Rosa Laura García Rosales

Expediente 983/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Rosa Laura García Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 983/2017-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno ese mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, y otras autoridades de quienes reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras que son: C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, JUEZ SEGUNDO DEL LO CIVIL TODOS Y CADA UNO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS DE ESTA CIUDAD Y CONOCIDAS COMO COMO JUZGADOS CIVILES TRADICIONALES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS DE ESTA CIUDAD se reclama el remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad. Decretada a favor de la institución bancaria *******, así como la totalidad de las actuaciones del juicio especial hipotecario bajo el número de expediente ******* promovido por el tercero interesado *******. B) De la autoridad señalada como responsable ejecutora OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, se reclaman las ilegales notificaciones que se practicaron en el juicio hipotecario, así como en el desalojo que pretenden realizar en perjuicio de la suscrita, en el domicilio identificado en *******, de esta ciudad. QUE DICHOS OFICIALES Y MINISTROS EJECUTORES PRETENDEN EJECUTAR EN MI CONTRA. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 983/2017, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: De los Jueces Segundo y Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, decretado a favor de *******, así como todas las actuaciones del juicio hipotecario radicado ante dicha autoridad bajo el expediente *******, promovido por dicha institución bancaria. Del Jefe de la Oficina Central de Notificaciones y Ministros Ejecutores, así como de los Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, las notificaciones que se practicaron en ese juicio hipotecario, así como el desalojo que pretenden realizar en el referido domicilio, en perjuicio de la quejosa. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe con justificación por el Juez Quinto de lo Civil de ese distrito Judicial aceptó la existencia de los actos reclamados. Ante esa cuestión, es preciso establecer que de la copia certificada del juicio especial hipotecario ******* del que derivan los actos reclamados, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, día señalado para la celebración de la audiencia de remate de primera almoneda, el Juez Segundo de lo Civil asentó que del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete publicado el once de octubre de ese mismo año, se otorgó competencia en materia de oralidad a algunos Jueces del Distrito Judicial Bravos y en virtud de lo anterior, le fue remitida la carga de trabajo del Juzgado Quinto de lo Civil de ese distrito judicial, por lo que dicho Juzgado Segundo de lo Civil asumió la competencia del trámite del referido expediente *******, conservando el mismo número de identificación a efecto de seguirlo tramitando por sus fases procesales; de ahí que resulte la inexistencia de los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. En atención a lo anterior lo que se impone es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte SCJN, Segunda Sección, materia común, página 305, del tenor: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado manifestó que son falsos los actos reclamados, porque después de realizar una búsqueda en los archivos y demás asientos de ese juzgado no encontró caso alguno que contenga los actos reclamados y seguramente era ante otra autoridad que se venía ventilando ese asunto; sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, por Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete publicado el once de octubre de ese mismo año, se otorgó a ese Juzgado competencia para seguir conociendo del trámite del expediente *******, relativo al juicio especial hipotecario promovido por el ******* apoderado de *******, en contra de la aquí quejosa; de ahí que resulten ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Por su parte los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, expusieron que son ciertos los actos reclamados, ya que el dos de diciembre de dos mil nueve, se ordenó correrle traslado al demandado para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación, se presentara al juzgado a contestar la demanda entablada en su contra, por lo que el actuario Héctor Ornelas Valles dio cumplimiento al mandato el veintisiete de enero de dos mil diez. Ahora, de las constancias que remitió el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, para corroborar su dicho, consistentes en copia certificada del expediente de origen, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se desprende que los actos reclamados a dichas autoridades son ciertos, esto es, las actuaciones del juicio hipotecario radicado bajo el expediente número ******* tendientes a su ejecución, ya que mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia pública de remate en primera almoneda del bien inmueble motivo del presente amparo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Antes de entrar al estudio del fondo del asunto, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferencial, debe examinarse lo relativo a la procedencia del amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, el suscrito juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción V, y el 117, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, los numerales en cita, enuncian lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de causales de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior". 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De acuerdo con la disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada, puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé su artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación a contario sensu del artículo 107, fracción V, de la citada legislación de la materia. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P. /J. 7/98, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1998, tomo VII, Novena Época, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por su parte, la institución del tercero extraño, ajeno, ignorado o no llamado a juicio, tiene como características las siguientes: a) No haber figurado como parte en sentido material (sea en un juicio o procedimiento). b) Sufrir un perjuicio durante la secuela procesal o en su ejecución. c) Que desconozca las actuaciones relativas; y, d) No haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa. Ahora bien, en la especie, cabe precisar que la quejosa se ostentó como tercera extraña en el juicio de origen; sin embargo, el suscrito juzgador considera que, a la peticionaria de amparo, no le asiste tal carácter. Ello es así, porque la solicitante de amparo *******, compareció al Juicio Especial Hipotecario *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Bravos Chihuahua, antes Juzgado Quinto; seguido en su contra, por *******, por escrito que presentó el cuatro de febrero de dos mil diez, ante el Juez responsable a contestar la demanda, la que por acuerdo de diez de ese mes y año se le tuvo por contestada (fojas 70 a 75). En efecto, con la anterior intervención que tuvo la quejosa al juicio de origen del cual emanan los actos reclamados, origina que no tenga el carácter de persona extraña, por integrarse a la relación jurídico procesal, lo que implica que estuvo en posibilidad de defenderse; consecuentemente, la peticionaria de amparo se incorporó al procedimiento, y estuvo en posibilidad de impugnar, las demás actuaciones tramitadas en el juicio. Con lo anterior, se desvirtúa el carácter de tercera extraña con el que se pretende promover el presente juicio de amparo, pues como quedó demostrado que la quejosa *******, compareció al procedimiento; por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada con anterioridad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 12/2000-PL, Materia Común, visible a página 93, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. No obstante lo anterior, igual pronunciamiento debe hacerse con relación al acto reclamado consistente en las notificaciones que se practicaron en el juicio, pues al haber quedado desvirtuado el carácter de tercera extraña al juicio de origen, no puede desconocer en la instancia constitucional la vinculación voluntaria que tiene en el juicio de origen y a las normas que lo rigen, por lo que si no fue debidamente notificada, debió agotar los medios extraordinarios en contra de dichas actuaciones. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia IV.1o.C. J/8. emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, página 1764, julio de 2010, en materia común, de la novena época, cuyo rubro y texto es: DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO. LA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO CUANDO ES INCORPORADA A LA RELACIÓN PROCESAL, POR HABÉRSELE CONTESTADO UNA PROMOCIÓN. Cuando una persona extraña a un juicio comparece a éste y formula una petición la cual es formalmente repulsada por el Juez, pero con base en razones que atañen al fondo de la cuestión planteada, tales estimativas integran al promovente a la relación procesal, pues el juzgador no se limitó a repudiar esa pretensión, sino que de facto atendió lo solicitado; circunstancia que lo legitima para impugnar esas consideraciones a través de los medios ordinarios de defensa procedentes. Así, la procedencia del juicio de amparo está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. También se cita la tesis I.1o.C.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 436 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época registro 213627, que dice: TERCERO EXTRAÑO. ESTA OBLIGADO A AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, SI SE SOMETIO A LAS REGLAS DEL JUICIO NATURAL. Cuando una persona que se ostenta como tercera extraña al juicio, interpone el recurso de apelación extraordinaria debe considerarse que se sometió al procedimiento y a las normas que lo rigen, por lo que adquiere la obligación y está en posibilidad legal de combatir el acuerdo que le desecha ese recurso, mediante el diverso de queja, previsto en la fracción III, del artículo 723, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dado que dentro del mismo juicio se contempla tal recurso ordinario, por virtud del cual puede ser modificado o revocado el acto reclamado, que desechó la apelación extraordinaria. Luego, si como se demostró, la quejosa se encontraba legitimada para impugnar las notificaciones realizadas en el juicio especial hipotecario ******* a través de los medios ordinarios de defensa procedentes, al no hacerlo, se tiene que no agotó el principio de definitividad previo a la instauración del juicio constitucional; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. Además, respecto las actuaciones tendentes al remate y adjudicación, específicamente aquel en el que se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble en litigio, ubicado en *******, en esta ciudad, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del invocado artículo 61 de la citada ley reglamentaria, que es del contenido literal siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Este en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que es del siguiente texto: 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]. Lo anterior es así, dado que como se expuso anteriormente de las copias certificadas del juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; seguido en contra de la hoy quejosa *******, del que emanan los actos reclamados, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la peticionaria de amparo es parte demandada en el procedimiento de origen, quien compareció a contestar la demanda por escrito que presentó el cuatro de febrero de dos mil diez, ante el Juez responsable, acordado en proveído de diez de ese mismo mes y año (fojas 70 a 75) y, por tanto, no tiene el carácter de tercero ajeno al procedimiento de origen. Bajo ese contexto, resulta evidente que el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble litigioso, en el Juicio Especial Hipotecario *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate de dicho juicio, puesto que conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la "última resolución" es aquélla que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados". De acuerdo con lo anterior, en el caso, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se requiere impugnar la última resolución dictada por la autoridad responsable en la que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En la inteligencia de que cuando se dicte el auto en el que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, la quejosa estará en aptitud de combatir todas las violaciones a que hacen referencia en esta instancia constitucional, pues ese proveído será la última resolución dictada en el procedimiento, no así el auto que señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble litigioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.C. J/2 K (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diecinueve de febrero de dos mil dieciséis a las diez horas con quince minutos, Materia Común, del siguiente tenor: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones. También resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1738 del siguiente contenido: REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Así las cosas, al estar demostrado que el auto que señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia pública de remate en primera almoneda del inmueble litigioso, fue dictado en el procedimiento de remate y que no constituye la última resolución que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; considerando que el juicio de amparo indirecto, tratándose del procedimiento de remate, solo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte agraviada, resulta inconcuso que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la XXIII del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del ordinal 107 de dicho ordenamiento legal. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Ampro, se decreta el sobreseimiento del presente asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuido a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que, decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de la autoridad ordenadora, debe también decretarse respecto de aquellas que solo tienen el carácter de ejecutora, porque debiendo sobreseerse en cuanto a aquél, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 231, en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Ahora bien, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 983/2017-III promovido por ******* respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *********, Secretaria de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe. *********

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano