Rosa Flor López Chagala

Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Rosa Flor López Chagala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio únicamente por Rosa Flor López Chagala, por propio derecho y por otra se Concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la menor quejosa de identidad reservada bajo las iniciales M.F.R.L. representada por su progenitora, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.F.R.L., considerando al resolver, si tiene, en su caso, a otros acreedores, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (de entre los que destaca, a este momento, una menor de edad) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Posteriormente, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz. Por otra parte, en auto de veintiséis de octubre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 9907 de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, remitió la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de cinco de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 147/2022-I de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Rosas Flores (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Debía pronunciarse en relación al material probatorio ofrecido por la actora para el efecto de demostrar sus necesidades económicas, así como especificar que la menor de edad de iniciales M.F.R.L., requiere cuidados especiales respecto a educación, medio de transporte, ropa adecuada a su seco y edad, alimentación e incluso gatos de esparcimiento a que tiene derecho como expresión del disfrute de una infancia plena. Pronunciarse en relación a la capacidad económica del deudor alimentario y aportar razones del por qué el monto finalmente decretado, satisface el estado de necesidad de la acreedora alimentaria y el deudor en lo individual. Se estableció que cuenta con facultades constitucionales para recabar de oficio pruebas efecto de conocer la situación económica del deudor alimentario, en defensa del interés superior de los menores. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable tomo en consideración que la menor de edad número 324 (trescientos veinticuatro) cuenta con cinco años al haber nacido el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, expedida por el Encargado del Registro Civil de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a la que concedió valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 235, fracción II y 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil del Estado, por lo que tiene la presunción legal de necesitar todos los rubros que establece el numeral 239 de la Ley Sustantiva Civil, a fin de que esa manera quede garantizada su subsistencia y sano desarrollo, conforme lo establecen los diversos 4 de la Constitución Federal, 19 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, 3, 6, 27 y relativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, valoró que en el escrito inicial de demanda fue exhibido un contrato de subarrendamiento y cuatro recetas médicas expedidas a nombre de la menor de edad, mismas que se les otorgaron valor probatorio pleno conforme lo previsto por los diversos 210, 235 fracción III, 330, 337 de la Ley Procesal en consulta, constatando los gatos que se erogan por subarrendar el domicilio que ocupa la acreedora menor de edad, así como los generados por consultas médicas, que si bien, se atiende con médicos adscritos a la Secretaría de Salud de Veracruz, le genera gastos por adquisición de los medicamentos recetados, así como estudios clínicos solicitados por el especialista. Asimismo, estableció que deben cubrirse los rubros consistentes en comida, vestido, educación, al encontrarse cursando el prescolar, gastos que deben cubrirse en el domicilio que habita la menor relativas al consumo energía eléctrica, agua potable, gas, así como medio de transporte y gastos de esparcimiento, contenidos en el artículo 239 de la Ley Sustantiva Civil. Por otra parte, atendiendo al inciso b), determinó que la capacidad económica del reo, se justificó con la impresión de nómina emitida por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que se encuentra concatenada con el oficio número CCN/UAF/DTSA/0407/2022, de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo previsto por los artículos 235, fracción III, 239 y 330 de la Ley Procesal en consulta, de donde se obtuvo que las percepciones del demandado son por la cantidad de $3,270.11 pesos diarios; por concepto de deducciones encontró el ISR proporcional al ingreso, seguro obrero por $450.00 pesos, pensión alimenticia en razón del 50% y que en el recibo de nómina correspondiente al periodo de pago del catorce al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el demandado obtuvo como pensión jubilatoria la cantidad de $45,781.54, de deducciones la suma de $19,966.50 pesos por concepto de pensión alimenticia, seguro de obrero por la cantidad de $450.00, ISR por la suma de $5,398.52 pesos, quedándole un alcance líquido por $19,966.52 pesos. Aunado a ello, señaló que para establecer la pensión alimenticia quedarían excluidas las deducciones de carácter legal como son el ISR, pensión alimenticia, seguro obrero, no así las adquiridas de manera voluntaria por la parte deudora, sin que se justificara que el porcentaje de la pensión establecida en el informe rendido por la empresa para la cual trabaja el demandado sea previó al juicio de origen, por lo que, no lo tomaría en consideración para que influyera en la pensión alimenticia, máxime que el demando percibe mensualmente $98,103.3 (noventa y ocho mil ciento tres pesos 03/100 moneda nacional) lo que le llevó a concluir que pertenece a un estatus social "alto". Por otro lado, valoró que el demandado exhibió diversas facturas expedidas por comercios denominados: Servicio Comercial Garis Sociedad Anónima de Capital Variable, Tiendas Chedraui Sociedad Anónima de Capital Variable, Home Depot México S. R.L. de C.V., Comestible Portes Gil, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde constan los gastos que él realiza por concepto de consumo de gasolina, despensa de comida, así como artículos para el hogar y de los estados de cuenta que exhibió el demandado correspondientes a la Institución Bancaria Banorte. De igual forma, tuvo por constatado los gatos que produce la menor de edad que nos ocupa en éste juicio, ya que se advierten pagos por concepto de "odontología" hasta por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) depositado a favor de la actora, así como depósitos por la suma de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) que realizó por concepto de alimentos, internet y renta; la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) por útiles escolares, quedando justificado con lo anterior tanto la capacidad económica del demandado, así como los relativos por alimentos en favor de la menor de edad, teniendo demostradas las costumbres que tiene la menor quién acude con especialistas particulares para tratamiento dental, así como los gastos que eroga en su domicilio por habitación y servicios de internet. Además, determinó que el entorno social en el que se desenvuelve el menor de edad acreedor alimentario es "medio" y, con lo anteriormente descrito, se encontraba demostrado el estado de necesidad que tiene la acreedora menor de edad; sin que el deudor alimentario acreditara que la cantidad de $19,9666.52 (diecinueve mil novecientos sesenta y seis pesos 52/100 moneda nacional) le es insuficiente para sufragar sus propios gastos, ni así que se contraponga con los ingresos que obtiene en su centro de trabajo, por lo que, tuvo que el porcentaje establecido cumple con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado. En relatadas condiciones, arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional decretada cumple con la proporcionalidad que establece el diverso 242 de la Ley de Amparo, considerando justo y equitativo confirmar el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, misma que consiste en el 25% de la pensión jubilatoria que percibe el demandado. Ahora bien, en relación al inciso c), estableció que la controversia debía dilucidarse con base en las probanzas documentales que ambas partes hubiesen aportado hasta ese momento procesal, pues dada la prontitud con las que se ordena resolver, no se encontraba en condiciones de preparar prueba alguna, por lo que la realizaría conforme al prudente arbitrio del mismo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución de uno junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este conducto a la parte q2uejosa por así estar ordenado en autos.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 472/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio únicamente por Rosa Flor López Chagala, por propio derecho y por otra se Concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la menor quejosa de identidad reservada bajo las iniciales M.F.R.L. representada por su progenitora, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.F.R.L., considerando al resolver, si tiene, en su caso, a otros acreedores, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (de entre los que destaca, a este momento, una menor de edad) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Posteriormente, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz. Por otra parte, en auto de veintiséis de octubre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 9907 de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, remitió la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de cinco de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 147/2022-I de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Rosas Flores (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Debía pronunciarse en relación al material probatorio ofrecido por la actora para el efecto de demostrar sus necesidades económicas, así como especificar que la menor de edad de iniciales M.F.R.L., requiere cuidados especiales respecto a educación, medio de transporte, ropa adecuada a su seco y edad, alimentación e incluso gatos de esparcimiento a que tiene derecho como expresión del disfrute de una infancia plena. Pronunciarse en relación a la capacidad económica del deudor alimentario y aportar razones del por qué el monto finalmente decretado, satisface el estado de necesidad de la acreedora alimentaria y el deudor en lo individual. Se estableció que cuenta con facultades constitucionales para recabar de oficio pruebas efecto de conocer la situación económica del deudor alimentario, en defensa del interés superior de los menores. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable tomo en consideración que la menor de edad número 324 (trescientos veinticuatro) cuenta con cinco años al haber nacido el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, expedida por el Encargado del Registro Civil de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a la que concedió valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 235, fracción II y 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil del Estado, por lo que tiene la presunción legal de necesitar todos los rubros que establece el numeral 239 de la Ley Sustantiva Civil, a fin de que esa manera quede garantizada su subsistencia y sano desarrollo, conforme lo establecen los diversos 4 de la Constitución Federal, 19 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, 3, 6, 27 y relativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, valoró que en el escrito inicial de demanda fue exhibido un contrato de subarrendamiento y cuatro recetas médicas expedidas a nombre de la menor de edad, mismas que se les otorgaron valor probatorio pleno conforme lo previsto por los diversos 210, 235 fracción III, 330, 337 de la Ley Procesal en consulta, constatando los gatos que se erogan por subarrendar el domicilio que ocupa la acreedora menor de edad, así como los generados por consultas médicas, que si bien, se atiende con médicos adscritos a la Secretaría de Salud de Veracruz, le genera gastos por adquisición de los medicamentos recetados, así como estudios clínicos solicitados por el especialista. Asimismo, estableció que deben cubrirse los rubros consistentes en comida, vestido, educación, al encontrarse cursando el prescolar, gastos que deben cubrirse en el domicilio que habita la menor relativas al consumo energía eléctrica, agua potable, gas, así como medio de transporte y gastos de esparcimiento, contenidos en el artículo 239 de la Ley Sustantiva Civil. Por otra parte, atendiendo al inciso b), determinó que la capacidad económica del reo, se justificó con la impresión de nómina emitida por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que se encuentra concatenada con el oficio número CCN/UAF/DTSA/0407/2022, de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo previsto por los artículos 235, fracción III, 239 y 330 de la Ley Procesal en consulta, de donde se obtuvo que las percepciones del demandado son por la cantidad de $3,270.11 pesos diarios; por concepto de deducciones encontró el ISR proporcional al ingreso, seguro obrero por $450.00 pesos, pensión alimenticia en razón del 50% y que en el recibo de nómina correspondiente al periodo de pago del catorce al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el demandado obtuvo como pensión jubilatoria la cantidad de $45,781.54, de deducciones la suma de $19,966.50 pesos por concepto de pensión alimenticia, seguro de obrero por la cantidad de $450.00, ISR por la suma de $5,398.52 pesos, quedándole un alcance líquido por $19,966.52 pesos. Aunado a ello, señaló que para establecer la pensión alimenticia quedarían excluidas las deducciones de carácter legal como son el ISR, pensión alimenticia, seguro obrero, no así las adquiridas de manera voluntaria por la parte deudora, sin que se justificara que el porcentaje de la pensión establecida en el informe rendido por la empresa para la cual trabaja el demandado sea previó al juicio de origen, por lo que, no lo tomaría en consideración para que influyera en la pensión alimenticia, máxime que el demando percibe mensualmente $98,103.3 (noventa y ocho mil ciento tres pesos 03/100 moneda nacional) lo que le llevó a concluir que pertenece a un estatus social "alto". Por otro lado, valoró que el demandado exhibió diversas facturas expedidas por comercios denominados: Servicio Comercial Garis Sociedad Anónima de Capital Variable, Tiendas Chedraui Sociedad Anónima de Capital Variable, Home Depot México S. R.L. de C.V., Comestible Portes Gil, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde constan los gastos que él realiza por concepto de consumo de gasolina, despensa de comida, así como artículos para el hogar y de los estados de cuenta que exhibió el demandado correspondientes a la Institución Bancaria Banorte. De igual forma, tuvo por constatado los gatos que produce la menor de edad que nos ocupa en éste juicio, ya que se advierten pagos por concepto de "odontología" hasta por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) depositado a favor de la actora, así como depósitos por la suma de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) que realizó por concepto de alimentos, internet y renta; la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) por útiles escolares, quedando justificado con lo anterior tanto la capacidad económica del demandado, así como los relativos por alimentos en favor de la menor de edad, teniendo demostradas las costumbres que tiene la menor quién acude con especialistas particulares para tratamiento dental, así como los gastos que eroga en su domicilio por habitación y servicios de internet. Además, determinó que el entorno social en el que se desenvuelve el menor de edad acreedor alimentario es "medio" y, con lo anteriormente descrito, se encontraba demostrado el estado de necesidad que tiene la acreedora menor de edad; sin que el deudor alimentario acreditara que la cantidad de $19,9666.52 (diecinueve mil novecientos sesenta y seis pesos 52/100 moneda nacional) le es insuficiente para sufragar sus propios gastos, ni así que se contraponga con los ingresos que obtiene en su centro de trabajo, por lo que, tuvo que el porcentaje establecido cumple con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado. En relatadas condiciones, arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional decretada cumple con la proporcionalidad que establece el diverso 242 de la Ley de Amparo, considerando justo y equitativo confirmar el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, misma que consiste en el 25% de la pensión jubilatoria que percibe el demandado. Ahora bien, en relación al inciso c), estableció que la controversia debía dilucidarse con base en las probanzas documentales que ambas partes hubiesen aportado hasta ese momento procesal, pues dada la prontitud con las que se ordena resolver, no se encontraba en condiciones de preparar prueba alguna, por lo que la realizaría conforme al prudente arbitrio del mismo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución de uno junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio únicamente por Rosa Flor López Chagala, por propio derecho y por otra se Concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la menor quejosa de identidad reservada bajo las iniciales M.F.R.L. representada por su progenitora, para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.F.R.L., considerando al resolver, si tiene, en su caso, a otros acreedores, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (de entre los que destaca, a este momento, una menor de edad) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Posteriormente, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz. Por otra parte, en auto de veintiséis de octubre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 9907 de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, remitió la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de cinco de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 147/2022-I de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Rosas Flores (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Debía pronunciarse en relación al material probatorio ofrecido por la actora para el efecto de demostrar sus necesidades económicas, así como especificar que la menor de edad de iniciales M.F.R.L., requiere cuidados especiales respecto a educación, medio de transporte, ropa adecuada a su seco y edad, alimentación e incluso gatos de esparcimiento a que tiene derecho como expresión del disfrute de una infancia plena. Pronunciarse en relación a la capacidad económica del deudor alimentario y aportar razones del por qué el monto finalmente decretado, satisface el estado de necesidad de la acreedora alimentaria y el deudor en lo individual. Se estableció que cuenta con facultades constitucionales para recabar de oficio pruebas efecto de conocer la situación económica del deudor alimentario, en defensa del interés superior de los menores. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable tomo en consideración que la menor de edad número 324 (trescientos veinticuatro) cuenta con cinco años al haber nacido el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, expedida por el Encargado del Registro Civil de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a la que concedió valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 235, fracción II y 261 fracción IV, de la Ley Procesal Civil del Estado, por lo que tiene la presunción legal de necesitar todos los rubros que establece el numeral 239 de la Ley Sustantiva Civil, a fin de que esa manera quede garantizada su subsistencia y sano desarrollo, conforme lo establecen los diversos 4 de la Constitución Federal, 19 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, 3, 6, 27 y relativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, valoró que en el escrito inicial de demanda fue exhibido un contrato de subarrendamiento y cuatro recetas médicas expedidas a nombre de la menor de edad, mismas que se les otorgaron valor probatorio pleno conforme lo previsto por los diversos 210, 235 fracción III, 330, 337 de la Ley Procesal en consulta, constatando los gatos que se erogan por subarrendar el domicilio que ocupa la acreedora menor de edad, así como los generados por consultas médicas, que si bien, se atiende con médicos adscritos a la Secretaría de Salud de Veracruz, le genera gastos por adquisición de los medicamentos recetados, así como estudios clínicos solicitados por el especialista. Asimismo, estableció que deben cubrirse los rubros consistentes en comida, vestido, educación, al encontrarse cursando el prescolar, gastos que deben cubrirse en el domicilio que habita la menor relativas al consumo energía eléctrica, agua potable, gas, así como medio de transporte y gastos de esparcimiento, contenidos en el artículo 239 de la Ley Sustantiva Civil. Por otra parte, atendiendo al inciso b), determinó que la capacidad económica del reo, se justificó con la impresión de nómina emitida por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que se encuentra concatenada con el oficio número CCN/UAF/DTSA/0407/2022, de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a la que otorgó valor probatorio conforme a lo previsto por los artículos 235, fracción III, 239 y 330 de la Ley Procesal en consulta, de donde se obtuvo que las percepciones del demandado son por la cantidad de $3,270.11 pesos diarios; por concepto de deducciones encontró el ISR proporcional al ingreso, seguro obrero por $450.00 pesos, pensión alimenticia en razón del 50% y que en el recibo de nómina correspondiente al periodo de pago del catorce al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el demandado obtuvo como pensión jubilatoria la cantidad de $45,781.54, de deducciones la suma de $19,966.50 pesos por concepto de pensión alimenticia, seguro de obrero por la cantidad de $450.00, ISR por la suma de $5,398.52 pesos, quedándole un alcance líquido por $19,966.52 pesos. Aunado a ello, señaló que para establecer la pensión alimenticia quedarían excluidas las deducciones de carácter legal como son el ISR, pensión alimenticia, seguro obrero, no así las adquiridas de manera voluntaria por la parte deudora, sin que se justificara que el porcentaje de la pensión establecida en el informe rendido por la empresa para la cual trabaja el demandado sea previó al juicio de origen, por lo que, no lo tomaría en consideración para que influyera en la pensión alimenticia, máxime que el demando percibe mensualmente $98,103.3 (noventa y ocho mil ciento tres pesos 03/100 moneda nacional) lo que le llevó a concluir que pertenece a un estatus social "alto". Por otro lado, valoró que el demandado exhibió diversas facturas expedidas por comercios denominados: Servicio Comercial Garis Sociedad Anónima de Capital Variable, Tiendas Chedraui Sociedad Anónima de Capital Variable, Home Depot México S. R.L. de C.V., Comestible Portes Gil, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde constan los gastos que él realiza por concepto de consumo de gasolina, despensa de comida, así como artículos para el hogar y de los estados de cuenta que exhibió el demandado correspondientes a la Institución Bancaria Banorte. De igual forma, tuvo por constatado los gatos que produce la menor de edad que nos ocupa en éste juicio, ya que se advierten pagos por concepto de "odontología" hasta por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) depositado a favor de la actora, así como depósitos por la suma de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) que realizó por concepto de alimentos, internet y renta; la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) por útiles escolares, quedando justificado con lo anterior tanto la capacidad económica del demandado, así como los relativos por alimentos en favor de la menor de edad, teniendo demostradas las costumbres que tiene la menor quién acude con especialistas particulares para tratamiento dental, así como los gastos que eroga en su domicilio por habitación y servicios de internet. Además, determinó que el entorno social en el que se desenvuelve el menor de edad acreedor alimentario es "medio" y, con lo anteriormente descrito, se encontraba demostrado el estado de necesidad que tiene la acreedora menor de edad; sin que el deudor alimentario acreditara que la cantidad de $19,9666.52 (diecinueve mil novecientos sesenta y seis pesos 52/100 moneda nacional) le es insuficiente para sufragar sus propios gastos, ni así que se contraponga con los ingresos que obtiene en su centro de trabajo, por lo que, tuvo que el porcentaje establecido cumple con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado. En relatadas condiciones, arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional decretada cumple con la proporcionalidad que establece el diverso 242 de la Ley de Amparo, considerando justo y equitativo confirmar el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, misma que consiste en el 25% de la pensión jubilatoria que percibe el demandado. Ahora bien, en relación al inciso c), estableció que la controversia debía dilucidarse con base en las probanzas documentales que ambas partes hubiesen aportado hasta ese momento procesal, pues dada la prontitud con las que se ordena resolver, no se encontraba en condiciones de preparar prueba alguna, por lo que la realizaría conforme al prudente arbitrio del mismo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución de uno junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.F.R.L., representada por su progenitora Rosa Flor López Chagala, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: ".que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.F.R.L., considerando al resolver, si tiene, en su caso, a otros acreedores, así como a las posibilidades del deudor, para armonizar y determinar dicha regraduación, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (de entre los que destaca, a este momento, una menor de edad) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

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