Rosa Maria Gerardo Tenorio
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosa Maria Gerardo Tenorio
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 184/2022-IV. Puebla, Puebla, siete de marzo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Documento de la quejosa. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar un certificado de gravámenes que adjuntó la quejosa a su demanda de amparo. Sin embargo, ya fue puesto a su disposición con el apercibimiento respectivo, como se desprende del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Por consiguiente, se descarta emitir mayor pronunciamiento al respecto. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 184/2022-IV. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Autorizada de la quejosa pide devolución de un certificado. Se agrega al expediente el ocurso con firma electrónica de *** como autorizada en términos amplios de la quejosa -con evidencia criptográfica de la firma electrónica- mediante el cual solicita la devolución de la documental exhibida con la demanda, consistente en el original de un certificado de gravámenes. Por tanto, se pone a disposición de la quejosa el mencionado documento, y se instruye dejar una copia del mismo en el expediente para debida constancia. Lo anterior, para que lo recoja la quejosa o cualquiera de sus autorizadas, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, cualquiera deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá recoger la quejosa o cualquiera de sus autorizadas, el mencionado documento, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe a la quejosa, que de no comparecer en el plazo señalado, el referido documento que exhibió en este expediente será destruido. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 184/2022-IV. Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa por derecho propio, contra actos de ". AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADCRITA (sic) A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA." (sic) y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende los actos siguientes: a). ".De la autoridad Ordenadora responsable, SE RECLAMA LA ILEGAL ORDEN Y/O OFICIO ."; y b). La ejecución del citado oficio, . Tales actos pretende reclamarlos la quejosa en forma directa, es decir, a partir del conocimiento que tuvo de ellos al momento de recibir el certificado de gravámenes que adjuntó a su demanda. Sin embargo, este resolutor considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, aquélla debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (...)". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 97, en relación con los diversos 10 y 11, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento (.)". "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera". "Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen". De los preceptos legales transcritos se desprende que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos, será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado; y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Lo anterior se traduce en que cualquiera de las partes puede plantear el control judicial en "cualquier momento", esto es, a lo largo del procedimiento; lo que incluye la fase de investigación inicial que, en términos del diverso numeral 211, fracción I, inciso a), del código en mención, comprende desde la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Es así, dado el principio de igualdad que debe imperar entre las partes en el sistema acusatorio penal adversarial, ya que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa; lo que conduce a la posibilidad de que la quejosa, pueda plantear la nulidad de la actuación en cuestión, ahora señalada como principal acto reclamado: el oficio que dispuso la inscripción de una anotación registral en su inmueble. Por consiguiente, si el oficio aquí combatido fue emitido por la agente del Ministerio Público señalada como responsable, durante la indagatoria llevada a cabo en la carpeta de investigación natural, es inconcuso que antes de acudir a esta instancia de amparo, la quejosa estaba en condiciones de plantear la nulidad de dicho oficio mediante el control judicial, esto es, ante el juez de control y en términos de los dispositivos jurídicos en cita. Lo expuesto permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora, que se hayan realizado con violación de derechos humanos podrán nulificarse a petición de parte en cualquier momento y, por ello, deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Entonces, resulta evidente que la quejosa debió agotar el principio de definitividad en mención, antes de instar el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque la quejosa decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de acudir con un juez de control, para que este realice un análisis de la determinación de la agente del Ministerio Público señalada como responsable. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la omisión de la quejosa, en la impugnación del oficio que constituye el principal acto combatido, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Por lo que se sostiene que aquella debe agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque los actos que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal (vía electrónica), acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa el acceso al expediente electrónico y la notificación vía electrónica, con el usuario * Además, ese nombre de usuario se encontró registrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite a la quejosa el acceso al expediente electrónico y la notificación vía electrónica, con el referido nombre de usuario. Por otro lado, se tiene como autorizadas en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas Ingrid Dennis Organista Acua y Mayra Palacios Méndez, porque aquélla les otorgó facultades amplias y se encontró el registro de las cédulas profesionales de las nombradas, en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Comunicación con la quejosa. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, se tiene recibida la dirección de correo electrónico ofrecida por la quejosa. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (vía electrónica); y cúmplase.
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