022; no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues no se advierte que se vulnera algún derecho sustantivo como puede ser, la propiedad, posesión, o que se le hubiere negado algún recurso, etcétera, con mayor razón, cuando la promovente conserva incólume su derecho constitucional de acudir ante la representación social correspondiente, e interponer la denuncia y/o querella respectiva, por hechos constitutivos del antisocial que estima se actualiza inherentes al asunto de origen. En efecto, como se adelantó, el referido acto reclamado no conlleva una ejecución de imposible reparación tal como refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, como se dijo, al tratarse de una circunstancia emanada indirectamente de la prosecución de un juicio agrario, que no impacta algún derecho sustantivo de la agraviada; lo cual puede ser ventilado ante la representación social, mediante la denuncia y/o querella correspondiente . Pues dicha eventualidad, no impide que se continúe con el trámite del juicio natural en la etapa correspondiente, hasta el dictado de la sentencia, que incluso de serle favorable a la impetrante, borraría cualquier inquietud derivada de que el apoderado legal de los demandados, fungió en algún momento, como secretario de acuerdos del tribunal responsable, y por ello puede o pudo obtener información privilegiada en beneficio de sus patrocinados. Por ello, el acto aquí reclamado no trasciende la esfera jurídica de la quejosa, ya que conserva su derecho de acudir ante la autoridad ministerial correspondiente, y realizar la denuncia y/o querella respectiva, por los hechos que señala, incluso, existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate la impetrante de amparo, consistente en la negativa por parte de la responsable de dar vista a la Fiscalía General de la República, por hechos posiblemente delictuosos, derivado del juicio agrario TUA 34-800/2022, se concluye que dicho actuar constituye un acto que, en dado caso, afectarían derechos adjetivos, y por tanto, no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible o en extremo difícil reparación. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se concluye que la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como su autorizado, a ********************, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, ténganse como medios de contacto, el número telefónico y correo electrónico que proporciona. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la promovente, respecto del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su oficio de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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