Rosaicela Blanco Cruz
Expediente 495/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosaicela Blanco Cruz
- León Felipe Sánchez Baldo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual acusa recibo del oficio 837/2022 de trece de enero de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual acusa recibo del oficio 837/2022 de trece de enero de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito por un lado sobreseyó en el juicio, y por otro concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Corporativo Inmobiliario Aguimon, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos siguientes: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: a) Deje insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019; y, b) Emita una nueva en la que, dejando intocado lo que no fue materia de protección constitucional, prescinda de la consideración que aquí se estimó ilegal, relativa a que para la actualización del delito de fraude especifico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error y, posteriormente, con libertad de jurisdicción resuelva, conforme a derecho los agravios planteados, el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada, en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (Licenciada Verónica Portilla Suazo), en favor de los terceros interesados, ************ en el proceso penal 146/2019. (.)." Por tanto, la autoridad responsable, Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019; y, 2. Emitir una nueva en la que, dejando intocado lo que no fue materia de protección constitucional, prescindiera de considerar que para la actualización del delito de fraude específico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada, en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en favor de los aquí terceros interesados. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En acato a ello, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3966, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de diciembre siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto por la apoderada legal de la persona moral quejosa, Corporativo Inmobiliario Aguimon, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de no vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil diecinueve, pronunciado por la Juez de Control, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que -en principio- dejó intocado lo que no fue materia de protección constitucional; posteriormente, prescindió de considerar que para la actualización del delito de fraude específico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error, pues, dijo, "dicha hipótesis normativa es autónoma al fraude genérico donde sí se contempla dicho elemento subjetivo"; sin embargo, precisó que aun cuando se partiera de dicha premisa, los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía resultaban insuficientes para acreditar el hecho que se le endilga a los investigados; por ende, su probable intervención en el antisocial en cuestión. Luego, determinó confirmar el auto apelado. En ese entendido, este órgano jurisdiccional considera que se acataron los efectos precisados en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que presidiera de la consideración que se estimó ilegal en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado, se sobreseyó en el presente juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, ************; por lista al diverso tercero interesado ***************; y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados, por así estar ordenado en autos.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito por un lado sobreseyó en el juicio, y por otro concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Corporativo Inmobiliario Aguimon, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos siguientes: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: a) Deje insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019; y, b) Emita una nueva en la que, dejando intocado lo que no fue materia de protección constitucional, prescinda de la consideración que aquí se estimó ilegal, relativa a que para la actualización del delito de fraude especifico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error y, posteriormente, con libertad de jurisdicción resuelva, conforme a derecho los agravios planteados, el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada, en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (Licenciada Verónica Portilla Suazo), en favor de los terceros interesados, ************ en el proceso penal 146/2019. (.)." Por tanto, la autoridad responsable, Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019; y, 2. Emitir una nueva en la que, dejando intocado lo que no fue materia de protección constitucional, prescindiera de considerar que para la actualización del delito de fraude específico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho los agravios planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada, en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en favor de los aquí terceros interesados. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En acato a ello, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio 3966, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de diciembre siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, se advierte que mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca penal 1182/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto por la apoderada legal de la persona moral quejosa, Corporativo Inmobiliario Aguimon, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de no vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil diecinueve, pronunciado por la Juez de Control, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que -en principio- dejó intocado lo que no fue materia de protección constitucional; posteriormente, prescindió de considerar que para la actualización del delito de fraude específico, previsto en el artículo 217, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario demostrar el elemento subjetivo engaño o error, pues, dijo, "dicha hipótesis normativa es autónoma al fraude genérico donde sí se contempla dicho elemento subjetivo"; sin embargo, precisó que aun cuando se partiera de dicha premisa, los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía resultaban insuficientes para acreditar el hecho que se le endilga a los investigados; por ende, su probable intervención en el antisocial en cuestión. Luego, determinó confirmar el auto apelado. En ese entendido, este órgano jurisdiccional considera que se acataron los efectos precisados en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que presidiera de la consideración que se estimó ilegal en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado, se sobreseyó en el presente juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, ************; por lista al diverso tercero interesado ***************; y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados, por así estar ordenado en autos.
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