Rosa María Marín Cortés

Expediente 1418/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1418/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Marín Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos del Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado del México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 10075/2022, por el que le fue remitida transcripción de la sentencia dictada en este juicio, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan el oficio y anexos del Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, relativos a su informe justificado; lo anterior, toda vez que el presente asunto se encuentra debidamente concluido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1418/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ROSA MARÍA MARÍN CORTÉS, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; que hizo consistir en: "NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS PRIMERO.- Omisión en la materialización del contenido de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2020, dictada en el expediente 2143/19-PC3-4 (ANTES 2143/19-15-01-6). SEGUNDO.- El retraso en la admisión, tramitación y resolución de la queja presentada el día 25 de junio de 2021, por conducto de la oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, la que en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, asignándole el número de expediente 1418/2021; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó al tercero interesado y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 2143/19-PC3-4. La omisión de admitir, tramitar y resolver la queja presentada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, en contra del incumplimiento a la sentencia definitiva de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 2143/19-PC3-4. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las actuaciones que remitió relativas al juicio contencioso administrativo número 2143/19-PC3-4 de su índice, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la sentencia dictada en dicho juicio no ha sido acatada por la autoridad demandada, por lo que persiste la omisión que se le atribuye, así también, que desechó la queja interpuesta por la parte quejosa. CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la quejosa son infundados. En principio, resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)". El referido artículo, en sus párrafos segundo y sexto, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento es imperativo para las Salas que integran el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento que la administración de justicia se ajuste a esas bases fundamentales. De igual forma, de la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, establecida en el artículo 128 de la propia Constitución Federal para todo funcionario público, deriva la obligación de éstos de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que dicten los tribunales con la finalidad de hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. De lo anterior se sigue, que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos que lo impidan, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. Precisado lo anterior, para un mejor conocimiento del asunto, se efectúa una reseña de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado y que se obtienen de las documentales que en apoyo a su informe remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 1.- Mediante escrito de seis de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa ROSA MARÍA MARÍN CORTÉS, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/3662/18 de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- Dicha demanda fue registrada con el número 2143/19-PC3-4, ordenándose emplazar a la parte demandada para que dentro del plazo concedido formulara su contestación. 3.- Seguido el procedimiento, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, declarando la nulidad de la resolución ficta impugnada, para el efecto de que el Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: a) Pormenorizara como se obtuvo la cuota diaria de pensión, indicando los fundamentos y motivos que permitieran su posterior revisión y escrutinio, así como, que tuvo a la vista el tabulador regional y el manual de percepciones y mencionara expresamente qué datos utilizó para demostrar los conceptos y cantidades que integran el salario tabular, quinquenios o primas de antigüedad, debiendo tomar en cuenta la hoja única de servicios de la que se desprende el sueldo básico de la demandante y el concepto de quinquenios a su favor. b) Se considerara el tope a la cuota pensionaria aludida conforme a lo señalado en ese fallo. c) Incrementará la pensión conforme al aumento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor , con efectos a partir del día 1° de enero de cada año, o bien conforme al aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éste resulte mayor. d) Tomará en cuenta la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la cual laboró la hoy actora, que corresponda a la plaza que ocupó (misma que obra en autos a folio 72 del expediente en que se actúa). e) Detallará el procedimiento llevado a cabo para dicho cálculo, señalando de manera precisa los datos que tomó en consideración como lo son los Índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicados, su valor y fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como los incrementos efectuados en el salario básico de los trabajadores en activo. f) En caso de que resultará alguna diferencia a favor de la parte actora, realizará el ajuste de la cuota pensionaria y procediera al pago, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, incluyendo la percepción anual también denominada aguinaldo y de ajuste de calendario. g) Lo anterior en el entendido, de que las diferencias que deriven de los incrementos omitidos por el Instituto demandado, deberán entregarse debidamente actualizadas a la parte actora, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta . Lo cual debería realizar dentro del plazo máximo de cuatro meses previsto en el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras tanto el Instituto demandado deberá continuar pagando a la actora su pensión en la forma que lo ha hecho, debiendo hacerse los ajustes al momento de la emisión de la nueva resolución. 4.- En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Sala responsable admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Jefe de la Unidad Jurídica de la delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el expediente 2143/19-PC3-4. 5.- Por resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, desechó por improcedente la instancia de queja interpuesta por la quejosa, ello con fundamento en el artículo 58, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no cumplirse con el atributo de definitividad de la sentencia, al haberse interpuesto en su contra recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolución. 6.- Mediante oficio 11015 de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, informó a la Sala responsable que ese Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión fiscal con el número 235/2021, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el expediente 2143/19-PC3-4 de su índice. Estado que actualmente guarda el juicio contencioso administrativo de origen. Establecido lo anterior, es conveniente transcribir en lo que aquí interesa el artículo 58, fracción IV, y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: . IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. (.)". CAPÍTULO II De la Revisión ARTÍCULO 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6° de esta Ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: (.) Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión." Como se adelantó, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, toda vez que se duele de que la Sala responsable ha sido omisa en requerir el cumplimiento de la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el expediente número 2143/19-PC3-4 de su índice, así como de resolver la queja que interpuso por la omisión de la autoridad demandada en el cumplimiento de la sentencia de que se trata. Ello es así, pues como se advierte de los antecedentes narrados, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el expediente número 2143/19-PC3-4 del índice de la Sala responsable, recurso que fue admitido a trámite por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el número de revisión fiscal 235/2021, el cual se encuentra en trámite, pendiente de resolución, por lo que dicha determinación aún no ha quedado firme, y por esa razón la responsable no ha requerido su cumplimiento. De igual forma, la Sala responsable, contrario a lo que indica la quejosa, en cuatro de octubre de dos mil veintiuno, desechó por improcedente la instancia de queja que interpuso en contra del incumplimiento por parte de la autoridad demandada de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2143/19-PC3-4, al no colmarse el requisito que al efecto señala el artículo 58, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por no tener dicha resolución el carácter de definitiva, al encontrase pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto en su contra. Lo que impide a la autoridad responsable iniciar el trámite de ejecución de la sentencia de referencia, al encontrarse pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto en su contra. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 81/2017 (10a.), consultable en la página 1392, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, Materia Administrativa, registro digital 2014655, que establece: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE 4 MESES PARA CUMPLIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL ACUERDO POR EL QUE LA SALA RECIBE LOS TESTIMONIOS DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN EL AMPARO DIRECTO Y/O EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. De la interpretación sistemática de los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción II, inciso b), y 192 de la Ley de Amparo, se advierte que, para que haya paridad en cuanto al conocimiento y, por ende, al momento a partir del cual debe computarse el plazo de 4 meses mencionado en los escenarios que eventualmente puedan actualizarse, derivados de fallos de nulidad contra los que se promuevan medios extraordinarios de defensa que se desestimen, debe atenderse a la fecha en que surte efectos la notificación del acuerdo en el que la Sala del conocimiento recibe los autos, los testimonios respectivos y ordena su notificación a las partes, y no aquella en que se emiten las ejecutorias correspondientes, pues sólo hasta aquel momento se conoce íntegramente la determinación que debe acatarse, aunado a que para establecer ese aspecto objetivo no puede acudirse a cuestiones subjetivas y que pueden discrepar o generar conflicto, tales como el sentido de la resolución o las consideraciones que contenga y que pueden o no trascender al cumplimiento. Además, porque es hasta la emisión y notificación de dicho proveído cuando la autoridad obligada y, en su caso, la vinculada, tienen conocimiento integral de la forma en que deben acatar el fallo de nulidad." En las relatadas consideraciones, y al resultar infundados los argumentos formulados por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa ROSA MARÍA MARÍN CORTÉS, contra los actos señalados en el considerando segundo de este fallo, reclamados a los Magistrados de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Toluca, Estado de México, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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