Rosa Hernández Huerta

Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
23/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Rosa Hernández Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el veintiséis de enero del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de doce de enero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de doce de enero de dos mil veintidós, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Hernández Huerta, contra actos del Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruíz Cortines", con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 23/2022. PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL Del análisis de la demanda y sus anexos se advierte que la directa quejosa Rosa Hernández Huerta, cuenta con cuarenta y siete años de edad. Lo anterior, tomando en consideración de la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, exhibida como medio probatorio; a la cual se le concede valor probatorio indiciario; la cual adminiculada junto con el recibo de pago de nómina que se exhibe, con folio y número de serie del certificado del Servicio de Administración Tributaria, que a su vez contiene sello digital del CFDI, cadena Original del complemento del Certificación digital del Servicio de Administración Tributaria, sello digital, así como un código QR, expedido el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a favor de la aquí quejosa, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual se le concede pleno valor probatorio, se advierte del Registro Federal de Contribuyentes y Clave CURP que la quejosa nació el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y tres. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional. Al efecto, resulta necesario dejar establecido con base en el contenido del escrito de demanda, en qué se hace consistir el acto reclamado al Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruíz Cortines", con residencia en Veracruz, Veracruz, el cual es dable dejar establecido como la violación al derecho humano a la salud, al negarle la autoridad que señala como responsable la aplicación de la vacuna contra el virus COVID-19, lo cual considera la promovente como un acto de discriminación laboral. Lo anterior, bajo la óptica de la peticionaria de amparo, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se desempeña como trabajadora activa del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el puesto de auxiliar de enfermera, adscrita al área de traumatología, con una antigüedad de más de veinte años; así como que se encontraba bajo resguardo domiciliario por efecto de la suspensión otorgada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de amparo 212/2020. Agregando que el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, fue notificada por lista de acuerdos que el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 212/2020 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, fue desechado; señalando que días previos a ello, presentó síntomas del virus SARS-Cov2 (COVID-19) por lo que acudió a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se practicó una prueba particular que el uno de diciembre pasado, confirmó el resultado positivo, lo cual la imposibilitó para regresar a su fuete laboral, resaltando que no se encuentra vacunada contra el citado virus causante del problema de salud mundial. Refiriendo que el diez de enero de dos mil veintidós, acudió a su centro de trabajo, en donde le negaron el acceso, así como la aplicación de la vacuna contra el citado virus, no obstante que acreditó que contaba con un resultado positivo de haber sido contagiada del virus en cuestión, lo cual dice pone en riesgo su salud y su vida, y por ello, se trastoca su acceso al derecho humano a la salud.Importa precisar que tales manifestaciones constituyen una confesión de su parte que hace prueba plena en su contra, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito estima se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 6° de la Ley de Amparo, que disponen: ... De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que la quejosa reclama violaciones a su derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4° Constitucional, por parte de la autoridad que señala como responsable, con motivo de la no aplicación de la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19; al cual pretendió acceder como personal médico, lo cual no se desconoce por el suscrito ya que las autoridades sanitarias federales habilitaron el sitio de internet https://coronavirus.gob.mx/ para la difusión de material especializado de consulta y política pública, y en esta página web se publicó el Documento Rector que contiene la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARSCoV-2 para la prevención de la COVID19 en México, en el cual se estableció la clasificación del personal de salud, como categoría de priorización para ser incluido de forma ordenada en el proceso de vacunación. No obstante ello, con independencia de que la quejosa se desempeñe como enfermera dentro del sector salud; resulta innegable que al día de hoy cuenta con cuarenta y siete años de edad, por lo que, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Documento Rector que contiene la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARSCoV-2 para la prevención de la COVID19 en México, la quejosa se encontró en aptitud de acceder por sí misma, a su registro en la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, dentro de grupo etario que le correspondía, que fueron vacunados entre los meses de mayo y junio de dos mil veintiuno. Al respecto, del contenido de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la COVID-19 en México, se obtiene que la logística de un programa de vacunación tomando en cuenta la diversidad de vacunas potencialmente disponibles a nivel mundial representa un gran reto que requiere de la expansión de la infraestructura nacional existente, tanto física como operativa para implementar una estrategia de inmunización en la que intervienen factores que varían entre las diferentes vacunas disponibles; como ejemplo de ello, la cadena de frío (ultra congelación vs. congelación/refrigeración) y los esquemas de aplicación (una vs. dos o más dosis). Se precisa que una mayor factibilidad de aplicación para vacunas que requieren ultracongelación, las zonas urbanas, mientras que para las vacunas que solo requieren congelación y/o refrigeración para regiones rurales y en cuanto a esquemas (una vs. dos o más dosis), se requiere considerar la posibilidad de tiempos distintos de acuerdo con cada vacuna entre la primera dosis y el refuerzo, en caso de que así se requiera, además, existe mayor dificultad de completar esquemas que requieren más de una dosis de vacuna en personas que viven en regiones de más vulnerabilidad geográfica. Se aprecia que, por tanto, la vacunación se estableció por etapas, iniciando la etapa 1 en diciembre de 2020, en donde la primera vacuna disponible en México y en el mundo, fue desarrollada en una de plataforma novedosa de ARN mensajero con requerimientos especiales de almacenamiento a -70ºC, con vida útil de cinco días a temperaturas entre 2ºC a 8ºC y de seis horas una vez que se reconstituye. Se precisó que para el segundo trimestre del año se esperaba contar con vacunas con condiciones de mantenimiento más manejables, que no requirieran de ultracongelación, lo que permitiría llevar las vacunas a áreas con mayor dificultad de acceso y menor riesgo de almacenaje y logística. Se previó contar con una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, siendo las siguientes: Etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados. Se estableció que la primera etapa de vacunación (de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mi veintiuno) sería la más complicada, pues a nivel mundial era la primera vez que se utilizaría una vacuna que requiere de ultracongelación a -70ºC (-20ºC a -80ºC). Se indicó que de las compañías con las que México formalizó la adquisición de vacunas, la de PfizerBioNTech fue la primera en lograr autorización sanitaria por lo que de acuerdo con sus requerimientos de conservación y manejo se realizó la planeación de esta etapa, contándose con el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional, montándose células de vacunación en instalaciones militares y civiles para cubrir la meta. Se expuso que la Ciudad de México y el estado de Coahuila se eligieron para poner en marcha esta primera etapa y que a su vez funcionarían para la calibración de la estrategia, incluyéndose en esta fase inicial al Estado de México, Querétaro y Nuevo León y que a partir del doce de enero del dos mil veintiuno, con las siguientes entregas programadas, se amplió la estrategia al resto del país, inmunizando al personal de atención directa a pacientes con COVID-19 en las unidades hospitalarias que constituyen la red de hospitales que atienden personas con infección respiratoria aguda grave (Red IRAG). Se señaló que esta primera fase de implementación de la vacunación fungiría como capacitación en campo y ajustes de logística para incrementar la fuerza de tarea de vacunación que implementará el programa completo de vacunación en el que se pretende inmunizar al menos al 70% de las personas en México en los próximos quince meses. En relación a la etapa dos, comprendida de febrero a abril del dos mil veintiuno, se determinó incluir al resto de personal de salud de todo el país, e iniciar la vacunación de las personas mayores de ochenta años, estimada en 2,035,415 (dos millones treinta y cinco mil cuatrocientos quince) personas, posteriormente a las personas de setenta a setenta y nueve años estimada en 4,225,668 (cuatro millones doscientos veinticinco mil seiscientos sesenta y ocho) y para cerrar esta etapa de la estrategia con las personas de sesenta a sesenta y nueve años siendo 8,199,671 (ocho millones ciento noventa y nueve mil seiscientos setenta y un personas, para cerrar la etapa dos de la estrategia con un total aproximado de quince millones de personas. Para esta segunda etapa se estableció por instrucción presidencial una estrategia federal denominada "Operativo Correcaminos", cuyo objetivo fue lograr la cobertura de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos. Se consideró más de diez mil puntos de vacunación en las treinta y dos entidades federativas del país, integrándose brigadas de doce miembros, que contemplan a treinta mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario (en caso de requerirse) en donde se precisó que se iniciaría inmunizando a tres millones de personas adultas mayores que residen en áreas rurales y gradualmente continuar a ciudades de pequeño y mediano tamaño hasta llegar a las áreas metropolitanas y completar la meta para esta etapa. Respecto a las etapas 3, 4 y 5 de la estrategia de vacunación, a partir de abril de dos mil veintiuno -siendo la cuarta etapa en la que se ubica la parte quejosa- se estableció que se contaría con todas las demás vacunas de acuerdo con su disponibilidad y la solicitud de autorización para su uso en México que realizaran las casas farmacéuticas a la Cofepris, con la etapa 1 se habrá ajustado la logística de vacunación con tan particular tipo de vacuna y que el resto de los esquemas a aplicar con otras vacunas como pueden ser CanSino y AstraZeneca, tendrían una logística diferente y más armonizada al programa de vacunación universal dadas las características de refrigeración de las vacunas de fabricación mediante plataformas convencionales, pues estas se deben mantener entre 2ºC y 8ºC en refrigeración convencional de biológicos. Se indicó que una vez que se empezara a recibir otro tipo de vacuna, la estrategia de vacunación implicaría grandes retos, por lo que ésta podría adaptarse a los distintos requerimientos de logística que pudieran tener las vacunas, estableciendo que ante la situación de las vacunas utilizadas en estas primeras etapas de la inmunización contra COVID-19 son productos nuevos que tendrán una aprobación de uso de emergencia. De lo anterior expuesto, se obtiene que la quejosa, con independencia de ser personal sanitario, pero se mantuvo en resguardo domiciliario hasta el mes de diciembre de dos mil veintiuno, por efecto de la suspensión de plano concedida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de amparo 212/2020, con lo cual quedó relevada de acudir a su fuente laboral; lo cierto, es que resulta incuestionable que estuvo en posibilidad de acceder por sí misma, a registrarse en la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, dentro de su grupo etario, ubicado en la cuarta etapa de vacunación. No obstante que correspondía por razón de orden la aplicación de la vacuna, durante los meses de mayo y junio de dos mil veintiuno, no menos resulta verdad que actualmente el registro oficial se encuentra abierto para los grupos rezagados. Ahora bien, precisa resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus estudios sobre el tema, ha sostenido que tratándose del principio de igualdad y no discriminación, cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Sin embargo, también ha precisado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 9/2016 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. Así, en un enfoque de salud pública desde su contexto social, no puede decirse que el esquema inicial y actual de las políticas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, esté discriminando o pasando por alto a la quejosa como personal de la salud, sea que se encuentre en alguno de los tres grupos conocidos como "de primera línea" establecidos en el Documento Rector oficial autorizado por las autoridades de salud federal; pues la propia Política Nacional rectora de vacunación la posicionó dentro del grupo etario que pudo y puede acceder a su vacunación, cuya fase se contempló para los meses de mayo y junio pasados. Así resulta que la demanda de amparo presentada por Rosa Hernández Huerta, es improcedente, por no causarle una afectación real y actual en su esfera jurídica; por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 5° y 6° de la Ley de Amparo; se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo Raúl Lucía Ibarra, Juan Faustino Villegas Cobos y José Roberto Ferrer Cabrera, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su respectiva cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana, y únicamente como autorizada para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a la restante persona que señala en su escrito de demanda; dado que no se encuentra registrada su cedula en el referido Sistema. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.

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