Rosa Pérez López
Expediente 486/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa Pérez López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de seis de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
En razón de que la parte quejosa ROSA PÉREZ LÓPEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el nueve de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Cumplimiento de prevención. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Rosa Pérez López, con el cumple con la prevención formulada en proveído de veinticinco de septiembre pasado, y al efecto este realizo siguiente precisiones: PRIMER.- bajo protesta de decir verdad que la fecha en que me fue notificada, se asienta en la contestación de la demanda 17 de julio de 2029 y con fecha 20 de agosto de 2019, solicite copias certificadas al Juzgado Primero de lo Civil y que la suscrita no las había recogido por varias circunstancias, por lo que me fueron entregadas 21 18 de septiembre de 2019, como se asienta al final del legajo pero por mi parte y por ninguna otra persona. Si manifiesto que el Juzgado segundo acepto una demanda fraudulenta, es porque esa demanda inicial de divorcio marcada con el número 287/2016, se inscribió en el Registro Público de la propiedad y fue con la finalidad de que no se fuera a realizar ningún trámite, hasta que el juicio hubiese terminado; la escritura tenía una anotación marginal y al presentarse dicha escritura ante el notario, se pudo percatar de que no se podía realizar ningún trámite antes de terminar el juicio, que se realizó esa medida precautoria, para garantizar los alimentos y la cantidad que corresponde a la suscrita de dicha casa. Desconozco la fecha del acuerdo reclamado. SEGUNDO.- si fui emplazada a dicho juicio, con fecha 9/07/19, se me emplazo como demandada, haciendo la aclaración de que en ningún momento se me consulto ni contrate de la venta de la casa, todo lo hicieron de forma fraudulenta y es evidente que di contestación a la demanda, manifestando que nada tenía que aceptar de la forma en que lo prepararon. TERCERO.- si acudí a la fecha de la audiencia de conciliación que fue señalada para el día 11 de septiembre a las 11:00 horas, que dicho sea de paso, ninguno de los contrarios se presentaron, solamente la suscrita. CUARTO.- En contra del auto admisorio interpuso algún recurso, no se interpuso ningún recurso. QUINTO.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el estado procesar del juicio 629/2019, se abrió el juicio a prueba 21 27 de septiembre de 2018. SEXTO.- Con fecha 1 de marzo de 2016, presente demanda de divorcio necesario en vía familiar, correspondiendo conocer al juzgado primero civil de primera instancia, tramitado bajo el expediente 287/2016, en donde se solicitaba una pensión alimenticia a favor de los dos hijos HUMBERTO LOPEZ PEREZ E ISIS ALEJANDRA LOPEZ PEREZ, que se encontraba estudiando en la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo el caso que solamente se otorgó en favor de HUMBERTO LOPEZ PEREZ, dicha pensión se decretó con fecha 29 de agosto de 2016 y por mese adelantados, sin embargo durante más de DOS AÑOS, a pesar de que solicitó al juzgado de autos, se requiriera al demandado para que pagara la pensión alimenticia, siempre existió una circunstancia provocada por el Juzgado, para no cumplir con su obligación; fue hasta que se dictó la sentencia de segunda instancia, dictada el 17 de septiembre de 2018, cuando inicio a cubrir algunas mensualidades, olvidándose de pagar las pensiones alimenticias RETROACTIVAS: haciendo la aclaración de que con un depósito de 26,000.00 manifestó que ya estaba pagada la totalidad de las pensiones; sin embargo a la fecha adeuda MAS DE CIEN MIL PESOS DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS y tiene por lo menos SIETE MENSUALIDADES que no ha depositado. Pero como el asunto no ha terminado, el embargo sigue vigente y por lo mismo, no estaba facultado HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ, para realizar para garantizar la pasión alimenticia y el porcentaje que le corresponde a la divorciante por la venta de la casa, que no debe ser en lo que la vendió, sino sobre precio real. SÉPTIMO.- en las constancias que se anexan, se encuentra detallada, es por ello que todo inicio con el divorcio y la pensión alimenticia fijada al divorciante, el 29 de agosto de 2016 y que a pesar de haberse asentado que serían por mensualidades adelantadas, por lo que el deudor hizo miles de marrullerías para no pagar, así pasó más de dos años y no realizo pago alguno, adeudando a la fecha más de CIEN MIL PESOS EN CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS y a pesar de no haberse agotado el procedimiento y la propiedad se encuentra embargada, EL DEUDOR ALIMENTISTA VENDE indebidamente la propiedad en 284,519 pesos, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00,100 M.N. cuando e valor del inmueble es de un MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS; operación que realizó para quedar insolvente y de esa manera evitar cumplir con sus obligaciones, por lo que realiza la venta de la casa, cometiendo el delito de INSOLVENCIA FRAUDULENTA, Articulo 223 del Código Penal para el Estado, que a la letra dice: A QUIEN SE COLOQUE EN ESTADO DE INSOLVENCIA, CON EL OBJETO DE ELUDIR LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, CON RESPECTO A SUS ACREEDORES, SE LE IMPONDRÁN DE SEIS MESES A TRES AÑOS DE PRISIÓN Y DE DOSCIENTOS A TRESCIENTOS DÍAS MULTA Octavo.- Manifiesto a Su Señoría que esta petición se asentó por error, por lo que la retiro, no es de su incumbencia. DESECHAMIENTO Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracciones V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Que afecten a personas extrañas; y 3. Que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de imposible reparación son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Para dar sustento a la anterior afirmación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: El auto que admitió a trámite la demanda 629/2019, del cual tuvo conocimiento el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, . Ahora, de un análisis integral del libelo inicial de demanda así como del escrito de cuenta, se advierte que, bajo protesta de decir verdad, realizo diversas manifestaciones, todas ella relacionadas con que el acto que se duele es la admisión de la demanda 629/2019, del índice del Juez Segundo de lo civil de esta ciudad, mismo del que fue notificada el nueve de julio del año en curso, asimismo refiere que si tuvo intervención procesal pues con fecha veinte de agosto del año en curso solicito copias del mismo, juicio que con fecha veintiuno de septiembre del año en curso se abrió a pruebas. De lo expuesto es factible concluir que el acto reclamado emerge dentro de la tramitación de un procedimiento civil. Es importante puntualizar que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ya se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a la que aludía la tesis aislada P.LVII/2004 antes mencionada. Lo cual quedó de manifiesto con la interpretación que del precepto citado realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Con ello quedó superada la figura de las violaciones de grado predominante o superior para ahora quedar supeditada la procedencia del amparo contra aquellos actos en juicio que produzcan una afectación a derechos sustantivos. Con motivo de la contradicción de tesis 377/2013 a la que se hizo referencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que es del rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)... La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar el auto que admita una demanda sería en todo caso el amparo directo en los términos de lo establecido por el artículo 171, fracción I y 172, fracción IIII, de la Ley de Amparo -previo el agotamiento de los medios de defensa ordinarios- y para el caso de que el fallo resulte adverso a sus intereses, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir; X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.). En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación, esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el base particular la parte quejosa reclama la resolución dictada el auto que admitió a trámite la demanda que origino el juicio 629/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, mismo que le fue notificado el diecisiete de julio de la presente anualidad, y que al veintiuno de septiembre pasado, se encontraba abierto a pruebas. En ese sentido, lo indispensable en el caso particular es determinar si los efectos de dichos acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa. Para lo cual deben tenerse en cuenta, en principio, que al haberse admitido a trámite dicha demanda, no es un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación en la realización de dicho acto -admisión de demanda-, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, existiendo la posibilidad de que se repare la violación que se hubiere cometido en el mismo para el caso de que el fallo definitivo resulte favorable a sus intereses. En cambio, si el fallo definitivo fuera contrario a los intereses de la quejosa y considera que se vulneran sus derechos con motivo de la admisión -como ocurre en el presente caso- tal violación puede hacerse valer en el amparo directo en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, donde podrá reclamar las violaciones a las leyes del si éstas trasciendan al resultado del fallo, acorde con las reglas de impugnación ordinario que resultan aplicables. En consecuencia, si los actos reclamados en mención no satisfacen la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente a junio de 1993, octava época, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). ... Por último, se cita en apoyo de lo expuesto, la jurisprudencia, visible a foja 59, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, de la octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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