Rosa Guadalupe Martínez Sánchez
Expediente 2651/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2651/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Guadalupe Martínez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Igualmente se hace notar que en el presente juicio de amparo no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 2651/2022, promovido por Rosa Guadalupe Martínez Sánchez, por su propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. En este acto, el Secretario hace constar que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le diera en proveído de dos anterior, en relación a la inexistencia de la autoridad denominada Coordinadora de Actuarios de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y, en consecuencia, se deja de tener como responsable a la autoridad antes nombrada, suspendiéndose toda comunicación con ésta. Relación de constancias. A continuación, el Secretario encargado del despacho ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con la documental exhibida por la Junta responsable. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofertada la probanza de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza; cerrándose por ende la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra este período. Cierre de la audiencia. A continuación, el Secretario encargado del despacho procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2651/2022; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Rosa Guadalupe Martínez Sánchez, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y del Actuario de su adscripción, que hizo consistir, medularmente, en la omisión de llevar a cabo las acciones tendentes al emplazamiento de la parte demandada al controvertido 373/2020. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión de llevar a cabo las acciones tendentes a realizar el emplazamiento de la parte demandada al controvertido 373/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado y actualización de una causal de improcedencia. Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y al Actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la Junta responsable, relativas al juicio reclamatorio laboral 373/2020. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo las acciones tendentes a realizar el emplazamiento de la parte demandada al juicio reclamatorio laboral 373/2020; es menester indicar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, cuenta habida que de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que ésta, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, libró el correspondiente exhorto a su homóloga sita en la Ciudad de México, a fin de emplazar a juicio a la persona moral demandada "Limporium", Sociedad Anónima de Capital Variable. En tanto que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el llamamiento a juicio de la diversa persona moral demandada "Plaza Altabrisa Mérida". Todo lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que las autoridades responsables ya han desplegado las acciones tendentes a realizar el emplazamiento de las personas morales demandadas, cuenta habida que, por lo que respecta a "Limporium", Sociedad Anónima de Capital Variable, se giró exhorto a la Ciudad de México para tal efecto, en tanto que en lo concerniente a "Plaza Altabrisa Mérida", su llamamiento ya tuvo verificativo. Por consiguiente, en relación al indicado acto reclamado, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de las autoridades responsables, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido emplazado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; cuenta habida que, con el sentido de la misma, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Guadalupe Martínez Sánchez, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y del Actuario de su adscripción; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por el Actuario de su adscripción, y anexo que acompaña la primera responsable; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con los informes de mérito, así como la constancia remitida, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MÓNICA ANTONIA MANZANO CHI y CARLOS ALEJANDRO MANZANO CHI, contra los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos determinados en el séptimo subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.
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