Rosa Elena Ek Dzul

Expediente 885/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
885/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Rosa Elena Ek Dzul

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y anexo que acompaña, del que se advierte que la responsable en fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, en autos del expediente 683/2016, se acordó los escritos de veintisiete de enero del año en curso, de la aquí quejosa ******************. Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa en la omisión de pronunciarse respecto de sus escritos de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, presentado el dieciocho de mayo del presente año, ante la autoridad responsable, siendo el caso que de las constancias que remitió la responsable, en autos del expediente 683/2016, se advierten las contestaciones a las aludidas peticiones que se duele la parte quejosa, en su acto reclamado; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de los escritos de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, siendo el caso que de las constancias que remitió la citada Juez responsable, en autos del expediente 683/2016, de su índice, se advierte que por acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, proveyó los escritos de veintisiete de enero del año en curso, de la aquí quejosa Rosa Elena Ek Dzul. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable por acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se pronunció respecto de los escritos de veintisiete de enero último, de la aquí quejosa en autos del expediente 683/2016. El primero, previniendo a José Eduardo Ku Acosta, para que dentro del término de tres días, manifieste bajo formal protesta de decir verdad: si actualmente se encuentra laborando, en caso afirmativo señale el nombre de la empresa o institución para la cual labore, domicilio de la misma, el cargo que desempeña, el monto de las percepciones que recibe, su periodicidad; si se encuentra afiliado a alguna institución de seguridad social, y si tiene libreta de mar, asimismo proporcione cualquier dato que pueda servir para obtener la información relativa a su capacidad económica y lo apercibió con multa. El segundo, en primer término, contestó la vista que se diera en el auto de data doce de abril del año en curso, en los términos a que se refiere en su ocurso. En segundo lugar, en atención a lo solicitado y considerando que los alimentos son necesarios e imprescindibles para la subsistencia de los menores involucrados en este asunto, que no puede estar condicionado al retraso o incumplimiento del obligado a proporcionarlos; en consecuencia, comisionó al Actuario de su adscripción para que requiriera y notificará al citado Ku Acosta, para que cumpla en depositar dichas cantidades, por conceptos de garantías de la pensión alimenticia, volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Luego, si de tales constancias se advierte que si la Jueza responsable se pronunció respecto de los memoriales de veintisiete de enero último, proveyendo el auto de ocho de agosto de la presente anualidad, y el Actuario adscrito procedió a su notificación por medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica de las aquí peticionarias del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Sin que obste el hecho de que no se haya notificado al tercero interesado ******************, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no le causa afectación alguna. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

  3. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, en el cual informó con relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y a la autoridad tercero interesada con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el once de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Gary Hernán Ek Puc. Asimismo, por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución. De manera que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, estaba obligado a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "... Los efectos de la sentencia concesoria del amparo en concreto para que la Junta responsable cumpla con lo establecido en la ley fundamental y lo preceptuado en los artículos 880, 883, 884 y 885, de la Ley Obrera, gire las instrucciones correspondientes a fin de de que conceda a las partes el término de ley, para que formulen sus alegatos, si ya se desahogaron en su totalidad las probanzas ofrecidas en el juicio laboral de origen, o en su caso, desahogarlas en su totalidad, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió copia certificada de los acuerdos trece y veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 942/2015, en el que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los presentes autos a la auxiliar de esa Junta para que emita el proyecto de resolución en forma de laudo. Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.

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