Rosa Maria Murguia Angeles

Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Rosa Maria Murguia Angeles

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico de Gobierno, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA: ROSA MARÍA MURGUÍA ÁNGELES O SUS AUTORIZADOS, NO COMPARECIERON AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCIÓN DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL CITATORIO QUE SE LES DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; QUEDA HECHA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, MISMA DE TERMINACIÓN QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. DEMADA Y RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Rosa María Murguía Ángeles, contra actos que atribuye a la Secretaría de Educación Pública Federal y otras autoridades; regístrese en el libro electrónico correspondiente como juicio de amparo 606/2023 Ahora, es necesario examinar, si colma los requisitos indispensables para la procedencia de la vía indirecta; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y en ese sentido, se tiene que la parte quejosa recama los siguientes ACTOS: 1. La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; 2. La omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; 3. La emisión de la orden de capacitación del personal docente; 4. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud; 5. Violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, la observancia a la igualdad; 6. La omisión de consultar a los padres de familia en el proceso de creación de los planes y programas de estudio. Reclamos de la parte quejosa que sostiene al afirmar -en forma general-, que le causa agravio la emisión, impresión y expedición de los nuevos libros de texto en razón de que derivan de la omisión de cumplimiento de los Lineamientos para la selección, admisión y distribución de los libros de texto gratuitos, el procedimiento para su emisión. Por lo que, precisa, la existencia de tales actos deriva, primero de las facultades de las autoridades para ordenar y ejecutar la publicación y segundo, por los deberes que deben cumplir, derivados de la normatividad en comento, traducido en la elaboración y publicación de los programas y planes de estudio, así como de los libros de texto gratuitos, violando con ello los derechos y garantías relacionas, no solo con los niños, niñas y adolescentes, como grupo discriminado históricamente, sino también en transgresión a derecho a la educación en su dimensión social y colectiva; al igual que con el derecho de las personas educadoras para, precisamente impartir las clases con forme a dichos planes, programas y libros. Así, a partir de las manifestaciones de la quejosa concernientes, la suscrita advierte que la demanda de amparo se promueve en su vertiente de interés legítimo. Esto es, por un lado, la quejosa relama que, los actos transgreden no solo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también, el derecho a la educación en su dimensión social y colectiva; al igual que el derecho de las personas educadoras para impartir clases conforme a los planes, programas y libros que en esta vía constitucional reclama; por otro, manifestó ser persona mayor de edad; y finalmente, no indicó ser personal docente del Sistema Educativo Nacional ni acudir en representación de alguna persona a quien, de manera directa, los actos que reclama se dirigen. Por tanto, el estudio que la suscrita debe realizar en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, será a la luz del interés legítimo de la parte quejosa. En ese sentido, el concepto de interés legítimo el cual ha sido moldeado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en términos generales pueden sintetizarse en los temas siguientes: a) El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en donde existe de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. b) Requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. c) Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable en la que pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, e incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. d) No supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo cual implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por tanto, el quejoso en el juicio de amparo deberá acreditarlo fehacientemente y no inferirlo con base en presunciones y para ello deberá acreditar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente sea destinatario. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, pero su existencia jurídica, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo. Improcedencia Dicho lo anterior, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la última disposición legal, dado que la parte quejosa, no acredita tener interés legítimo, lo anterior es así, en razón de que de la interpretación de armónica de dichos numerales, se advierte: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado; y b) El juicio de amparo resulta improcedente, si el peticionario del amparo, no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, del artículo 6 de la Ley de Amparo contiene, dos de aquellos principios que rigen al juicio de amparo: a) Instancia de parte. b) Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará únicamente a petición del gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una violación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional, la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la existencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. Empero, la parte quejosa no exhibe prueba que acredite de forma indiciaria que con los actos reclamados se podrán generar objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en su esfera jurídica dada su especial posición frente al orden jurídico. Es decir, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, dado que todo gobernado tiene interés en preservar y cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su vertiente a su derecho a la educación, pero no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, sino que es condición necesaria demostrar una afectación objetiva real y actual, lo que en el caso no sucede. Esto es, atendiendo a los parámetros para acreditar el interés legítimo, esta juzgadora considera que el interés que la hoy parte quejosa dice tener no resulta idóneo, pues si bien aduce que los actos y omisiones reclamados afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de Derecho a la Educación. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al juicio de amparo. Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés idóneo que lo distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. De esa forma, esta juzgadora no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de los actos reclamados. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes relativos a la educación. En ese sentido, el admitir la demanda y su caso se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a la educación, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés idóneo, sino uno de carácter genérico. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. También es verdad que, en el presente caso, la posición que la quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada. Ciertamente, debió haber acreditado su calidad de afectado por los actos y omisiones reclamadas y de igual manera, acreditar que su ejecución le genera una afectación de manera inminente e irreparable a sus derechos, precisando el impacto que en el directamente le generan, y no de forma general. Sin que sea óbice, la protesta de decir verdad que realiza en su escrito de demanda, pues la misma es insuficiente para considerar que con la ejecución del acto impugnado se le estén causando perjuicios de imposible reparación. Atendiendo a las anteriores consideraciones, así como al escrito de demanda, no se advierte que los actos y omisiones reclamadas afecten a la parte quejosa de manera que implique la procedencia del juicio de amparo indirecto por efecto de un interés legítimo. En el caso, la carga de la prueba para acreditar su interés para promover el presente juicio de amparo corresponde directamente al quejoso, conforme lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que se le deba de liberar de dicha carga, por el hecho de que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la parte quejosa en concreto. Por lo tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos legales 5, fracción I, y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo planteada, al no acredita la parte quejosa contar con interés legítimo. En atención a lo anterior, se trae a colación la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al tenor indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando únicamente para tal efecto a las personas que señala en su demanda de amparo, dado que NO cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, hasta en tanto acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE De igual manera, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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