Rosa Muñoz Hernández

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Rosa Muñoz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de siete de marzo del año en curso, en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que hayan transcurridos tres años contados a partir de la presente fecha. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido cinco años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, y anexo que al mismo acompaña; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de febrero del año en curso, pues al efecto remite copia certificada de la sentencia dictada en el expediente 1998/2018-I, de su índice, así como de las constancias relativas a la sección de ejecución de la misma. En atención a que de dichas constancias se advierte que el seis de febrero del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento, respecto del bien inmueble ubicado en ************, con auxilio de la fuerza pública por parte del personal de la Secretaria de Seguridad Publica con delegación en Ciudad Mendoza, Veracruz, se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.) De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, lo cual en la especie ya aconteció. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita el contenido que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Por tanto, si en el caso el acto reclamado se hizo consistir en la negativa por parte de las autoridades responsables en prestar el auxilio y resguardo de la fuerza pública para llevar a cabo la orden de lanzamiento derivada del juicio ordinario civil ************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; y la diligencia de lanzamiento para cuya realización se pidió el auxilio de la fuerza pública, se llevó a cabo el seis de febrero del año en curso, respecto del bien inmueble ubicado en inmueble ubicado en ************, con auxilio de la fuerza pública por parte del personal de la Secretaria de Seguridad Publica con delegación en Ciudad Mendoza, Veracruz; entonces, con esta actuación cesó la negativa que se atribuye a las autoridades responsables, lo que restituye a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración; es decir, las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que la negativa por parte de las autoridades responsables en prestar el auxilio y resguardo de la fuerza pública para llevar a cabo la orden de lanzamiento aquí reclamada, deriva del juicio ordinario civil 1998/2018-I, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de la sentencia dictada en el citado expediente, así como de las constancias relativas a la sección de ejecución de la misma, ya que resultan necesarias para resolver este controvertido constitucional, o en su caso, manifieste la imposibilidad que le asiste para ello. Apercibida que en caso de no cumplir con lo ordenado por esta autoridad federal, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Delegado de Policía Estatal Región XVI, con residencia en Nogales, Veracruz, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE..

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