Rosa María Armendariz García
Expediente 1700/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1700/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rosa María Armendariz García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Con la diligencia de veintiocho de diciembre del año en curso, mediante la cual compareció la quejosa a ratificar la firma que calza su escrito aclaratorio de demanda; por tanto, vista nuevamente la demanda, así como la aclaración de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano la demanda de amparo, el dispositivo en consulta señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, en el presente caso, y al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, toda vez que este órgano de control constitucional advierte que en relación al acto reclamado en el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación del último de los numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra los actos en el juicio que tengan en las personas una ejecución irreparable, entendidos como aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales obligatorios para el Estado Mexicano. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha establecido que, a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tres de abril de dos mil trece), en el mencionado numeral 107, fracción V, se ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación. Así, para poder ser calificados como tales, sus consecuencias deben ser de tal manera que impidan el ejercicio de un derecho, no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Las anteriores consideraciones fueron expuestas en la tesis de jurisprudencia P./J. junio de 2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima época, que dice lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual- a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, en el presente asunto se señala como acto reclamado el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 425/2008 del índice del juez responsable, mediante el cual no se le acordó de conformidad a la quejosa el incidente de regularización promovido en el citado juicio de origen, transcripción del acto reclamado que realizó la quejosa en los antecedentes de su demanda, que a la letra dice lo siguiente: "Por recibido el escrito de cuenta de ROSA MARIA ARMENDARIZ GARCIA, juntamente con un juego de copias simples para traslado, con la personalidad que tiene reconocida en autos, téngasele por haciendo las manifestaciones a que se refiere en el que se provee en cuanto a lo solicitad, dígasele que deberá estarse a lo actuado dentro del presente procedimiento particularmente al incidente que nos ocupa, e cual, no da mérito para que se lleve la regularización alguna del mismo; por lo que en todo caso, tiene a su alcance los recursos o medios de impugnación para combatir las determinaciones o resoluciones en la cuales no este conforme, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.". Determinación la anterior que se emitió en el procedimiento de origen que se encuentra en la cuarta sección de partición del juicio sucesorio 425/2008, misma que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Una vez expuesto lo anterior y retomando el análisis de la causal de improcedencia invocada, es importante establecer que al momento de llevar a cabo la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el Máximo Tribunal del País determinó que las violaciones procesales acaecidas dentro de un procedimiento que deben ser considerados como actos de imposible reparación, son únicamente las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Con lo cual se abandonó la interpretación en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos que, aunque se trataran de violaciones procesales que únicamente trasgredieran derechos adjetivos, causaran a las partes una afectación en grado predominante o superior. En ese contexto, cabe decir que la promovente Rosa María Armendáriz García, reclama el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente 425/2008 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Torreón, en el cual no se le dio trámite al incidente de regularización que intentó en el juicio y se ordenó la continuación del sumario. Así las cosas, este juzgado estima que el acto reclamado se refiere a una violación procesal que se suscita en la cuarta etapa del aludido juicio sucesorio, pues como lo manifiesta el solicitante de amparo, tal cuestión se suscitó en la fase de partición, la cual pertenece a la cuarta sección de dicho juicio sucesorio; de ahí que esa cuestión debe reclamarse hasta que se dicte la resolución con la que concluya expresada sección. Lo anterior es así, ya que los juicios sucesorios participan de una naturaleza jurídica particular, pues su objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada a través de un procedimiento que se compone de cuatro etapas; las cuales, de conformidad con el artículo 1064 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, son las siguientes: la de sucesión, de inventarios y avalúos, de administración y la denominada de partición y adjudicación. En el entendido que, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, cada una de las secciones que componen el procedimiento se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. De manera que las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión; aunque excepcionalmente procederá la acción constitucional contra resoluciones que tengan una ejecución de manera irreparable. Cobra aplicación sobre el tema el criterio I.3o.C.439C, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 1546, tomo XIX, enero de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia civil, con registro electrónico 182385 que dice lo siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Así pues, debido a la naturaleza jurídica del procedimiento primigenio y conforme al carácter adjetivo del acto del que se duele la solicitante de amparo, se tiene que la violación procesal hecha valer en la especie ocurrió durante la sustanciación de la cuarta etapa del juicio de origen; por lo que es dable concluir que únicamente será reclamable mediante la promoción del amparo directo contra la resolución definitiva con que concluya la sección en comento. Apoya esta consideración la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 165770, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo". Por tanto, la determinación combatida, no constituye un acto cuya ejecución sea irreparable, dado que al no haberse ordenado la continuación del juicio en su etapa, se trata de una cuestión formal que no se traduce en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; pues el agravio que en todo caso pueda ocasionar dicha violación procesal es susceptible de subsanarse si el sentido de la determinación que resuelva en definitiva el sumario de origen no le resulta favorable a la quejosa. Así pues, será hasta que se emita la determinación que ponga fin a la cuarta sección del juicio natural, cuando la quejosa podrá reclamarla a través de la vía conducente junto con las violaciones procesales que considere tuvieron lugar durante su sustanciación. Se invoca sobre el tema la jurisprudencia IV.2o.J/13 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en la página 538, tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que se transcribe enseguida: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". Y en lo que interesa la tesis de jurisprudencia P./J. 17/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 25, tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". En suma, se concluye que la determinación reclamada no constituye un acto que sea de imposible reparación, por lo cual este juzgado federal reitera que el acto reclamado no actualiza ninguna de las hipótesis de excepción para la procedencia del amparo biinstancial, ya que, como ha sido demostrado, el acto que reclama no afecta de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido por nuestras normas fundamentales, por tratarse de un acto que entraña una violación procedimental del juicio sucesorio; consecuentemente, es claro que no se está ante la hipótesis de procedencia establecida en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la ley de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se reitera, lo procedente es desechar la demanda promovida por Rosa María Armendáriz García. No es óbice para resolver en este sentido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, las examinadas son procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Sin que lo anterior, sea un desataco al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los actos de autoridad deben analizarse hasta el dictado de la sentencia, toda vez que existe jurisprudencia al respecto al cual es obligatoria de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por la promovente... ahora bien, advirtiéndose que la firma que aparece al calce del mismo resulta notoriamente distinta de la que obra asentada en el escrito inicial de la demanda; a fin de acordar lo que en derecho corresponda, se requiere a la promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de distrito, con documento oficial que le identifique, a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta. Asimismo advertida de las penas en que incurre, en términos del artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal y del numeral 261 fracción I, de la Ley de Amparo, a quien faltare a la verdad, a ser interrogado por autoridad judicial. Apercibida de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Notifíquese; personalmente a la promovente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por... contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón; fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 1700/2018-X, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora, a fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que al momento de la notificación o dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, toda vez que se limita a describir el acto. Lo anterior, toda vez que es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Asimismo, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el numeral 110 de la Ley de Amparo, esto es, para el tercero interesado, la autoridad responsable y para el agente del Ministerio Público de la adscripción. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que originó este expediente. De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuarlas. Como lo solicita la promovente, se autoriza en términos del párrafo segundo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a... es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a la promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese por lista a la promovente.
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