Rosa María Esquinca Gómez y Otros.

Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Esquinca Gómez y Otros.
  • Rosa María Esquinca Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa ************* y *************, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la citada parte procesal en dicho auto; por lo que se ordena la destrucción del documento con firmas autógrafas que anexaron a su demanda de amparo, junto con este expediente. Vuelvan los autos al archivo, como está ordenado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgado determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, vista la certificación de cuenta, derivado que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, un documento con firmas autógrafas, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles a este Juzgado Federal a recoger tal documento que exhibió, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con este expediente. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgado determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, vista la certificación de cuenta, derivado que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, un documento con firmas autógrafas, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles a este Juzgado Federal a recoger tal documento que exhibió, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con este expediente. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintidós. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Rosa María Esquinca Gómez y Daniel Luu Blas Esquinca, por propio derecho, contra actos del Secretaría de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 897/2022, que le correspondió. Desechamiento. Del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo transcrito prevé que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que la promovente no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: La resolución desfavorable derivada de la solicitud por escrito -de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno- de permuta que se elevó a Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca, a fin de intercambiar la residencia de trabajo. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos en cita se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese contexto, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Asimismo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados con anterioridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa al caso la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199459, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, cuyo contenido es el que sigue: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad o particular, es decir, que exista una relación de supra a subordinación o de forma similar a ello, que tiene como presupuesto que la quejosa tenga el carácter de gobernado y a quien se le atribuye el acto de autoridad o ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación o igualdad. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. De lo anterior se obtiene que las autoridades señaladas como responsables, emiten los actos reclamados como consecuencia de una relación laboral que el Estado sostiene con la parte quejosa, en su carácter de empleadas de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, así como de la Secretaría de Salud del Estado, puesto que reclama una determinación relacionada con el cambio de sede laboral, por lo que su actividad no puede equipararse a una de imperio, ni concedida por parte del Estado, ni regulada en una ley, ya que al ser trabajador de dicha dependencia de gobierno no reciente la afectación con su carácter de gobernada y los sujetos señalados como autoridades no actúan en un plano superior sino en un plano de coordinación. Al efecto, como se señaló, si bien el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo cierto es que tales elementos no se advierten en los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, dado que se encuentran comprendidos dentro de una relación de trabajo; relación contractual en la que dichos funcionarios actúan en un plano de igualdad y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de la relación laboral. En efecto, la relación existente entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables, es de coordinación con motivo de la relación laboral que los une, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, dado que lo que efectivamente reclama la parte quejosa es que no se da el cambio de sede del lugar para el desempeño de sus labores, lo que deriva únicamente del vínculo exclusivo que tiene como parte trabajadora, pues deriva de la prestación del servicio que suministra con motivo de su contratación, lo que conlleva los diversos elementos consistentes en el salario que percibe por dicho servicio, la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes laborales que le son impuestos, por lo cual no se trata de una acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que es consecuencia intrínseca de su relación laboral y, por ende queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Es ilustrativa la jurisprudencia PC.VII.L. J/9 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro digital 2017961, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 2015, de contenido siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO LA DEPENDENCIA DETERMINE SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA DEBE JUSTIFICAR QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE ORIGINA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ. El precepto citado establece que la entidad pública puede determinar el traslado de un trabajador de una población a otra por reorganización o necesidades del servicio, por desaparición del centro de trabajo y por permuta debidamente autorizada, lo que implica que se le cubran los gastos de viaje y viáticos cuando el traslado sea por un periodo menor a 6 meses, y si es mayor a este término tendrá derecho a que se le cubran los gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, con la excepción, en ambos casos, de que haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado indicado. Ahora bien, dicho precepto es aplicable a los trabajadores de confianza, quienes tienen reconocidos sus derechos laborales por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fracción XIV dispone que gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, el cual no puede ser restringido; por ello, tienen derecho a que se les haga saber la causa por la cual se les cambia de adscripción o se ordena su traslado de una población a otra, pues tal circunstancia implica que se les cubran gastos de traslado o viáticos. Se arriba a lo anterior, pues la exclusión reflejada en el artículo 11, fracción I, de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, sólo está referida al principio de estabilidad en el empleo y a las prerrogativas propias de los trabajadores de base; sin embargo, en la medida en que el cambio de adscripción de un empleado puede entrañarle una afectación, en aras de tutelar las medidas de protección al salario y de seguridad social que permitan deducir los derechos correspondientes, en su caso, ante los tribunales laborales competentes, es necesario que la entidad patronal haga del conocimiento del trabajador de confianza la causa del porqué se le cambia de adscripción o se le traslada de domicilio laboral." En consecuencia, como se precisó en líneas que anteceden, al ser parte trabajadora al servicio el Estado la parte quejosa, no reciente la afectación con su carácter de gobernado y los sujetos señalados como autoridades no actúan en un plano superior sino en un plano de coordinación. En tal sentido, los actos impugnados no pueden considerarse como de autoridad, puesto que la parte quejosa reclama la resolución desfavorable de la permuta solicitada para intercambiar sede de trabajo, en su calidad de parte empleada del sector salud, por lo que el planteamiento tiene origen en un plano de coordinación que impide tener a dichas dependencias como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, de ahí la improcedencia del mismo. Luego, es válido concluir que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que actúan en cumplimiento de un deber legal, obligación que tiene origen en el vínculo laboral reconocido, por lo que es evidente que el no autorizar el cambio de sede de trabajo señalado deviene del ámbito del derecho laboral y trasciende de forma tal que la inconformidad alegada por la quejosa debe ventilarse en un juicio laboral ante la autoridad correspondiente. En virtud de lo anterior, cabe destacar que esta resolución se emite beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal, dado que en nada sirve dar trámite a un asunto cuyo resultado de la resolución sería en el mismo sentido, cuando está en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para ejercer las acciones correspondientes, a fin de hacer valer sus derechos. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo tanto, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Reforma, número ciento seis (106), interior dos (2), Centro, Oaxaca; y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones sin las facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luisa García González, dado que no se observa la inscripción de cédula alguna en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAva nzada.action- ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, hasta en tanto acredite contar con cédula profesional de licenciado en derecho, o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Representante común. Como lo designan, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a Rosa María Esquinca Gómez. Datos de contacto. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico luisagarciaglez28@gmail.com; únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Exhortación a tramitar juicio en línea. En atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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