Rosa María Hernández Saucedo

Expediente 1408/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1408/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Hernández Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, el cual se agrega únicamente para que obre como legalmente corresponda, lo anterior toda vez que da cumplimiento y ya se cuenta con la pieza postal requerida; en tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado por este juzgado en caso incumplir con el requerimiento en alusión. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de septiembre de dos mil veintitrés. Comprobantes de envío. Se tienen por recibidos los comprobantes de entrega de Estafeta de México, respecto a los oficios 26636/2023 y 26637/2023, por el cual se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. En tales condiciones y en cumplimiento al proveído de cinco de septiembre del presente año, mediante oficio con transcripción del presente proveído, remítanse los mismos al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que fue imposible notificar personalmente a la parte tercera interesada el proveído de seis de septiembre del año en curso, por los motivos que en la misma expone. Notificación por lista. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito para que notifique el referido acuerdo, este proveído, así como los subsecuentes, a la parte tercera interesada, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Promociones. Se tienen por recibidos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa y el oficio que remite la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan que dentro del expediente familiar ********************, del índice de la autoridad promovente, se celebró y ratificó un convenio entre la parte quejosa ******************** y el tercero interesado ********************, con el cual dieron por concluidas las controversias derivadas de la disolución del vínculo matrimonial, las que a su vez motivaron la emisión del acto reclamado; para tal efecto, la responsable remite copias certificadas de dicho convenio y su aprobación. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto lo anterior, se advierte que el citado convenio dejó sin materia el acto reclamado, por lo cual, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". En efecto, el citado numeral dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto o la materia de él. De acuerdo a los elementos que componen dicha hipótesis legal, es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo; esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan dictado el acto cuya constitucionalidad se cuestiona. Asimismo, que la configuración de los efectos legales o materiales del acto reclamado no se puedan lograr a pesar de su subsistencia; esto es, el acto atacado por inconstitucional resulta inoperante en la esfera jurídica del gobernado porque las consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del gobernado quejoso. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto y, por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, que hace imposible que surta efectos legales o materiales. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa ********************, reclama medularmente la resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ********************, del índice del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, con la cual se declara infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desecha por improcedente el incidente de incumplimiento de las prestaciones a las que fue condenado el demandando ******************** dentro del juicio de divorcio ********************, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. En el caso, cabe señalar que de los anexos que en copia certificada remitió la autoridad responsable de mérito, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que la parte quejosa ******************** y el tercero interesado ********************, celebraron un convenio con el fin de resolver las controversias derivadas de la disolución del vínculo matrimonial de los mismos; por tal motivo, la autoridad responsable emitió el acuerdo de uno de septiembre del mismo año, por el cual aprobó en todos sus términos el convenio en alusión, del que aparece que ambas partes terminaron con el conflicto atinente al cumplimiento de las prestaciones del juicio de divorcio ********************, respecto del cual deriva el acto reclamado en el presente asunto. En tales condiciones, este juzgador estima que se actualizan los indicados elementos de la causal en estudio, pues no obstante de que existe la resolución reclamada por la parte quejosa, tal acto no puede surtir ningún efecto legal por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, habida cuenta de que posterior a la emisión de dicho acto reclamado, las partes celebraron convenio con el cual terminaron con el conflicto del proviene la resolución en cuestión, esto es, lo relativo al incumplimiento de las prestaciones atinentes al juicio de divorcio ********************. Es decir, el reflejo de la decisión tomada por la parte quejosa y el tercero interesado, trae como consecuencia para efectos del juicio de amparo que nos ocupa, que el objeto de la resolución reclamada en sí, desapareciera, tanto, que los efectos del amparo, en caso de una eventual concesión, no podrían materializarse puesto que el entorno jurídico que lo motivó ha cambiado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª/J.181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, tomo XXIV, diciembre 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, como criterio orientador, tiene apoyo la tesis 2a. XCVIII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 358, Tomo XII, agosto de 2000, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse". En adición, cabe abundar que la ausencia del objeto apuntado sobrevino por causas ajenas a la autoridad responsable quien no desplegó actuación alguna que vinculara a la comparecencia de las partes, y menos que influyera en la voluntad de éstas, pues ello fue producto de su libre voluntad; de ahí que, se reitera la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, abril de 1998, página 241, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, y que se encuentra visible en las páginas 386 y 387, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a las partes.

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