Rosa María Ramírez Martínez

Expediente 117/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
117/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Rosa María Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; se apercibe a la autoridad antes mencionada, a través de la persona física que la representa, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida citada ($84.49) por cien (100), acorde con lo previsto en los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de la autoridad a que se requiere, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. Asimismo, se ordena notificar este proveído al gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de la responsable, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Tomo II, Marzo de 2014, página 1380, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 117/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos que enseguida se describen: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama. El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Key de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante decreto número 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, en el pago de mi pensión del mes de febrero de 2019, así como la aplicación subsecuente de dicha norma y hasta que subsista mi derecho a recibir pensión por jubilación, que se han realizado y que continuarán realizando, toda vez que los citados preceptos han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; acto contenido en el comprobante de pago de mi pensión por jubilación del mes de febrero de 2019, como se advierte en el comprobante del periodo del 01 al 28 de febrero de 2019, que me fue entregado el 30 de enero de 2019, en el que la autoridad señalada como responsable me aplica dos descuentos por la cantidad cada uno de $1,335.89 (un mil trescientos treinta y cinco pesos 89/100 m.n.), por concepto 202 FDO.D PENSIONES; segundo o ulterior descuento que se han realizado a mi pensión y que corresponden a los meses de enero y febrero de 2019, y que se continuarán aplicando en los subsecuentes, en evidencia clara que se realizarán mientras conserve el derecho a recibir mi pensión por jubilación, por lo que, demando la protección constitucional pues los mismos están apoyados en preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia. Actos que estimó violatorios de los artículos 1 y 123, párrafos primero y segundo, apartado B, fracción XI inciso, a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Admisión y trámite. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, radicándose el trece de febrero de dos mil diecinueve, con el número 117/2019, donde se ordenó admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa y que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Los inminentes descuentos que se pretendan aplicar a su pensión por jubilación sustentada en esos preceptos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable convino en la existencia de los actos que les atribuye la quejosa. Lo que se corrobora con las documentales que acompañó la responsable consistentes en copia certificada del oficio OP/DG/1680/2018, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en que se autorizó a la quejosa su pensión por jubilación y el aviso de baja de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como la copia certificada del comprobante de pago por jubilación correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve que anexó la agraviada a su demanda, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues de los mismos se advierte que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordenó el descuento del 9% del monto de su pensión por jubilación para el Fondo de Pensiones y que dicho descuento le ha sido aplicado. CUARTO. Estudio. Son fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, con respecto al acto combatido, consistente en el descuento que se aplica a la pensión por jubilación del quejoso, en términos de lo dispuesto por los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce. Lo anterior, toda vez que se trata de un trabajador jubilado que reclama la aplicación de la Ley de Pensiones de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 63, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL: Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." La quejosa refiere que los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, son violatorios de sus garantías de igualdad y seguridad social, contenidos en los artículos 1° y 123, párrafos primero y segundo, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta instancia constitucional, se acredita que la quejosa ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, es trabajadora jubilada, con la copia certificada del oficio OP/DG/1680/2018, de diecinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 11), relativo al dictamen de autorización de la solicitud de pensión por jubilación, circunstancia que corroboró el director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado. Al respecto, los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, disponen: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: . III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; "Artículo 18. . Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: [.] Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.". De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Asimismo, cabe destacar que la reforma al artículo 123 constitucional, y por ende, la creación del apartado B del mismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el precepto indicado en lo interesante es del tenor siguiente: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (.) XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. (.)" En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Ahora bien, los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, fueron declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al emitir la jurisprudencia por reiteración, visible en la página 2512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Octubre de 2014, Tomo 3, Registro 2007629, que dice: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Obligatoriedad de la jurisprudencia invocada que se establece en términos del artículo 217 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos previstos por el artículo 224 de la misma ley, por cuanto se sustenta un mismo criterio (inconstitucionalidad de los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al violar el derecho humano a la igualdad, pues dejan de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo, dándose por consiguiente el trato de trabajador en activo), en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario (amparos en revisión 101/2014, 92/2014, 116/2014, 110/2014 y 146/2014), resueltas en diferentes sesiones (de tres, diez, diecisiete de junio y veintiséis de agosto de dos mil catorce), y en todos los casos por unanimidad de votos; sin que sea óbice que se hubiesen resuelto cada una en diversas sesiones, ya que una vez integrada la jurisprudencia, el Tribunal Colegiado, no se ocupará nuevamente del tema; además de ser en beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º Constitucional. Así, al haber establecido el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, que los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 885 en el Periódico Oficial local el 28 de enero de dos mil doce, son inconvencionales e inconstitucionales, pues al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalente al 9% de su pensión, desatienden los artículos 26, numerales 3 y 67, inciso B) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fija los topes al derecho de seguridad social, tales como a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; siendo que en ellas no se establece el descuento a que se refieren los preceptos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, además de violar el derecho humano de igualdad, pues a los jubilados se les da el trato de trabajadores en activo. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Luego, al resultar fundado el concepto de violación y haber quedado evidenciada la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, aplicados al quejoso ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, se declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los mismos, y se impone otorgar al citado quejoso, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. No se le aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2. El director general de la Oficina de Pensiones del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, suspenda los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que le corresponde al quejoso. 3. Reintegre al quejoso, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto en el mes de febrero de este año. QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, contra los actos que reclama del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; consistente en el segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la citada Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 117/2019. R E S U L T A N D O : ÚNICO. En proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, contra actos reclamados al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, consistentes en el segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce, y publicada mediante decreto número 885 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Por consiguiente, se pidió a la autoridad responsable su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. El Director General de la Oficina de Pensiones en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo, convino en la existencia del acto que se le atribuye. SEGUNDO. Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, acreditó ser trabajadora jubilada del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el oficio número OP/DG/1680/2018, de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, signado por el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, en donde se comunica el Acuerdo del Consejo Directivo de Pensiones del Estado, que autoriza su solicitud de pensión por jubilación, concatenado con el recibo de pago de su pensión correspondiente al mes de febrero de este año. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, que establece que uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión en el amparo, es el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, realizando un juicio de probabilidad y verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora; luego, es posible en el caso adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo, dada la naturaleza del acto y el derecho subjetivo público reclamado, y por ello, a fin de evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y por no contravenirse disposiciones de orden público ni lesionarse el interés social; con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la medida suspensional a favor de la quejosa ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, para que la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, se abstenga, al momento de cubrir los subsecuentes pagos de su pensión jubilatoria, de descontar y de retener el importe correspondiente a las cuotas para el Fondo de Pensiones, en los términos de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Medida cautelar que surte sus efectos desde luego y hasta en tanto la autoridad responsable, quede legalmente notificada de la ejecutoria de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde deriva el presente incidente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ROSA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano