Rosa Aracely Cervera Ceballos

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Rosa Aracely Cervera Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado en autos con el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y un anexo que adjuntó. Precisa señalar que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye el señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha para la celebración de la audiencia trifásica en el expediente laboral 1415/2020, de su índice, fuera de los plazos legales. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, la parte quejosa se duele del señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de una fecha para celebración de la audiencia trifásica en el expediente laboral 1415/2020, de su índice, fuera de los plazos legales; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una mera dilación, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta, que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que la demanda en cuestión, fue presentada el veintiséis de agosto de dos mil veinte ante la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, misma que se declaró incompetente por auto de dos de octubre de dos mil veinte y remitió la demanda a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado quien, mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, fijó fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones el catorce de mayo de dos mil veintiuno. Esto es, el procedimiento laboral ha tenido continuidad desde que se ejerció la acción respectiva, pese a que los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo han sido inobservados. Lo anterior, pues resulta un hecho notorio y de dominio público la declaratoria de pandemia con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, lo que ha generado como medidas implementadas para mitigar los contagios, confinamiento de personas, suspensión de actividades no esenciales, así como periodos de suspensión de las actividades jurisdiccionales y administrativas. Al efecto, debe decirse que los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en respuesta al brote del virus COVID19, han realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, como la emisión de los acuerdos generales AGC-2003-21, AGC- 2003-22, AGC-2004-23, AGC2004-24, AGC-2005-25, AGC-2005-26, AGC-2006-27, AGC-2006-28, AGC-2006- 29 y AGC-2007-30, en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados del Poder Judicial del Estado. Y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 se han adherido a las disposiciones de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establecidas en los acuerdos generales enunciados, y además, han emitido lineamientos tendientes a la salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados de las Juntas a través de los acuerdos expedidos en fechas 18 y 19 de marzo, 13 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, todas del año dos mil veinte, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas 18 y 20 de marzo, 15 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, suspensión que abarcó del 18 de marzo al 21 de agosto de dos mil veinte, así como las subsecuentes de seis y veintiocho de octubre y ocho de diciembre de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas seis y veintiocho de octubre y nueve de diciembre de dos mil veinte, esta última que abarcó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. FECHA DE AVISO DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE YUCATAN. FECHA DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PERÍODO QUE ABARCA LA SUSPENSIÓN. 18 DE MARZO 18 DE MARZO 18-31 DE MARZO 19 DE MARZO 20 DE MARZO 18 DE MARZO-20 DE ABRIL 13 DE ABRIL 15 DE ABRIL 18 DE MARZO-30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 18 DE MARZO-05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 08 DE JUNIO-30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 01-31DE JULIO 31 DE JULIO 31 DE JULIO 03-14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 17-21 DE AGOSTO 06 DE OCTUBRE 06 DE OCTUBRE 7 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 27 DE OCTUBRE 08 DE DICIEMBRE 09 DE DICIEMBRE 16-31 DE DICIEMBRE De lo antes expuesto se advierte, que los plazos jurisdiccionales y administrativos se han ido suspendido en diversas ocasiones en virtud de virus COVID-19, la entrada de ciclones tropicales, y vacaciones de la responsable. En el apuntado contexto, debe concluirse que si bien los plazos legales en los procedimientos en materia de trabajo -como en otros ramos- han sido inobservados a cabalidad, ello encuentra un motivo razonablemente justificable si se toma en cuenta la circunstancia extraordinaria por la que atraviesa el país. Aunado a ello, debe considerarse también la naturaleza predominantemente oral de los juicios laborales, cuyas audiencias se desahogan en presencia de las partes trabajadora, patronal y de la Junta, lo que, por una parte, obstaculiza la posibilidad de agendar mayor número de audiencias de las que permite la jornada hábil de la Junta, máxime que la duración de las audiencias está condicionada a la dinámica que cada audiencia en particular amerita; y por otra parte, a que la propia concentración de personas para el desahogo de las audiencias, exige tomar mayores medidas para salvaguardar la salud de sus participantes. Las enunciadas circunstancias, se insiste, permiten arribar a la convicción de que el proceder de la responsable en la fijación de los plazos procesales no puede catalogarse como una abierta dilación en el procedimiento que en forma excepcional permite su impugnación en la vía del amparo biinstancial. A mayor abundamiento debe señalarse, tal como sostiene la jurisprudencia en cita, el juicio de amparo indirecto procede respecto de violaciones procesales, cuando sus efectos sean de imposible reparación, siendo éstos los que causan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho; sin embargo, tal como se ha reseñado, la fijación de la fecha bifásica, obedece a circunstancias particulares, propias de la situación de emergencia por la propagación del virus COVID-19, ya que los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Salud, tanto Estatales como Federales, han señalado que la prestación de servicios deberá realizarse bajo el esquema de citas, y con un número restringido de personas, lo que no puede ser soslayado en el presente caso, dada la obligación de la Junta responsable de llevar a cabo sus actuaciones conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias correspondientes. Por todo lo expuesto, en el caso a estudio, se estima que respecto del acto reclamado consistente en el señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha lejana para celebración de la audiencia de Ley en el juicio laboral 1415/2020, de su índice, se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sin que obste a lo anterior, que no hayan sido llamados como terceros interesados "CANCHAS Y RENTAS DEL PERIFÉRICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y a "FUT SIETE MERIDA CENTER" o "FUT 7 MÉRIDA" o "CORONA CENTER"; toda vez que el resultado de la presente determinación no les causa ningún perjuicio.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el alegato ministerial 52/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea el presente juicio de amparo, el cual será relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, expídase la copia solicitada, en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se celebró ni difirió la audiencia constitucional en la fecha que estaba señalada, cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En ese tenor, a fin de reprogramar la fecha de la audiencia constitucional, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órgano s jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Por tanto, se señala el VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Por otra parte, agréguense a estos autos los escritos de Aida Genoveva Tamayo Quijano en su carácter de representante legal de la persona moral quejosa, PUBLICIDAD Y EVENTOS DEL GOLFO, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ahora bien, en cuanto al escrito con número de folio 12759 y, en atención a lo que solicita la representante legal de la persona moral quejosa, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio ubicado en la calle treinta y uno, número ciento uno, departamento tres, CP. 97203 de esta ciudad, revocando el que señaló inicialmente en su demanda de amparo. Asimismo, ténganse como nueva autorizada, revocando a los que señaló en su demanda de amparo, a Sheila Irina Cauich Javier, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Igualmente, en cuanto a la diversa solicitud de la ocursante en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo a las citadas autorizadas; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Finalmente, en cuanto al diverso escrito con número de folio 262 y en atención a lo que manifiesta la representante legal de la persona moral quejosa, dígasele a la ocursante que se esté a lo acordado en líneas arriba.

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