Rosa Elena Diaz Martinez
Expediente 326/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Rosa Elena Diaz Martinez
- Alfonso Gonzalez Hernandez, Apoderado de Rosa Elena Diaz Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia definitiva. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... DECISIÓN Al ser inexistentes los actos reclamados precisados en el punto III, consistentes en la omisión de dictar laudo y notificarlo a las partes en el juicio laboral de origen, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********************, en contra de los actos fijados en el punto III, del presente fallo, conforme a las consideraciones vertidas en el punto IV de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informa las gestiones practicadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, y remite copia certificada de las siguientes constancias que obran en el juicio laboral ********************: Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, del que se desprende que se dio cuenta con el oficio remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que hizo del conocimiento que no localizó información y/o documentación a nombre de la parte demandada ******************** y, por tanto, la junta responsable dio vista a la parte actora a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Oficio de contestación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de quince de marzo del año en curso. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Comunique si la parte actora dio contestación a la vista otorgada en acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso y, de ser así, continúe con la ejecución del laudo, en caso negativo, informe las gestiones realizadas para localizar el domicilio del demandado ********************; y, Remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Se apercibe a ********************, presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla que de ser omisa al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, como queda evidenciado con el hecho de que, no obstante los múltiples requerimientos, no ha realizado las gestiones necesarias para lograr la ejecución del laudo. Por ende, se conmina a dicha autoridad a que informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de lograr la ejecución del laudo, pues derivado de sus omisiones no se ha logrado su ejecución. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Asimismo, tiene aplicación al presente asunto la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de revisión. La parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, en el término de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a fin de que se sirva sustanciarlo. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos en ese formato, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal Colegiado aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado medio de impugnación que ya está disponible la consulta del expediente electrónico de este asunto. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes en el que se integraran al expediente físico, los documentos recibidos en ese formato. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y personalmente a la parte tercera interesada.
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