Rosa Isela Ríos

Expediente 57/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
57/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Rosa Isela Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora, de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes, en el presente juicio, interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución referida en el párrafo que antecede, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo 57/2020-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el treinta de enero de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 57/2020-III y se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, y; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión atribuida a una autoridad judicial y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la omisión de remitir el expediente *******, de su índice, a la alzada a efecto de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, celebrada dentro del citado procedimiento. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende que éste fue omiso en manifestar respecto de la certeza del acto que le fue reclamado; sin embargo, de las manifestaciones que realiza en el propio informe se desprende la existencia de la omisión de remitir los autos del juicio *******, de su índice, al tribunal de alzada a efecto de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo antes expuesto, se tiene por cierto el acto reclamado a la referida autoridad. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la omisión de remitir el expediente *******, de su índice, al Tribunal de alzada a efecto de que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, celebrada dentro del citado procedimiento. Sin embargo, del oficio *******, que en copia digitalizada de su original, remitió el Juez responsable, se advierte que, según sello de recibido de la OFICIALÍA DE TURNOS SEGUNDA INSTANCIA DISTRITO BRAVOS, el veintitrés del mes y año en curso, fueron remitidos los autos originales, en dos tomos, del expediente *******, al Tribunal de alzada a efecto de que se diera trámite el recurso de apelación promovido por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, celebrada dentro del procedimiento en cita. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la responsable mediante oficio *******, recibido en la Oficialía de Turnos Segunda Instancia del Distrito Judicial Bravos, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, según sello que obra en dicha documental, remitió los autos originales, en dos tomos, del expediente *******, al Tribunal de alzada a efecto de que se diera trámite al recurso de apelación promovido por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, celebrada dentro del procedimiento en cita, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tiene por efecto precisamente el obligar al Juez responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, remitir los autos originales del expediente *******, al Tribunal de alzada a efecto de que se le diera trámite al recurso de apelación promovido por la parte demandada en contra de la audiencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, celebrada dentro del procedimiento en cita, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en relación con el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por los motivos expuesto en el diverso tercero. Notifíquese; haciéndolo vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista otorgada al quejoso con la documental remitida por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada de lo actuado dentro del juicio Especial Hipotecario *******, en auto de catorce del mes y año en curso y la fecha de celebración de la audiencia constitucional. Ahora, vista la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, en atención a lo señalado en el párrafo que antecede, se advierte la imposibilidad para su celebración; en consecuencia, se difiere la citada audiencia y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de febrero dos mil veintiuno, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de la documental en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes en relación a las mismas. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se tiene que ha fenecido el plazo de suspensión de plazos y términos establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Secretaría de las Comisiones de Receso y Especial, que precisó que los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, retrocedieran al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19. En este sentido, toda vez que el veintidós de diciembre de dos mil veinte se decretó la suspensión del presente asunto, al no encontrarse en los supuestos previstos por el dispositivo 4º del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como que de conformidad con los diversos Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, deben ser reanudados todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo de contingencia, a partir del punto en que se suspendieron, pero no se reiniciarán los plazos respectivos, para lo cual, en el caso concreto, dicha continuación de plazos entrará en vigor, hasta en tanto se notifique a las partes la nueva fecha que se señale para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se señalan las TRECE HORAS DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de once de enero del presente año, este Juzgado Federal se reservó a acordar respecto al oficio 01/2021, signado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, en consecuencia, se acuerda: téngase a la autoridad de referencia dando cumplimiento a lo solicitado por este Tribunal mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y remite copias certificadas de lo actuado dentro del juicio Especial Hipotecario *******, las que se tienen por exhibidas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita; dése vista a las partes con el contenido de éstas, para los efectos legales conducentes. Por otra, parte se ordena agregar únicamente para que obre como legalmente corresponda a los autos el oficio y anexos de cuenta signados por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, toda vez que en el párrafo que antecede, se acordó lo conducente. Notifíquese, mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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