Rosa Victoria Quijano Sánchez

Expediente 1891/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1891/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Pública del Estado
  • Rosa Victoria Quijano Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual rinde el respectivo informe justificado; sin realizar mayor pronunciamiento, dado que en auto de veintisiete de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el veinticuatro de noviembre del año en curso, de la cual se advierte que le notificó la directa quejosa********************, el contenido del proveído de esa misma fecha, quien ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por********************; en tal virtud, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes.********************Por otra parte, también se advierte de la lectura de la citada constancia actuarial, respecto a la directa quejosa******************** que no presentó lesiones, tal y como a la letra se transcribe de la razón de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar********************Por otro lado, toda vez que de la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, se aprecia que el quejoso ratificó su demanda y señaló como nueva autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, misma que ya fue notificada; por tanto, al tener participación la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, entonces, se tiene a la misma como nueva autoridad vinculada al cumplimiento de lo requerido en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************De igual forma, agréguense a estos autos los oficios signados por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante los cuales, rinden sus respectivos informes justificados y sobre la suspensión de plano y dan respuesta al requerimiento hecho el veinticuatro de los corrientes.********************Asimismo, téngase a las autoridades ocursantes informando que la quejosa ********************, fue puesta en libertad el veintiséis de noviembre del año en curso, y para acreditarlo remiten con las constancias que adjuntan las autoridades citadas en sus oficios de cuenta.********************Ahora bien, se trae a colación que mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, ********************, demando a favor de la directa quejosa ********************, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Fiscal General del Estado de Yucatán y de otras autoridades.********************Siendo que el peticionario de amparo reclamó la detención e incomunicación parte de las autoridades señaladas como responsables.********************En ese sentido, de las constancias de autos, como son los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la razón actuarial de veinticuatro de noviembre del año en curso, se desprende que no son ciertos los actos reclamados de incomunicación pues el Actuario de la adscripción localizó al quejoso en el área de separos de la Fiscalía General del Estado, tuvo comunicación con ella y las autoridades negaron ese acto.********************En tanto que, respecto a su detención, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado informó que la quejosa ********************, se encontraba detenida por hechos posiblemente delictuosos, ante dicha Unidad.********************Asimismo, se advierte que en los informes rendidos y constancias remitidas por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, la quejosa ********************, fue puesta en libertad el veintiséis de noviembre del año en curso.********************Circunstancias que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. ********************En tal virtud, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". ********************Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ********************Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la detención que realizaron en su contra el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, que dio origen a la carpeta de investigación radicada con el número ********************.********************Ahora bien, de los informes rendidos por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado y por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, señalaron que la quejosa ********************, fue puesta en libertad el veintiséis de noviembre del año en curso, lo que le notificaron ese día.********************Circunstancias que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. ********************Por tanto, con dicho acto cesaron los efectos de la detención reclamada, pues se destruyeron de forma total. ********************Además, se tiene que el citado proveído que decretó la libertad de veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, y su notificación de la misma data, se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. ********************Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta de la responsable cesó en sus efectos, el veintidós de los correintes en el que se notificó a la parte justiciable el acuerdo de esa fecha por medio del cual ordenó ponerlo en libertad. ********************Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".****************************************Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, por lo que hace a la inexistencia de la incomunicación y la fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal por lo que hace a la detención; y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.********************NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Pablo Humberto Escalante Molina a favor de ROSA VICTORIA QUIJANO SÁNCHEZ, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1891/2023-VIII Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA, a reserva de que sea ratificada y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otro lado, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, para que se constituya en los separos o cárcel a cargo de la autoridad responsable, o cualquier otro lugar en el que pueda encontrarse detenida o recluida la directa agraviada Rosa Victoria Quijano Sánchez, incluyendo el Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que al momento de la notificación, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo, y le requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo. Asimismo, instrúyase al aludido Actuario de la adscripción, para que en el acto de la ratificación de la demanda, de fe de las lesiones físicas que pudieren presentar la directa agraviada Rosa Victoria Quijano Sánchez, y le requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento, que de no ratificar la misma, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que en caso de que el directo quejoso se encuentre en libertad, se le deberá hacer la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda de amparo. De la revisión de la demanda, se advierte que en esencia el promovente reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, de los que afirma es objeto Rosa Victoria Quijano Sánchez, ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicada a la quejosa, así como de hacerla víctima de malos tratos, tortura, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de esta Juzgadora por lo que hace a su libertad personal. Igualmente, la concesión es para que se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este Juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados de la directa agraviada, a fin de que estén presentes al momento de dicha diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano; con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se les impondrá a las omisas una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Asimismo, toda vez que uno de los actos reclamados consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial conviene acotar que en el Estado, ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio y oral, por lo que se seguirán los lineamientos establecidos para estos casos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión del citado acto para el efecto de que, en el caso de que la detención de la directa quejosa haya sido efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dichas autoridades, entendiéndose por ello la puesta en libertad de la directa agraviada, o bien, ponerla a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la agraviada sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya llevado a cabo la detención de la quejosa, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el Registro de la Detención, pues los miembros de la policía que realicen la detención, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales se concede la suspensión solicitada para el efecto de que, en caso de que se trate de delito flagrante o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición a la agraviada, deberá examinar de inmediato las condiciones en que se realizó la legalidad de la detención, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o retención correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar su libertad o solicitar la celebración de la audiencia de control de la detención. En caso de que la detención de la parte quejosa obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o consignado ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictadas en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos los cuales son susceptibles de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la agraviada y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la directa agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por las autoridades señaladas como responsables; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tengan conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la directa agraviada, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. A efecto de velar porque la determinación que antecede tenga su más exacto cumplimiento, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario de guardia de este Juzgado, para que una vez que éste último notifique el presente acuerdo a la autoridad responsable respectiva, en el mismo acto de la diligencia, proceda a levantar acta pormenorizada del cumplimiento que a esta determinación realice la autoridad nombrada, a fin de verificar si la autoridad de referencia puso en LIBERTAD INMEDIATA a la directa quejosa, ya que como antes se señaló, el cumplimiento deberá ser inmediato, debiendo señalar la hora en que se cumplió esta determinación. Lo anterior, con el apercibimiento a las autoridades responsables, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el precitado numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para cumplirla. Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación a la detenida, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la directa quejosa ingresaron a la dependencia, a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la agraviada sea puesto a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, por no haber sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la impetrante de amparo. De igual forma, se hace saber a las responsables que el informe requerido sobre la suspensión de plano, también podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial, esto es, 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues esta Juzgadora se encuentra facultada para corregir la inexactitud del señalamiento del quejoso, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, el agraviado reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos del quejoso. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. De la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del usuario que proporciona "RodrigoZapata". Asimismo, dado que existe solicitud expresa para recibir notificaciones vía electrónica, en tal virtud, de conformidad con los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto por medio del usuario electrónico indicado en la demanda. Hágase lo anterior del conocimiento del analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Tómese nota de los correos electrónicos y domicilio que señala para oír y recibir notificaciones proporcionados por la parte quejosa señalados en su demanda de amparo, para el caso de que sean necesarios. De igual manera, téngase como sus autorizados a las personas que señala en su demanda de amparo, con las facultades que expresamente les confiere. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De igual manera, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, no procede la apertura del incidente de suspensión, toda vez que los actos reclamados en esta demanda encuadran en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión de plano. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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