Rosa Elvira Vázquez Villareal
Expediente 890/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Elvira Vázquez Villareal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el presente asunto, y por otra se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Rosa Elvira Vázquez Villareal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Rosa Elvira Vázquez Villareal por propio derecho promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; y 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta (fojas 2 a 11). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar al tercero interesado José Luis Ruíz Ortiz; sin tramitarse incidente de suspensión (fojas 13 a 16). TERCERO. Trámite. Por lista de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado José Luis Ruíz Ortiz, sin que haya comparecido a juicio (fojas 23). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causal de improcedencia (fojas 24, así como cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 28). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la resolución de un tribunal civil emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en un juicio ordinario civil, impugnable en amparo indirecto, pues a su decir, transgrede el derecho fundamental de legalidad. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con su anexo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, de su índice que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada. (resolución que se notificó a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por comparecencia, fojas 140, cuaderno de pruebas). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; y 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta, debido a que, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada (fojas 24). Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que remitieron las autoridades responsables como justificación de su actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (fojas 137 a 139, cuaderno de pruebas). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta. Sin embargo, en la especie no se puede soslayar que su actuar no puede considerarse como propio de una autoridad ejecutora, pues su intervención en el expediente donde se originó la omisión apuntada, se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia, pues solo da fe y, no realiza una de las conductas previstas en el artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, la omisión de un acto que crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica. De ahí, que no hay razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad, para los efectos del presente juicio de amparo. Por las razones que se exponen, orienta a lo anterior la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En esas condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la indicada autoridad señalada como responsable, al no tener tal carácter. Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación e Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también a la figura jurídica del "recurso de revocación", previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que es conveniente referir la regulación constitucional y legal de ambos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, el cual se desdobla en dos vertientes: 1ª. La referida a las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que, a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y, 2ª. La relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. De ahí que una autoridad al emitir la resolución debe estar facultada para ello, de no ser así constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que de lo contrario no se estaría administrando justicia en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. Fundamentación y motivación. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Lo anterior también ve reflejado en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. ." Así pues, del numeral anteriormente citado se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita. El artículo 17 Constitucional, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De igual forma, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con lo anterior, conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Criterio que es vinculante para el Estado Mexicano en términos de la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO". La figura jurídica del "recurso de revocación". Por su parte, la figura jurídica del "recurso de revocación" se encuentra comprendida en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." De una interpretación sistemática y teleológica de las normas de orden legal descritas, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. La naturaleza jurídica de la irreparabilidad, se refiere al entorno del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, se establece de manera taxativa que ese medio de impugnación - revocación - puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en esa audiencia. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que las autoridades responsables remitieron en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, José Luis Ruíz Ortiz por conducto de su apoderado legal promovió en la vía ordinaria civil; I. El pago de la cantidad de $ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por conceptos de rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de noviembre de dos mil diecinueve a julio de dos mil veinte a razón de $8,620.69 (ocho mil seiscientos veinte pesos 69/100 m.n.) mensuales; II. El pago de la cantidad que resulte por concepto de pena convencional, actualizada como consecuencia del incumplimiento en el pago de las rentas convenidas, misma que deberá calcularse sobre el 20% (veinte por ciento) de las rentas vencidas y no pagadas, en términos de lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato de subarrendamiento de ocho de febrero de dos mil diecisiete y demás prestaciones que se mencionan en los incisos c), d), e), f) y g) del escrito de demanda a Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez (fojas 2 a 7, cuaderno de pruebas). 2. Por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a José Luis Ruíz Ortiz por conducto de apoderado legal promoviendo demanda en la vía ordinaria propuesta, por ofrecidas las pruebas que indicó, se ordenó correr traslado y emplazar a la parte demandada Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez (fojas 26 a 27 vuelta, cuaderno de pruebas). 3. Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que respecto al escrito del apoderado legal de la parte se actora se determinó "una vez que exhiba el veinte por ciento de la cantidad de $ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) se proveerá lo conducente, artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado." Por otra parte, se tuvo a Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez contestando la demanda, por opuestas sus excepciones y objeciones (fojas 36 a 36 vuelta, 39ª 49, 50 y 53 a 75, cuaderno de pruebas). 4. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada interponiendo recurso de revocación contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que antecede (fojas 116 y 127 a 128, cuaderno de pruebas). 5. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se turnaron los autos al juez a efecto de dictar la resolución (fojas 135, cuaderno de pruebas). 6. Resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revocación opuesto por el LIC. JUAN JAIME MORALES MALPICA, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada; en consecuencia, se deja firme para todos sus efectos legales, el auto combatido de fecha diecinueve de abril del año en curso. SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia autorizada a la Superioridad para los efectos del toca correspondiente." (fojas 137 a 139, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. 8. Constancia actuarial de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se notifica a la parte actora (fojas 140, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene la ilegalidad de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, de su índice que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada, por infringir en su perjuicio sus derechos fundamentales de exacta aplicación de la ley, principio de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 186, 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo siguiente: a) El acto reclamado carece de una debida fundamentación, al pretender sustentarse la determinación, en el análisis del artículo 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precepto legal que no contempla la metodología aplicable al otorgamiento y fijación de fianza, para decretar procedente una providencia precautoria, se encuentra fijada de manera taxativa por el artículo 191 y 192 del ordenamiento legal citado. b) Que el 20% (veinte por ciento) decretado por la autoridad responsable carece de fundamentación legal, afectando su derecho de propiedad, agravio que no podrá ser reparado en sentencia. c) Limita su derecho de propiedad, la posibilidad de gravar, vender, enajenar el inmueble embargado de manera precautoria. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que aquí se analizan, como se verá a continuación. En efecto, en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se aprecia que, las correlativas consideraciones que la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, sustento para declarar improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada, son las siguientes: I. Que el recurso opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, abogado patrono de la parte demandada, deviene improcedente. I.1. Del escrito de revocación se desprende se interpone en contra de la fijación de la garantía respecto de la providencia precautoria, señalando que el auto combatido es contrario a lo previsto en la última parte del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles. I.2. La parte actora en el juicio, a través de su escrito inicial de demanda y del diverso de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, al cual recayó el auto recurrido, solicitó el embargo precautorio de un bien inmueble propiedad de la demandada Rosa Elvira Vázquez Villarreal, hasta por la cantidad de $87.500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100MN) y no sobre el valor total del bien inmueble. I.3. Luego entonces, es acorde a derecho decretar como fianza el 20% (veinte por ciento) de la suma para decretar el embargo precautorio que solicita, en términos de lo previsto por los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. I.4. Que si bien la porción final del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hace referencia al secuestro de bienes, ésta figura es distinta del embargo precautorio, ya que la primera implica el despojo del bien secuestrado, mientras que la segunda implica únicamente el aseguramiento de una garantía de pago. Para lo cual consideró aplicable la tesis del rubro: "EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. SU NATURALEZA JURÍDICA." II. Justipreció que de lo anterior se desprendía que existe una clara diferencia entre el secuestro judicial de bienes y el embargo precautorio. II.1. De ahí que considero, sí en la especie no se busca despojar al demandado del bien inmueble de su propiedad, sino únicamente garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, que ascienden a $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m. n.). II.2. Determinó que, es jurídicamente válido afirmar que el monto de la garantía deberá ser calculado en función de la suma que se pretende asegurar y no sobre el valor total del inmueble embargado. Para lo cual sostuvo que, el artículo 186, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que: "En el caso de la fracción II del artículo 183, el embargo se pedirá expresando el valor de la demanda o la cosa que se reclame, designando ésta con toda precisión; y el juez lo decretará de plano, fijando la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia y los bienes en que deba ejecutarse." II.3 Y en el caso a estudio, el embargo precautorio se solicitó en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 182 (sic) habiéndose expresado el valor en la demanda de $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) se señalaron con precisión los bienes en que debía ejecutarse, siendo precisamente el bien inmueble propiedad de la demandada. III. Justipreciando que, el auto por esa vía se combatió resultaba acorde a derecho y ningún agravio causa a la parte recurrente. IV. Por los razonamientos jurídicos vertidos, se declara improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica abogado patrono de la parte demandada, en consecuencia, se deja firme para todos sus efectos legales, el auto combatido de diecinueve de abril del año en curso. Sentado lo anterior, debe decirse que con relación a su concepto de violación señalado con el inciso a) y b) no le asiste la razón a la parte quejosa. En efecto, contrario a lo que sostiene la parte quejosa la autoridad responsable sustento su determinación en los artículos 506, 507, 186, 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De ahí que considero, si en la especie no se busca despojar al demandado del bien inmueble de su propiedad, sino únicamente garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, que ascienden a $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m. n.) era jurídicamente válido afirmar que el monto de la garantía deberá ser calculado en función de la suma que se pretende asegurar y no sobre el valor total del inmueble embargado. Además de que, el embargo precautorio se solicitó en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 183 del ordenamiento legal citado, se expresó el valor en la demanda de $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) se señaló con precisión el bien en que debía ejecutarse, siendo precisamente el inmueble propiedad de la demandada. Siendo que el porcentaje del veinte por ciento fue sustentado en el artículo 191 de la norma legal citada. De ahí que, respecto a su concepto de violación vertido en el inciso c) debe decirse que resulta inoperante. En efecto, los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la sentencia, laudo o resolución reclamada son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; por lo que deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que este juzgador de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas e incólumes y continúen rigiendo el sentido de dicho acto. Así se tiene que el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se dirigen a controvertir que se limita su derecho de propiedad, la posibilidad de gravar, vender, enajenar el inmueble embargado de manera precautoria. Aspectos que no pueden abordarse en esta instancia, toda vez que como se ha dicho la parte quejosa se encontraba constreñido a impugnar los motivos y fundamentos expresados por la autoridad responsable para desestimar las violaciones que hizo valer en el recurso de revocación, en razón de que al existir pronunciamiento de la autoridad responsable común, éste debe impugnarse en la vía constitucional para estar en posibilidad de analizar los conceptos de violación ahora expresados contra la decisión ordinaria, ya que en sede de control constitucional no se pueden analizar cuestiones no resueltas por la responsable, sino sólo lo que se dilucidó al respecto en esa instancia. De allí que, ante las circunstancias antes precisadas, es que el concepto de violación resulta inoperante. Por identidad de razón, es aplicable la tesis de jurisprudencia V.2o. J/1. Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, página 70, Materia Común, con registro digital 205278, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, además de que expreso los preceptos legales que regulan la tramitación del recurso de revocación y sus consecuencias jurídicas, las razones por las cuales consideró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica abogado patrono de la parte demandada, previo análisis de las constancias que integran el expediente a estudio mediante un razonamiento lógico jurídico, en donde además se determinó que no se causaba perjuicio a la parte recurrente. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que la resolución incidental de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se,RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosa Elvira Vázquez Villareal por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Rosa Elvira Vázquez Villareal por propio derecho, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
En esta fecha se notifica a l parte tercero interesada la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, misma que en lo conducente dice: "... RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Rosa Elvira Vázquez Villareal por propio derecho promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; y 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta (fojas 2 a 11). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar al tercero interesado José Luis Ruíz Ortiz; sin tramitarse incidente de suspensión (fojas 13 a 16). TERCERO. Trámite. Por lista de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado José Luis Ruíz Ortiz, sin que haya comparecido a juicio (fojas 23). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causal de improcedencia (fojas 24, así como cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 28). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la resolución de un tribunal civil emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en un juicio ordinario civil, impugnable en amparo indirecto, pues a su decir, transgrede el derecho fundamental de legalidad. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con su anexo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, de su índice que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada. (resolución que se notificó a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por comparecencia, fojas 140, cuaderno de pruebas). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; y 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta, debido a que, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada (fojas 24). Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que remitieron las autoridades responsables como justificación de su actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (fojas 137 a 139, cuaderno de pruebas). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su denominación correcta. Sin embargo, en la especie no se puede soslayar que su actuar no puede considerarse como propio de una autoridad ejecutora, pues su intervención en el expediente donde se originó la omisión apuntada, se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia, pues solo da fe y, no realiza una de las conductas previstas en el artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, la omisión de un acto que crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica. De ahí, que no hay razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad, para los efectos del presente juicio de amparo. Por las razones que se exponen, orienta a lo anterior la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En esas condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la indicada autoridad señalada como responsable, al no tener tal carácter. Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación e Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también a la figura jurídica del "recurso de revocación", previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que es conveniente referir la regulación constitucional y legal de ambos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, el cual se desdobla en dos vertientes: 1ª. La referida a las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que, a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y, 2ª. La relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. De ahí que una autoridad al emitir la resolución debe estar facultada para ello, de no ser así constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que de lo contrario no se estaría administrando justicia en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. Fundamentación y motivación. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Lo anterior también ve reflejado en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. ." Así pues, del numeral anteriormente citado se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita. El artículo 17 Constitucional, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De igual forma, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con lo anterior, conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Criterio que es vinculante para el Estado Mexicano en términos de la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO". La figura jurídica del "recurso de revocación". Por su parte, la figura jurídica del "recurso de revocación" se encuentra comprendida en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." De una interpretación sistemática y teleológica de las normas de orden legal descritas, se advierte que el recurso de revocación procede contra los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. La naturaleza jurídica de la irreparabilidad, se refiere al entorno del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, se establece de manera taxativa que ese medio de impugnación - revocación - puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en esa audiencia. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 885/2020, que las autoridades responsables remitieron en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, José Luis Ruíz Ortiz por conducto de su apoderado legal promovió en la vía ordinaria civil; I. El pago de la cantidad de $ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por conceptos de rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de noviembre de dos mil diecinueve a julio de dos mil veinte a razón de $8,620.69 (ocho mil seiscientos veinte pesos 69/100 m.n.) mensuales; II. El pago de la cantidad que resulte por concepto de pena convencional, actualizada como consecuencia del incumplimiento en el pago de las rentas convenidas, misma que deberá calcularse sobre el 20% (veinte por ciento) de las rentas vencidas y no pagadas, en términos de lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato de subarrendamiento de ocho de febrero de dos mil diecisiete y demás prestaciones que se mencionan en los incisos c), d), e), f) y g) del escrito de demanda a Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez (fojas 2 a 7, cuaderno de pruebas). 2. Por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a José Luis Ruíz Ortiz por conducto de apoderado legal promoviendo demanda en la vía ordinaria propuesta, por ofrecidas las pruebas que indicó, se ordenó correr traslado y emplazar a la parte demandada Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez (fojas 26 a 27 vuelta, cuaderno de pruebas). 3. Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que respecto al escrito del apoderado legal de la parte se actora se determinó "una vez que exhiba el veinte por ciento de la cantidad de $ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) se proveerá lo conducente, artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado." Por otra parte, se tuvo a Rosa Elvira Vázquez Villareal y Juan de Jesús Castro Vázquez contestando la demanda, por opuestas sus excepciones y objeciones (fojas 36 a 36 vuelta, 39ª 49, 50 y 53 a 75, cuaderno de pruebas). 4. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada interponiendo recurso de revocación contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que antecede (fojas 116 y 127 a 128, cuaderno de pruebas). 5. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se turnaron los autos al juez a efecto de dictar la resolución (fojas 135, cuaderno de pruebas). 6. Resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revocación opuesto por el LIC. JUAN JAIME MORALES MALPICA, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada; en consecuencia, se deja firme para todos sus efectos legales, el auto combatido de fecha diecinueve de abril del año en curso. SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia autorizada a la Superioridad para los efectos del toca correspondiente." (fojas 137 a 139, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. 8. Constancia actuarial de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se notifica a la parte actora (fojas 140, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene la ilegalidad de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 885/2020, de su índice que declaró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada, por infringir en su perjuicio sus derechos fundamentales de exacta aplicación de la ley, principio de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 186, 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo siguiente: a) El acto reclamado carece de una debida fundamentación, al pretender sustentarse la determinación, en el análisis del artículo 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precepto legal que no contempla la metodología aplicable al otorgamiento y fijación de fianza, para decretar procedente una providencia precautoria, se encuentra fijada de manera taxativa por el artículo 191 y 192 del ordenamiento legal citado. b) Que el 20% (veinte por ciento) decretado por la autoridad responsable carece de fundamentación legal, afectando su derecho de propiedad, agravio que no podrá ser reparado en sentencia. c) Limita su derecho de propiedad, la posibilidad de gravar, vender, enajenar el inmueble embargado de manera precautoria. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que aquí se analizan, como se verá a continuación. En efecto, en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se aprecia que, las correlativas consideraciones que la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, sustento para declarar improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, en su carácter de abogado patrono de la parte demandada, son las siguientes: I. Que el recurso opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica, abogado patrono de la parte demandada, deviene improcedente. I.1. Del escrito de revocación se desprende se interpone en contra de la fijación de la garantía respecto de la providencia precautoria, señalando que el auto combatido es contrario a lo previsto en la última parte del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles. I.2. La parte actora en el juicio, a través de su escrito inicial de demanda y del diverso de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, al cual recayó el auto recurrido, solicitó el embargo precautorio de un bien inmueble propiedad de la demandada Rosa Elvira Vázquez Villarreal, hasta por la cantidad de $87.500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100MN) y no sobre el valor total del bien inmueble. I.3. Luego entonces, es acorde a derecho decretar como fianza el 20% (veinte por ciento) de la suma para decretar el embargo precautorio que solicita, en términos de lo previsto por los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. I.4. Que si bien la porción final del artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hace referencia al secuestro de bienes, ésta figura es distinta del embargo precautorio, ya que la primera implica el despojo del bien secuestrado, mientras que la segunda implica únicamente el aseguramiento de una garantía de pago. Para lo cual consideró aplicable la tesis del rubro: "EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. SU NATURALEZA JURÍDICA." II. Justipreció que de lo anterior se desprendía que existe una clara diferencia entre el secuestro judicial de bienes y el embargo precautorio. II.1. De ahí que considero, sí en la especie no se busca despojar al demandado del bien inmueble de su propiedad, sino únicamente garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, que ascienden a $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m. n.). II.2. Determinó que, es jurídicamente válido afirmar que el monto de la garantía deberá ser calculado en función de la suma que se pretende asegurar y no sobre el valor total del inmueble embargado. Para lo cual sostuvo que, el artículo 186, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que: "En el caso de la fracción II del artículo 183, el embargo se pedirá expresando el valor de la demanda o la cosa que se reclame, designando ésta con toda precisión; y el juez lo decretará de plano, fijando la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia y los bienes en que deba ejecutarse." II.3 Y en el caso a estudio, el embargo precautorio se solicitó en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 182 (sic) habiéndose expresado el valor en la demanda de $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) se señalaron con precisión los bienes en que debía ejecutarse, siendo precisamente el bien inmueble propiedad de la demandada. III. Justipreciando que, el auto por esa vía se combatió resultaba acorde a derecho y ningún agravio causa a la parte recurrente. IV. Por los razonamientos jurídicos vertidos, se declara improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica abogado patrono de la parte demandada, en consecuencia, se deja firme para todos sus efectos legales, el auto combatido de diecinueve de abril del año en curso. Sentado lo anterior, debe decirse que con relación a su concepto de violación señalado con el inciso a) y b) no le asiste la razón a la parte quejosa. En efecto, contrario a lo que sostiene la parte quejosa la autoridad responsable sustento su determinación en los artículos 506, 507, 186, 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De ahí que considero, si en la especie no se busca despojar al demandado del bien inmueble de su propiedad, sino únicamente garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, que ascienden a $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m. n.) era jurídicamente válido afirmar que el monto de la garantía deberá ser calculado en función de la suma que se pretende asegurar y no sobre el valor total del inmueble embargado. Además de que, el embargo precautorio se solicitó en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 183 del ordenamiento legal citado, se expresó el valor en la demanda de $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) se señaló con precisión el bien en que debía ejecutarse, siendo precisamente el inmueble propiedad de la demandada. Siendo que el porcentaje del veinte por ciento fue sustentado en el artículo 191 de la norma legal citada. De ahí que, respecto a su concepto de violación vertido en el inciso c) debe decirse que resulta inoperante. En efecto, los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la sentencia, laudo o resolución reclamada son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; por lo que deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que este juzgador de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas e incólumes y continúen rigiendo el sentido de dicho acto. Así se tiene que el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se dirigen a controvertir que se limita su derecho de propiedad, la posibilidad de gravar, vender, enajenar el inmueble embargado de manera precautoria. Aspectos que no pueden abordarse en esta instancia, toda vez que como se ha dicho la parte quejosa se encontraba constreñido a impugnar los motivos y fundamentos expresados por la autoridad responsable para desestimar las violaciones que hizo valer en el recurso de revocación, en razón de que al existir pronunciamiento de la autoridad responsable común, éste debe impugnarse en la vía constitucional para estar en posibilidad de analizar los conceptos de violación ahora expresados contra la decisión ordinaria, ya que en sede de control constitucional no se pueden analizar cuestiones no resueltas por la responsable, sino sólo lo que se dilucidó al respecto en esa instancia. De allí que, ante las circunstancias antes precisadas, es que el concepto de violación resulta inoperante. Por identidad de razón, es aplicable la tesis de jurisprudencia V.2o. J/1. Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, página 70, Materia Común, con registro digital 205278, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, además de que expreso los preceptos legales que regulan la tramitación del recurso de revocación y sus consecuencias jurídicas, las razones por las cuales consideró improcedente el recurso de revocación opuesto por el licenciado Juan Jaime Morales Malpica abogado patrono de la parte demandada, previo análisis de las constancias que integran el expediente a estudio mediante un razonamiento lógico jurídico, en donde además se determinó que no se causaba perjuicio a la parte recurrente. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que la resolución incidental de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se,RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosa Elvira Vázquez Villareal por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Rosa Elvira Vázquez Villareal por propio derecho, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.Notifíquese en términos de Ley..."
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Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado de manera conjunta por el 1. Juez y 2. Secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual rinden informe justificado y ofrecen pruebas de su parte. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, con el mismo y con las constancias que anexan, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que refieren en el informe de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la referida ley. Dado lo voluminoso de las constancias que anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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