Rosa Isela Duarte Hernández

Expediente 442/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
442/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Rosa Isela Duarte Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.*lh

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 442/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El nueve de julio de dos mil dieciocho, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ****************. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: ***** 4.- ACTOS RECLAMADOS. De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral expediente 714/2010. ***** SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estima violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 442/2018-III; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje consiste en: La denegatoria de justicia dentro de los autos del juicio laboral 714/2010, consistente en la falta de desahogo de las pruebas aportadas por las partes. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Se desvirtúa la negativa del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, negó la existencia de la omisión atribuida; sin embargo, tal negativa se desvirtúa con la manifestación que hizo al rendir su informe justificado y con las constancias que anexó al mismo. Ello, porque si bien refirió que de los autos del juicio laboral 714/2010, se advierte que el diez de julio de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo a fin de impulsar el procedimiento, en el que ordenó girar de nueva cuenta "oficio exhorto" recordatorio a la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para solicitarle que en auxilio de las labores de ese tribunal, coadyuvara en el desahogo de diversas probanzas ofrecidas por la parte demandada, porque a esa fecha no se había tenido respuesta favorable por parte de esa Junta; y que además giró un exhorto recordatorio en la fecha en que suscribió el informe justificado, por lo que si bien es cierto que no se ha dado el desahogo de las pruebas antes mencionadas, no menos cierto es que ha hecho todo lo legalmente posible para que la diversa Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje desahogue el mencionado exhorto. Empero, de las constancias que anexó se advierte que ordenó el desahogo de las pruebas referidas desde el trece de enero de dos mil dieciséis (foja 40), sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (nueve de julio de dos mil dieciocho), se lograra su desahogo y cierre de instrucción, lo cual hizo hasta el quince de octubre de dos mil dieciocho, por lo antagónicamente a lo que aduce la autoridad responsable, es evidente el retraso en la impartición de justicia en perjuicio de la parte quejosa, con lo cual se desvirtúa la negativa del acto reclamado, por lo tanto, existe y se tiene por cierto. Lo anterior, se acredita con las constancias con firmas autógrafas que la responsable anexó a su informe justificado, relativas al juicio laboral 714/2010, así como con la copia certificada del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, que anexó al oficio con el que se dio cuenta en la presente audiencia, en el que declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral al no quedar pruebas por desahogar; documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, aplicada en sentido contrario la jurisprudencia VI. 2o. J/20 aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Materia Común, visible en la página seiscientos veintisiete del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, de las constancias con firmas autógrafas que anexó a dicho informe y de la copia certificada del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, que anexó al escrito con el que se dio cuenta, todos derivados del juicio laboral 714/2010, se advierte que en el caso, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante auto de quince de octubre del presente año, la junta responsable declaró que no quedan pruebas por desahogar y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, cerró la instrucción en el juicio laboral 714/2010, de su índice; documentales valoradas en párrafos precedentes, las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues ha cesado la denegatoria de justicia que reclamaba el quejoso en el juicio laboral mencionado, pues al no existir pruebas pendientes por desahogar, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción, pasando los autos al Auxiliar de la junta para que proceda a la emisión del laudo correspondiente, por tanto, al existir elementos de prueba que desvirtúan lo alegado por el quejoso, lleva a considerar que fue restituido en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Ello, pues no se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo anterior, el presente juicio de amparo se limitó al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, esto es a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que se proyecte a etapas posteriores, ya que de persistir el retraso u omisión en el trámite del procedimiento laboral, ello deberá ser materia de un nuevo juicio de amparo. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************, respecto del acto y autoridad que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************, hasta el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 442/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El nueve de julio de dos mil dieciocho, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ****************. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: ***** 4.- ACTOS RECLAMADOS. De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral expediente 714/2010. ***** SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estima violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 442/2018-III; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje consiste en: La denegatoria de justicia dentro de los autos del juicio laboral 714/2010, consistente en la falta de desahogo de las pruebas aportadas por las partes. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Se desvirtúa la negativa del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, negó la existencia de la omisión atribuida; sin embargo, tal negativa se desvirtúa con la manifestación que hizo al rendir su informe justificado y con las constancias que anexó al mismo. Ello, porque si bien refirió que de los autos del juicio laboral 714/2010, se advierte que el diez de julio de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo a fin de impulsar el procedimiento, en el que ordenó girar de nueva cuenta "oficio exhorto" recordatorio a la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para solicitarle que en auxilio de las labores de ese tribunal, coadyuvara en el desahogo de diversas probanzas ofrecidas por la parte demandada, porque a esa fecha no se había tenido respuesta favorable por parte de esa Junta; y que además giró un exhorto recordatorio en la fecha en que suscribió el informe justificado, por lo que si bien es cierto que no se ha dado el desahogo de las pruebas antes mencionadas, no menos cierto es que ha hecho todo lo legalmente posible para que la diversa Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje desahogue el mencionado exhorto. Empero, de las constancias que anexó se advierte que ordenó el desahogo de las pruebas referidas desde el trece de enero de dos mil dieciséis (foja 40), sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (nueve de julio de dos mil dieciocho), se lograra su desahogo y cierre de instrucción, lo cual hizo hasta el quince de octubre de dos mil dieciocho, por lo antagónicamente a lo que aduce la autoridad responsable, es evidente el retraso en la impartición de justicia en perjuicio de la parte quejosa, con lo cual se desvirtúa la negativa del acto reclamado, por lo tanto, existe y se tiene por cierto. Lo anterior, se acredita con las constancias con firmas autógrafas que la responsable anexó a su informe justificado, relativas al juicio laboral 714/2010, así como con la copia certificada del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, que anexó al oficio con el que se dio cuenta en la presente audiencia, en el que declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral al no quedar pruebas por desahogar; documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, aplicada en sentido contrario la jurisprudencia VI. 2o. J/20 aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Materia Común, visible en la página seiscientos veintisiete del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, de las constancias con firmas autógrafas que anexó a dicho informe y de la copia certificada del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, que anexó al escrito con el que se dio cuenta, todos derivados del juicio laboral 714/2010, se advierte que en el caso, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante auto de quince de octubre del presente año, la junta responsable declaró que no quedan pruebas por desahogar y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, cerró la instrucción en el juicio laboral 714/2010, de su índice; documentales valoradas en párrafos precedentes, las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues ha cesado la denegatoria de justicia que reclamaba el quejoso en el juicio laboral mencionado, pues al no existir pruebas pendientes por desahogar, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción, pasando los autos al Auxiliar de la junta para que proceda a la emisión del laudo correspondiente, por tanto, al existir elementos de prueba que desvirtúan lo alegado por el quejoso, lleva a considerar que fue restituido en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Ello, pues no se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo anterior, el presente juicio de amparo se limitó al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, esto es a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que se proyecte a etapas posteriores, ya que de persistir el retraso u omisión en el trámite del procedimiento laboral, ello deberá ser materia de un nuevo juicio de amparo. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************, respecto del acto y autoridad que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************, hasta el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio MA-2179/2018, signado por la Auxiliar de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Chihuahua, y anexo; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, y al efecto remite copia certificada de los acuerdos y diligencias solicitadas por la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, respecto de la inspección ocular ofrecida por la parte demandada. En ese sentido, con copia del oficio y anexo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días computados legalmente, informe el trámite realizado a los oficios que se le remiten, si se encuentran pruebas pendientes por desahogar o en su caso si cerró la etapa de instrucción en el juicio laboral 714/2010 de su índice, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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