Rosa Estela Romero Jiménez
Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Rosa Estela Romero Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. ...
- Principal
Razón actuarial. Vista la razón actuarial de diez de diciembre del presente año, de la que se advierten los motivos por los cuales al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de cinco de diciembre del año en curso, en el domicilio señalado en autos; se ordena notificar a dicha parte el proveído de mérito, así como las subsecuentes determinaciones, aun las que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Se hace efectivo apercibimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo del quince de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la tercera interesada Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Citibanamex Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haber transcurrido el plazo concedido a la parte tercero interesada en comento para que señalara domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que se le notifique por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun aquellas que sean de carácter personal. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó a su respectivo oficio consistente en copia certificada del laudo dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1256/2014, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Como antes se apuntó, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1256/2014, de su índice. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el catorce de noviembre del dos mil dieciocho -mismo día de la presentación de demanda-, la junta emitió el laudo correspondiente cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "RESUELVE I. La parte actora ROSA ESTELA ROMERO JIMÉNEZ, justificó parcialmente la procedencia de su acción; la demandada "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" justificó parcialmente sus excepciones y defensas. Las demandadas "AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX" e "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" justificaron sus excepciones y defensas. II. Se absuelve a "AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX", al pago de los conceptos de VIVIENDA 92 y 97, en virtud de lo señalado en el considerando CUARTO de la presente resolución y toda vez que es al INFONAVIT a quien en su caso le corresponde el pago directo por las citadas prestaciones. III. Se condena al "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES", al pago de la cantidad de $1,050.47 (MIL CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de VIVIENDA 92. Lo anterior sin perjuicio de los rendimientos que se generen hasta el cumplimiento del laudo. IV. Se absuelve a la demandada "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES", a pagar el concepto de VIVIENDA 97, toda vez que en la consulta de trabajadores y consulta de movimientos exhibidas por las demandadas se advierte un saldo de CEROS por el citado concepto. V. Se absuelve al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, de todo lo reclamado por la parte actora, en términos del considerando SEXTO de la presente resolución." Lo anterior, pone de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación. En el entendido que no es el caso de otorgar a la parte quejosa la oportunidad de ampliar su demanda inicial de amparo, en virtud de que el juicio de amparo directo constituye la vía idónea para cuestionar la regularidad constitucional del laudo emitido en el juicio de origen, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables -artículos 14 y 17 de la Constitución Federal- que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, ya que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del laudo a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de esa resolución al momento de la notificación de esta determinación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1256/2014".
- Principal
Se hace efectivo apercibimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo del quince de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la tercera interesada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haber transcurrido el plazo concedido a la parte tercero interesada en comento para que señalara domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que se le notifique por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun aquellas que sean de carácter personal. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó a su respectivo oficio consistente en copia certificada del laudo dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1256/2014, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Como antes se apuntó, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ***, de su índice. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el catorce de noviembre del dos mil dieciocho -mismo día de la presentación de demanda-, la junta emitió el laudo correspondiente cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "RESUELVE I. La parte actora ROSA ESTELA ROMERO JIMÉNEZ, justificó parcialmente la procedencia de su acción; la demandada "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" justificó parcialmente sus excepciones y defensas. Las demandadas "AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX" e "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" justificaron sus excepciones y defensas. II. Se absuelve a "AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX", al pago de los conceptos de VIVIENDA 92 y 97, en virtud de lo señalado en el considerando CUARTO de la presente resolución y toda vez que es al INFONAVIT a quien en su caso le corresponde el pago directo por las citadas prestaciones. III. Se condena al "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES", al pago de la cantidad de $1,050.47 (MIL CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de VIVIENDA 92. Lo anterior sin perjuicio de los rendimientos que se generen hasta el cumplimiento del laudo. IV. Se absuelve a la demandada "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES", a pagar el concepto de VIVIENDA 97, toda vez que en la consulta de trabajadores y consulta de movimientos exhibidas por las demandadas se advierte un saldo de CEROS por el citado concepto. V. Se absuelve al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, de todo lo reclamado por la parte actora, en términos del considerando SEXTO de la presente resolución." Lo anterior, pone de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación. En el entendido que no es el caso de otorgar a la parte quejosa la oportunidad de ampliar su demanda inicial de amparo, en virtud de que el juicio de amparo directo constituye la vía idónea para cuestionar la regularidad constitucional del laudo emitido en el juicio de origen, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables -artículos 14 y 17 de la Constitución Federal- que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, ya que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del laudo a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de esa resolución al momento de la notificación de esta determinación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 1256/2014.
- Principal
Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 165/2018-I; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***, por propio derecho. Tercero(s) interesado(s). 1. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 3. *** Autoridad(es) responsable(s). Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje Acto(s) reclamado(s). La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral ***, del índice de la responsable. Admisión de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del plazo de 15 días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del(de los) acto(s) reclamado(s). Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá(n) acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el(los) acto(s) reclamado(s), anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Asimismo, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable remita al correo institucional *** el archivo electrónico que contenga el acto reclamado, pues es deber de este juzgado federal recabar oficiosamente las actuaciones necesarias para la resolución del asunto. Apercibimiento. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ella(s) se reclame(n), cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s) a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe(n), apercibida(s) que en caso de no hacerlo se le(s) impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que al rendir su informe con justificación indique(n) si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe(n) las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete del diciembre de dos mil dieciocho. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el(los) acto(s) reclamado(s) no encuadra(n) en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Tercero(s) interesado(s). El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercero interesado a: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 3. *** Por tanto, se ordena emplazar mediante oficio a las dos primeras y en forma personal, a la última mencionada, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente proveído, haciéndoles saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tienen de apersonarse a juicio si a su interés conviene. De igual modo, requiérase a la tercera interesada ***, para que en el plazo de 3 días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a información reservada, o información confidencial, como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Rosa Elena Díaz Martínez433/2020
- Rosa Elena Diaz Martinez801/2022
- Rosa Elena Diaz Martinez1340/2023
- Rosa Elena Díaz Martínez1642/2019
- Rosa Elena Diaz Martinez326/2023
- Rosa Elia Tenorio Rodríguez124/2021
- Rosa Esther Aguilar Contreras158/2018
- Rosa Esther Lechuga Rivera1353/2019
- Rosa Esther Lechuga Rivera1495/2019
- Rosa Gachupin Martinez163/2022
- Rosa Irma García Ortiz1357/2019
- Rosa Isela González Castillo114/2020