Rosa María Guzman Bandala
Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosa María Guzman Bandala y Otros.
- José Luis Cruz Guzman
- Rosa María Guzman Bandala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron impugnar el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, que tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Del estado que guardan los autos se advierte el auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, se ordenó la apertura de los cuadernos auxiliares I y II, con motivo de las copias certificadas de la causa penal ++del índice el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. Asimismo, reluce que ya se ordenó el archivo del presente asunto, por encontrase concluido de forma definitiva. Por tanto, resulta innecesario mantener el cuaderno auxiliar II, así que se ordena la devolución a su lugar de origen, sin que resulte necesario a acusar recibido de las mismas, pues solo son copias certificadas. Sin omitir mencionar que en auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó la devolución del cuaderno auxiliar
- Principal
Visa la certificación de cuenta y el estado procesal del presente juicio, se advierte ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, para manifestarse en relación con los actos efectuados para cumplir la ejecutoria de protección por parte del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Por tanto, a pesar de que las partes omitieron expresar argumentos en torno al cumplimiento, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, voy a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables , si la sentencia dictada ha sido cumplida, en otras palabras, si se ha ejecutado lo juzgado. Pues, sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que aquel solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, veo materializado el derecho de acceso a la justicia de Francisco Javier Domínguez Guerrero (en lo subsecuente Francisco Javier), pues el juez responsable ha actuado, en cierto modo, conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia. Veamos: Francisco Javier vio transgredido su derecho a una adecuada defensa porque, a pesar de estar privado de su libertad personal, le fue negada la expedición de copias certificadas de manera gratuita respecto de todo el proceso penal 53/2015. Al negarlas el juez adujo una solvencia económica para afrontar los gastos de las copias y el deber de las partes de erogar ese gasto ante la falta de indicación expresa en ley para el órgano jurisdiccional. Sin embargo, con motivo de la concesión de amparo el juez responsable restituyó a Francisco Javier en el goce de su derecho a una adecuada defensa Hago esa afirmación porque, después de dejar insubsistente su anterior acuerdo, determinó factible expedir de manera gratuita copias certificadas de todo el proceso penal 53/2015 -dos tomos- y ponerlas a disposición del quejoso en su lugar de reclusión. Ello, a pesar de que el juez responsable soslayó precisar las cuestiones de hecho necesarias para tomar su decisión, es decir, la forma en la cual los datos objetivos lo condujeron a advertir una insolvencia económica por parte del quejoso y arribar a la expedición de todas las constancias sin generar un impacto considerable en su funcionamiento. Pues, al asumir la responsabilidad de autorizar la expedición de todas las constancias de manera gratuita y, además, considerar imperioso ponerlas a disposición del quejoso en su lugar de reclusión en vez de dárselas a sus defensores particulares, hizo suyos los razonamientos vertidos, al respecto, en el fallo protector. Es más, dijo necesario expedirlas sin supresión de datos personales para respetar el derecho a una defensa adecuada. Luego, pese a no manifestarlo de manera expresa, debe considerarse que en su determinación está inmersa una construcción racional donde se constataron los datos facticos para sostenerla. Ante tales circunstancias, la decisión del juez responsable restituye a Francisco Javier en el goce de su derecho a una adecuada defensa -considerado violado en la sentencia de amparo-. Porque, ahora al tener a su disposición las copias certificadas del proceso penal esta en aptitud para preparar una defensa adecuada para sostener su postura en torno a los hechos imputados. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, determino cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero, si Francisco Javier llegara a estar inconforme con mi decisión de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, le informo tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) En audiencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho se dictó la sentencia relativa a éste juicio de amparo (fojas 249 a 262); b) Mediante acuerdo de tres de abril del año en curso, alcanzó el rango de ejecutoria (fojas 285 y 286); c) La autoridad judicial señalada como responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 290); d) El seis de abril siguiente, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio 1918/2018, por el cual dicha autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. e) En esta data (dieciocho de abril de dos mil dieciocho) se declara cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por los quejosos ****, ambos por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Centro, con sede en la ciudad de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades en las denominaciones de las autoridades responsables, lo cual obliga a requerir la correspondiente aclaración. Para demostrarlo, se hace notar el señalamiento formulado por los quejosos contra las autoridades siguientes: - Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número uno, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número dos del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número tres del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número cuatro del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número cinco del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Director Atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, - Director de los Agentes Estatales de Investigación del Estado de Puebla. Tales denominaciones resultan imprecisas conforme a los datos que se han obtenido en diversos juicios de amparo y el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla -los cuales resultan un hecho notorio para este juzgado-. En particular, se hace notar que la autoridad responsable señalada como Director Atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, tiene una denominación ambigua porque dentro de esa fiscalía existen diversos agentes del Ministerio Público. Mientras que las demás autoridades transcritas (de las mesas 1 a 5) resultan inexistentes en las denominaciones citadas por el quejoso. Lo cual imposibilitará la notificación a las citadas autoridades -ordenadoras- como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado las mencionadas, pero han terminado en sobreseimiento por la falta de una responsable concreta. Además, se hace notar que el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone a los quejosos la obligación de señalar a las autoridades responsables en forma concreta. De ahí la necesidad de que los quejosos aclaren la denominación de las citadas autoridades, a fin de que puedan ser notificadas con sus denominaciones correctas y actuales. Lo cual de ninguna forma pueden subsanar los órganos jurisdiccionales, porque esto implicaría rebasar los límites de la suplencia de la queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúen bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: Proporcionen la denominación correcta de las autoridades que señalaron como: Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número uno, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número dos del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número tres del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número cuatro del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa número cinco del Distrito Judicial de Puebla, adscrito como Agente Investigador en atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Director Atención a Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 1. Proporcionen la denominación correcta de la autoridad que señalaron como: Director de los Agentes Estatales de Investigación del Estado de Puebla (sic), o indiquen si pretendieron referirse al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. 2. Indiquen los actos reclamados a las autoridades responsables en sus denominaciones correctas. Se hace saber a los quejosos que al desahogar el requerimiento anterior, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a los quejosos que la prevención anterior, habrá de evitar que se les deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes) y también asegurará una delimitación correcta de la suspensión, para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. También se les requiere para que en el escrito aclaratorio, designen un representante común en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo; y se les apercibe que de omitir hacerlo, se asignará ese carácter al primero que aparece en la demanda. Por otra parte, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla); y queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ****, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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