Rosa María Salomé Martínez Yañez
Expediente 308/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa María Salomé Martínez Yañez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de febrero de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Área de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, reexpídase el oficio 26576/2020 de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, a fin de que sea tenga conocimiento de su contenido. Cúmplase
- Principal
... reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz, lo siguiente: ? Decreto emitido por el Presidente de la República el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otras cosas, sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y su cumplimiento, especialmente, la orden para que se presente a trabajar en el área implementada para el tratamiento de pacientes con COVID 19, en lugar de la diversa a la que se encuentra adscrita (Unidad Familiar), en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz. ? La omisión de proporcionarle el equipo médico de seguridad sanitaria para la atención de pacientes con COVID 19. Sustenta su pretensión sobre la base de que es médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar de dicho Instituto. En ese entendido, si los actos reclamados derivan de la relación laboral que la parte quejosa tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien, en su calidad de patrón, pretende que colaborare para la "Unidad de Medicina Familiar", y que "rolaría" en la Unidad de Atención a Enfermedades Respiratorias, implementada para el tratamiento de pacientes con COVID 19, de dicho instituto; y es quien debe proporcionar el equipo médico de seguridad sanitaria para la atención de estos; entonces, la controversia tiene una naturaleza laboral, dado que se trata de garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Luego, al ser la relación entre la inconforme y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de naturaleza laboral, por tanto, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Cabe destacar que el si bien el precepto 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de la Materia, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, cuya funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al instruir a la impetrante trabajar en el área para la atención de determinados pacientes y no otorgarle el equipo médico de seguridad sanitaria para prevenir riesgos de contagio viral; no crea, modifica o extingue la situación jurídica de ésta en forma unilateral y obligatoria, sino que actúa como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos. En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, y 5º, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos????????? Mexicanos, se impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en el Decreto emitido por el Presidente de la República el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues al resultar improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, también lo es respecto de la disposición normativa aplicada, dado que éstos no pueden desvincularse. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento emitido, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, con número de registro 191311, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". También se invoca como apoyo la tesis VII.2o.T.2 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2861, Libro 43, Tomo IV, Junio de 2017, con número de registro 2014534, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 07, la cual no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto, en términos de la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1706, con el título y???????? subtítulo: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", debido a que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación". En consecuencia, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración, esto es, las nueve horas del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la pieza postal que devuelve el Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Córdoba, Veracruz, la cual contiene el 9826/2020, dirigidos a la autoridad responsable 2. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, a efecto de notificarle el auto de veintiocho de julio del año en curso, por el motivo que de la cubierta de la mencionada pieza postal se advierte. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el indicado oficio a la autoridad responsable 2. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Administración Postal, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, pues informa el trato que le dio al oficio 9826/2020, dirigido al 2. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, se dejan sin efectos el requerimiento y apercibimiento de multa decretado en el acuerdo veintiséis de octubre del presente año a la autoridad oficiante. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la diversa autoridad responsable, 2. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, aún no han rendido su informe justificado, ni en autos existe constancia alguna que acredite que haya recibido el oficio 9826/2020, de veintiocho de julio del año que transcurre, a través del cual se le solicita su informe. En consecuencia, requiérase al Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe a este juzgado el trato que le dio a la pieza postal 8946, de la factura 109 de treinta de julio del presente año, respecto del indicado oficio. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la cual se llevará a cabo por videoconferencia; misma que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. En ese entendido, se requiere al impetrante para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, proporcione un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo; en el entendido de que de no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Finalmente, resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable que ya rindió su informe justificado, para comunicarle el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp.Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10 a.), página 1253, del Libro XVI, correspondiente al mes de enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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