Rosa Mendoza Artega

Expediente 396/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
396/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Rosa Mendoza Artega
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán
  • Hugo Alberto Moreno Concha, en cuanto albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Francisco Moreno Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, del expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Y, respecto del duplicado de este incidente, es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, por lo que, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y en consideración a que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, en el que se declaró que quedó cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales respectivos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio 1002/2022, de veinticinco de mayo del mismo año, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del diez al catorce de junio de la citada anualidad, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que ROSA MENDOZA ARTEAGA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos siguientes: Auto dictado el diecisiete de junio del dos mil veintiuno, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 438/1998, que sigue por pago de pesos, ante el Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecisiete de mayo de dicha anualidad -que declara nulo todo lo actuado dentro del subyacente, por lo que ve en el juicio principal hasta el auto de fecha 09 nueve de enero del año 2019 dos mil diecinueve-. La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio principal del referido expediente 438/1998, en el cual se declara procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia hecho valer por la parte demandada a través de su albacea provisional. La ejecución del auto de diecisiete de junio del actual, que decide el recurso de revocación, en el cual deja intacto el auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil veintiuno. Así como la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, relativa al incidente de prescripción de ejecución de sentencia en la cual, el juez de origen deja sin efectos el embargo por la cantidad de $392,249.51 trescientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional, según pesa sobre el inmueble propiedad del tercero interesado y ahora finado Francisco Moreno Magaña. En sentencia pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la que causó ejecutoria en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ". Que el Juez responsable, deje insubsistente la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil número 438/1998, y todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación. En su lugar, emita otra resolución, en la cual reitere las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado. Y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, se pronuncie de nueva cuenta, pero ahora de manera fundada y motivada, tomando en consideración los argumentos plasmados en la presente resolución y las constancias y pruebas existentes en el procedimiento de origen, resolviendo la reposición del procedimiento que ordene en forma congruente con el motivo legal que invoque. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al no combatirse por vicios propios. Por oficio 1002/2022, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este Órgano Jurisdiccional, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, remitió: Copia certificada del acuerdo y resolución que dictó el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil 438/1998, así como todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación. Dictó otra determinación en la que reiteró las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado; y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, dicha autoridad determinó lo siguiente: Por tanto, con base en lo demostrado este órgano jurisdiccional, considera que el demandado Francisco Javier Moreno Magaña desde el día 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince no estuvo representado procesalmente, porque si bien el demandado señaló un domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, lo cierto es que su autorizado el licenciado José Luis Soto Barragán en amplios términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, renunció a recibir las notificaciones de la parte demandada que se realizaban en su domicilio procesal, sin que los pasantes juristas autorizados . reúnan el requisito establecido en el citado numeral que dispone: ".",para considerar que representaron legalmente al demandado en el procedimiento de ejecución. Por tanto, es claro que el demandado quedó sin representación en el procedimiento de ejecución desde el 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince. También, este juzgado considera que, ante la demostración que el demandado falleció desde 7 siete de noviembre de 2002 dos mil dos, existía necesidad de decretar la suspensión de la sentencia hasta en tanto se exhibieran las constancias que acreditaron la debida representación de la sucesión demandada, y esta sea notificada; de ahí que, si al 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno, Hugo Alberto Moreno Mendoza compareció y acreditó que es el albacea provisional de la sucesión a bienes de Francisco Javier Moreno Magaña, fue conveniente a partir del 6 seis de mayo de 2021 dos mil veintiuno, decretar levantar la suspensión del procedimiento decretado en proveído del 7 siete de abril del año precitado, ordenándose notificar a las partes. De tal manera que, para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, en especial a la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga y Francisco Javier Moreno Magaña, representado en juicio por conducto de su albacea; considerando que el procedimiento es de orden público y con la finalidad que las partes ejerzan sus derechos en el procedimiento de ejecución conforme a sus intereses convenga; así como este órgano jurisdiccional haciendo uso de las facultades que le concede el numeral 1055, fracción VIII del Código de comercio, que dice: ". "; se determina decretar la reposición como se anunció inicialmente, a partir del auto del 9 nueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, en el cual se tuvo a Rosa Mendoza Arteaga apersonándose en el presente juicio, en cuanto cesionaria de inmueble ubicado en la calle ., carácter que acreditó en términos de la cesión de derechos de crédito, litigiosos y/o adjudicatarios del inmueble y otro, . Dado que la medida adoptada persigue un fin constitucionalmente válido que es el debido proceso, derecho fundamental reconocido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna . Siendo además esa determinación idónea para lograr ese fin legítimo, pues el no permitir la nulidad y reposición del procedimiento a partir de la muerte del demandado .(7 siete de noviembre de 2002 dos mil dos) o a partir de que quedó sin representación procesal (6 seis de agosto de 2015 dos mil quince), es una medida idónea para que no quede sin efectos la cesión realizada en favor de la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga .; de modo que, la cesionaria esté en condiciones de poder ejercer su derecho de crédito y litigioso en el procedimiento de ejecución en la forma que considere pertinente, sin que pueda repercutirle la muerte del demandado o la falta de representación procesal, porque son factores que no son atribuibles a la cesionaria. Además, es un medida razonable puesto que tiende a dotar de un contenido práctico en el procedimiento de ejecución y una mayor beneficio donde participen la cesionaria y l parte demandada en igualdad de condiciones, para que ejerciten dentro del mismo lo que a su derecho convenga, pues es razonable y atendiendo al buen sentido común que ambas partes participen en la ejecución, pues no pudiera repercutirle a la parte demandada la falta de representación procesal y su muerte evidenciada, ni mucho menos a la cesionaria esas circunstancias acaecidas para declarar la nulidad de las cesiones que tuvieron a bien darle los derechos de créditos y litigiosos provenientes de la parte vencedora originalmente. Además, la medida adoptada es proporcional y busca evitar el menor prejuicio posible a las partes, porque como se dijo, se pretende garantizar el derecho de la cesionaria que equivale a que pueda ejercitar los derechos procesales en la etapa de ejecución, sin que esa medida tenga un peso menor que la determinación también de dar oportunidad a la parte demandada que no tuvo una debida representación desde el 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince y fue hasta el 6 seis de mayo de 2021 dos mil veintiuno que fue debidamente representada. De manera que, la medida en cuestión busca ponderar a un equilibrio de derechos procesales, sin prejuzgar acerca de quien tiene mejor o no derechos en el procedimiento d ejecución, pues forma parte del debido proceso que el crédito ganado a favor del vencedor en el juicio y cedido a Rosa Mendoza Arteaga también tenga un equilibrio con el derecho de contradicción de la parte demandada ahora demostrado plenamente su representación en el procedimiento de ejecución. De tal manera que la determinación adoptada persigue un fin constitucionalmente válido, es idónea y razonable a ese fin, así como es proporcional buscando el menor perjuicio que pudiera causarle a la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga y a la parte demanda representada por su albacea. .". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que, el Juez responsable, cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil número 438/1998, y todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación; en su lugar, emitió otra resolución, en la cual reiteró las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado; y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, dicha autoridad realizó un nuevo pronunciamiento y estableció las fechas de cada uno de los supuestos señalados de manera fundada y motivada. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la parte quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. No impide estimar lo anterior, la circunstancia de que el Actuario adscrito al Juzgado responsable, no haya remitido oficio alguno a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que como quedo de manifiesto, la autoridad ordenadora remitió las constancias relativas a fin de cumplir con ella, motivo por el cual, resulta innecesario requerir algún acto diverso por parte del actuario responsable. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la partes quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    EN RAZÓN DE QUE HUGO ALBERTO MORENO CONCHA( EN SU CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADO) o sus autorizados, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el quince de julio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del auto de CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio 1002/2022, de veinticinco de mayo del mismo año, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del diez al catorce de junio de la citada anualidad, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que ROSA MENDOZA ARTEAGA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos siguientes: Auto dictado el diecisiete de junio del dos mil veintiuno, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 438/1998, que sigue por pago de pesos, ante el Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecisiete de mayo de dicha anualidad -que declara nulo todo lo actuado dentro del subyacente, por lo que ve en el juicio principal hasta el auto de fecha 09 nueve de enero del año 2019 dos mil diecinueve-. La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio principal del referido expediente 438/1998, en el cual se declara procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia hecho valer por la parte demandada a través de su albacea provisional. La ejecución del auto de diecisiete de junio del actual, que decide el recurso de revocación, en el cual deja intacto el auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil veintiuno. Así como la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de junio del dos mil veintiuno, relativa al incidente de prescripción de ejecución de sentencia en la cual, el juez de origen deja sin efectos el embargo por la cantidad de $392,249.51 trescientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 51/100 moneda nacional, según pesa sobre el inmueble propiedad del tercero interesado y ahora finado Francisco Moreno Magaña. En sentencia pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la que causó ejecutoria en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ". Que el Juez responsable, deje insubsistente la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil número 438/1998, y todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación. En su lugar, emita otra resolución, en la cual reitere las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado. Y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, se pronuncie de nueva cuenta, pero ahora de manera fundada y motivada, tomando en consideración los argumentos plasmados en la presente resolución y las constancias y pruebas existentes en el procedimiento de origen, resolviendo la reposición del procedimiento que ordene en forma congruente con el motivo legal que invoque. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al no combatirse por vicios propios. Por oficio 1002/2022, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este Órgano Jurisdiccional, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, remitió: Copia certificada del acuerdo y resolución que dictó el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil 438/1998, así como todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación. Dictó otra determinación en la que reiteró las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado; y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, dicha autoridad determinó lo siguiente: Por tanto, con base en lo demostrado este órgano jurisdiccional, considera que el demandado Francisco Javier Moreno Magaña desde el día 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince no estuvo representado procesalmente, porque si bien el demandado señaló un domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, lo cierto es que su autorizado el licenciado José Luis Soto Barragán en amplios términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, renunció a recibir las notificaciones de la parte demandada que se realizaban en su domicilio procesal, sin que los pasantes juristas autorizados . reúnan el requisito establecido en el citado numeral que dispone: ".",para considerar que representaron legalmente al demandado en el procedimiento de ejecución. Por tanto, es claro que el demandado quedó sin representación en el procedimiento de ejecución desde el 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince. También, este juzgado considera que, ante la demostración que el demandado falleció desde 7 siete de noviembre de 2002 dos mil dos, existía necesidad de decretar la suspensión de la sentencia hasta en tanto se exhibieran las constancias que acreditaron la debida representación de la sucesión demandada, y esta sea notificada; de ahí que, si al 29 veintinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno, Hugo Alberto Moreno Mendoza compareció y acreditó que es el albacea provisional de la sucesión a bienes de Francisco Javier Moreno Magaña, fue conveniente a partir del 6 seis de mayo de 2021 dos mil veintiuno, decretar levantar la suspensión del procedimiento decretado en proveído del 7 siete de abril del año precitado, ordenándose notificar a las partes. De tal manera que, para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, en especial a la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga y Francisco Javier Moreno Magaña, representado en juicio por conducto de su albacea; considerando que el procedimiento es de orden público y con la finalidad que las partes ejerzan sus derechos en el procedimiento de ejecución conforme a sus intereses convenga; así como este órgano jurisdiccional haciendo uso de las facultades que le concede el numeral 1055, fracción VIII del Código de comercio, que dice: ". "; se determina decretar la reposición como se anunció inicialmente, a partir del auto del 9 nueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, en el cual se tuvo a Rosa Mendoza Arteaga apersonándose en el presente juicio, en cuanto cesionaria de inmueble ubicado en la calle ., carácter que acreditó en términos de la cesión de derechos de crédito, litigiosos y/o adjudicatarios del inmueble y otro, . Dado que la medida adoptada persigue un fin constitucionalmente válido que es el debido proceso, derecho fundamental reconocido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna . Siendo además esa determinación idónea para lograr ese fin legítimo, pues el no permitir la nulidad y reposición del procedimiento a partir de la muerte del demandado .(7 siete de noviembre de 2002 dos mil dos) o a partir de que quedó sin representación procesal (6 seis de agosto de 2015 dos mil quince), es una medida idónea para que no quede sin efectos la cesión realizada en favor de la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga .; de modo que, la cesionaria esté en condiciones de poder ejercer su derecho de crédito y litigioso en el procedimiento de ejecución en la forma que considere pertinente, sin que pueda repercutirle la muerte del demandado o la falta de representación procesal, porque son factores que no son atribuibles a la cesionaria. Además, es un medida razonable puesto que tiende a dotar de un contenido práctico en el procedimiento de ejecución y una mayor beneficio donde participen la cesionaria y l parte demandada en igualdad de condiciones, para que ejerciten dentro del mismo lo que a su derecho convenga, pues es razonable y atendiendo al buen sentido común que ambas partes participen en la ejecución, pues no pudiera repercutirle a la parte demandada la falta de representación procesal y su muerte evidenciada, ni mucho menos a la cesionaria esas circunstancias acaecidas para declarar la nulidad de las cesiones que tuvieron a bien darle los derechos de créditos y litigiosos provenientes de la parte vencedora originalmente. Además, la medida adoptada es proporcional y busca evitar el menor prejuicio posible a las partes, porque como se dijo, se pretende garantizar el derecho de la cesionaria que equivale a que pueda ejercitar los derechos procesales en la etapa de ejecución, sin que esa medida tenga un peso menor que la determinación también de dar oportunidad a la parte demandada que no tuvo una debida representación desde el 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince y fue hasta el 6 seis de mayo de 2021 dos mil veintiuno que fue debidamente representada. De manera que, la medida en cuestión busca ponderar a un equilibrio de derechos procesales, sin prejuzgar acerca de quien tiene mejor o no derechos en el procedimiento d ejecución, pues forma parte del debido proceso que el crédito ganado a favor del vencedor en el juicio y cedido a Rosa Mendoza Arteaga también tenga un equilibrio con el derecho de contradicción de la parte demandada ahora demostrado plenamente su representación en el procedimiento de ejecución. De tal manera que la determinación adoptada persigue un fin constitucionalmente válido, es idónea y razonable a ese fin, así como es proporcional buscando el menor perjuicio que pudiera causarle a la cesionaria Rosa Mendoza Arteaga y a la parte demanda representada por su albacea. .". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que, el Juez responsable, cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil número 438/1998, y todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación; en su lugar, emitió otra resolución, en la cual reiteró las consideraciones relativas a que el demandado en dicho juicio no estuvo debidamente representado; y en cuanto a la fecha a partir de la cual el demandado no estuvo debidamente representado y por ende, a partir de qué actuación debe declararse la nulidad en el juicio, dicha autoridad realizó un nuevo pronunciamiento y estableció las fechas de cada uno de los supuestos señalados de manera fundada y motivada. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la parte quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. No impide estimar lo anterior, la circunstancia de que el Actuario adscrito al Juzgado responsable, no haya remitido oficio alguno a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que como quedo de manifiesto, la autoridad ordenadora remitió las constancias relativas a fin de cumplir con ella, motivo por el cual, resulta innecesario requerir algún acto diverso por parte del actuario responsable. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la partes quejosa y tercero interesada.

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