Rosa Elia Vicencio Herrera

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Rosa Elia Vicencio Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 808/2021-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la promovente del juicio no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se desechó su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se desechó la demanda -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la promovente del juicio. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que tuvo desechada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la promovente inicial por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se desechó en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 808/2021-VIII. Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Lo anterior con motivo de la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Entonces, se puntualiza que el juicio de protección de derechos fue promovido por , contra la autoridad y acto reclamado que se señalan a continuación: Autoridades responsables: , agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres de San Martín Texmelucan, Puebla. Acto reclamado: ? La omisión de formular imputación en contra de , en la carpeta de investigación , por el delito de sustracción de menores. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, se desechará de plano. se ha examinado la demanda de amparo presentada por la quejosa , por derecho propio, y se detectó el reclamo de los actos siguientes: ? La omisión de , agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres de San Martín Texmelucan, Puebla, de formular imputación en contra de , en la carpeta de investigación , por el delito de sustracción de menores (lo que se traduce en la omisión de la fiscalía de solicitar intervención judicial para el desarrollo de la audiencia inicial hasta el ejercicio de la acción penal, esto es, hasta la formulación de la acusación por la representación social). Sin embargo, el acto reclamado por la quejosa a la indicada fiscal especializada, permite visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la omisión de la representación social de solicitar intervención judicial para llevar a cabo la audiencia inicial hasta el ejercicio de la acción penal (que da comienzo con la formulación del escrito de acusación), en la referida carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,4 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la inactividad por falta de respuesta a un escrito sobre actos de investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por la quejosa, contra la omisión de solicitar la intervención judicial para dar comienzo a la audiencia inicial y pedir la comparecencia del imputado para que la fiscalía realice la imputación respectiva y seguir la secuela procesal hasta que la representación social ejerza acción penal, esto es, que el fiscal encargado de ese asunto formule acusación en contra del imputado. Por lo anterior, se indica que es oportuno que la quejosa acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la Constitución Federal). En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de la fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad y falta de solicitud de intervención judicial para llevar a cabo la audiencia inicial hasta el ejercicio de la acción penal (hasta la formulación del escrito de acusación), combatidas en la demanda de protección, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima (en conjunto con sus menores hijas) por los hechos con apariencia de un delito de sustracción de menores, además de que presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta ( ), bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la quejosa a la autoridad responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las omisión atribuidas a la fiscal que señaló como responsable, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, porque el domicilio señalado en el proemio de la demanda, se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, además de que la propia impetrante señala de forma expresa en su escrito de protección, ser notificada a través de la indicada vía (lista). Asimismo, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados en el proemio de la demanda, pues aunque se les pretendieron conferir facultades amplias, no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (por lista); y cúmplase.

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