Rosa María Guadalupe del Rosario Rivera Preiser

Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
872/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Rosa María Guadalupe del Rosario Rivera Preiser

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este juzgado federal en días y horas hábiles, a recibir el original del documento que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el último párrafo del considerando vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción II y último párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSAS. Desistimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que las quejosas se desistieron ante autoridad judicial de la demanda de amparo que nos ocupa. En consecuencia, atento al desistimiento formulado expresamente ante presencia judicial por la parte quejosa, procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causa que contempla la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II." En el caso, mediante diligencia de esta propia fecha, manifestaron su deseo de desistirse del presente juicio para todos los efectos legales que corresponda, lo cual fue realizado ante presencia judicial, plasmando en dicha constancia su firma en forma ilegible; lo anterior, para constancia que obre en autos. En las relatadas condiciones, se actualiza el supuesto normativo establecido en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa en el presente juicio se desistió expresamente del presente juicio de amparo, sin que en el caso se surta el supuesto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 63, de la Ley de Amparo, ya que en el caso no se reclamaron actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, y por ende, es evidente que en el presente asunto sí procede decretar el sobreseimiento de la presente instancia constitucional. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por Rosa María Guadalupe del Rosario Rivera Preiser y Laura Cristina Rivera Praizer. Sin que obste lo anterior, el hecho que por acuerdo de cinco de agosto anterior, se desechara la demanda de amparo, ya que las quejosas pueden desistirse en cualquier momento, como aconteció en la especie, máxime que dicho acuerdo aún no estaba firme al estar transcurriendo el término legal para su impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." (Novena Época, registro: 192108, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 33/2000, Página: 14) Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 687, Materia Común, Registro 163160, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Finalmente, previa copia y razón que se deje en autos para debida constancia, devuélvase a las quejosas las documentales que anexaron a su demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSAS. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa María Guadalupe del Rosario Rivera Preiser y Laura Cristina Rivera Praizer, en contra de actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia en Gómez Palacio, Durango, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el juicio de amparo 872/2019. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite al juzgador que conozca de la demanda de amparo, desecharla de plano al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Las quejosas reclaman la omisión de emplazamiento de la sucesión a bienes de sus padres María de los Ángeles Preisser Muñoz o Praizer Muños o Preiser Muñoz y Teófilo Rivera Ulloa, al juicio de prescripción adquisitiva promovido por Griselda María Gabriela Murillo Ávila, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, de Gómez Palacio, Durango. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia a contrario sensu, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la transcripción anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se satisfaga alguno de los requisitos previstos en la propia ley de la materia; por su parte, el principio de instancia de parta agraviada, radica en que el quejoso, será quien aduzca tener un interés jurídico o legitimo reconocido, mismo que pueda ser oponible a terceros, y que la afectación del acto reclamado, sea real, actual y directa. Por su parte, la legislación sustantiva y adjetiva en materia civil del Estado de Durango, en cuanto a las sucesiones dispone: Del Código Civil del Estado de Durango. "ARTÍCULO 1483. La herencia legítima se abre: I.- Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; II.- Cuando el testador no dispuso de todos los bienes; III.- Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; IV.- Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado substituto. Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. ARTÍCULO 1485. Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. ARTÍCULO 1486. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I.- Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y en ciertos casos la concubina; II.- A falta de los anteriores, la Beneficiencia (sic) Pública. ARTÍCULO 1487. El parentesco de afinidad no da derecho de heredar. ARTÍCULO 1488. Los parientes más próimos (sic) excluyendo a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 1493 y 1516. ARTÍCULO 1489. Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales. ARTÍCULO 1490. Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título VI, Libro Primero." Del Código Procesal Civil para el Estado de Durango. "ARTÍCULO 788. Al promoverse un intestado, justificará el denunciante el parentesco o lazo si existiere y que lo hubiere unido con el autor de la herencia, en el grado por el que pueda considerarse heredero legítimo. Debe el denunciante indicar los nombres y domicilio de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible se presentarán las partidas del Registro Civil que acrediten la relación. ARTÍCULO 789. El juez tendrá por radicada la sucesión y mandará notificarlo por cédula o correo certificado a las personas señaladas como descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite o en su defecto, como parientes colaterales dentro del cuarto grado, haciéndoles saber el nombre del finado con los demás particulares que lo identificaren y la fecha y el lugar del fallecimiento para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea. ARTÍCULO 790. Los herederos ab-intestato que sean descendientes del finado, podrán obtener la declaración de su derecho, justificando con los correspondientes documentos o con la prueba que sea legalmente posible, su parentesco con el mismo y con información testimonial que acredite, que ellos o los que designen, son únicos herederos. ARTÍCULO 791. Dicha información se practicará con citación del Ministerio Público, quien dentro de los tres días que sigan al de la diligencia, debe formular su pedimento. Si éste fuere impugnado sólo de incompleta, la justificación se dará vista a los interesados para que subsanen la falta. ARTÍCULO 792. Practicadas las diligencias antes dichas, haya o no pedimento del Ministerio Público, el juez, sin más trámites, dictará auto haciendo la declaración de herederos ab-intestato, si la estimare procedente, o denegándola con reserva de su derecho a los que la hayan pretendido para el juicio ordinario. Este auto será apelable en el efecto devolutivo. ARTÍCULO 793. El mismo procedimiento establecido en los tres artículos que preceden, se empleará para la declaración de herederos ab-intestato cuando lo solicitaren ascendientes del finado o el cónyuge supérstite. Si éste fuere la viuda, no se admitirá promoción de la concubina devolviéndole la que hiciere, sin ulterior recurso. ARTÍCULO 794. Hecha la declaración de herederos de acuerdo con los artículos precedentes, el juez, en el mismo auto en que la hizo, citará a una junta de herederos dentro de los ocho días siguientes para que designen albacea. Se omitirá la junta si el heredero fuere único o si los interesados desde su presentación dieron su voto por escrito o en comparecencia; en este último caso, al hacerse la declaración de herederos, hará el juez la designación de albacea. Este albacea tiene el carácter de definitivo. ARTÍCULO 795. Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o que en su defecto se nombre. ARTÍCULO 796. Si la declaración de herederos la solicitaren parientes colaterales dentro del cuarto grado, el juez, después de recibir los justificantes del entroncamiento y la información testimonial del Artículo 790, mandará fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia y llamando a los que se crean con igual derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarlo dentro de cuarenta días. El juez, prudentemente, podrá ampliar el plazo anterior cuando por el origen del difunto u otras circunstancias, se presuma que podrá haber parientes fuera de la República. Los edictos se insertarán además dos veces de diez en diez días en un periódico de información si el valor de los bienes hereditarios excediere de cinco mil pesos. ARTÍCULO 797. Transcurrido el término de los edictos a contar desde el día siguiente de su publicación, si nadie se hubiere presentado, trayendo los autos a la vista, el juez hará la declaración prevenida en el artículo 794. Si hubieren comparecido otros parientes, el juez les señalará un término no mayor de quince días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes del parentesco procediéndose como se indica en los Artículos del 792 al 796. ARTÍCULO 798. Si dentro del mes de iniciado el juicio sucesorio no se presentaren descendientes, cónyuge, ascendientes, concubina o colaterales dentro del cuarto grado, el juez mandará fijar edictos en los sitios públicos de la manera y por el término expresados en el artículo 796 anunciando la muerte intestada de la persona de cuya sucesión se trata y llamando a los que se crean con derecho a la herencia. ARTÍCULO 799. Los que comparezcan a consecuencia de dichos llamamientos, deberán expresar por escrito el grado de parentesco en que se hallen con el causante de la herencia, justificándolo con los correspondientes documentos. Estos escritos y documentos se unirán a la sección de sucesión por el orden que se vayan presentando. ARTÍCULO 800. Si a consecuencia de dichos llamamientos se presentare un aspirante o varios que aleguen igual derecho fundados en un mismo Título, se procederá como se indica en los Artículos 792 al 796. Si fueren dos o más los aspirantes a la herencia y no estuvieren conformes en sus pretensiones, los impugnadores harán de demandantes y los impugnados de demandados debiendo los que hagan causa común, formular sus pretensiones o defensas en un mismo escrito y bajo un representante común. La controversia se substanciará incidentalmente y el Ministerio Público presentará su pedimento en la audiencia respectiva. Hecha la declaración, se procede a la elección de albacea. ARTÍCULO 801. La declaración de herederos de un intestado, surte el efecto de hacer por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto, a la persona o personas en cuyo favor se hizo. ARTÍCULO 802. Después de los plazos a que se refieren los Artículos 796 y 797, no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero les queda a salvo su derecho para que lo hagan valer en los términos de ley contra los que fueren declarados herederos. ARTÍCULO 803. Al albacea se le entregarán los bienes sucesorios así como los libros y papeles, debiendo rendirle cuentas al interventor sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Civil. ARTÍCULO 804. Si no se hubiere presentado ningún aspirante a la herencia antes o después de los edictos o no fuere reconocido con derecho a ella, ninguno de los pretendientes, se tendrá como heredero al Fisco del Estado." De las legislaciones transcritas, se desprende que podrán ser sucesores legítimos, quienes sean descendientes de los finados; además, prevén que cuando una persona muera intestada, es decir, sin haber externado su voluntad respecto de los bienes que fueren de su propiedad y su destino después de su muerte, esto es, al no haber formulado testamento, los hijos podrán denunciar ante un juez civil la sucesión, a fin de llevar a cabo el procedimiento respectivo, en el que se fijará la masa hereditaria, se designará un albacea, entre otros supuestos. Como se adelantó, las quejosas manifiestan que no han denunciado sucesión alguna, sino que simplemente comparecen al presente juicio de amparo, como presuntas herederas, sin que se les haya reconocido con tal carácter por la autoridad judicial competente para ello. En efecto, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, los herederos están facultados a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado. Por lo tanto, lo manifiesto en la especie, se traduce en que las quejosas no han sido declaradas legalmente por autoridad judicial como herederas de los finados para tener legitimación para promover el juicio de amparo; y lo indudable, deriva que aun y cuando tuvieran razón, no podría concedérseles la protección constitucional al no haber cumplido con un presupuesto procesal, como lo es la legitimación. Lo anterior, en el entendido que no se esta desechando la demanda por carecer de interés jurídico que puede ser probado hasta la audiencia constitucional, sino por carecer de legitimación en razón de instancia de parte agraviada, al no tener un derecho adquirido de reconocimiento de sucesión, sobre los bienes de sus difuntos padres, por no existir declaratoria judicial que así lo disponga, siendo incuestionable que la determinación aquí adoptada sería la misma que se llegase a emitir al resolver en definitiva, por ser notoriamente manifiesta e indudable la causal de improcedencia actualizada. Sirve en sustento a lo anterior, lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 65/2004-PS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, de rubro y texto. "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Consecuentemente, al ser presuntas herederas y no estar reconocido por autoridad judicial tal carácter, las quejosas carecen de legitimación para promover el juicio de amparo, por lo cual, con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda amparo, por su notoria y manifiesta improcedencia. Autorizados y domicilio. Se autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas designadas para ello y como domicilio para tal efecto el señalado en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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