Rosa de Montserrat Alonso Sánchez

Expediente 2172/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2172/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Rosa de Montserrat Alonso Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que en el juicio se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado (...)". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto en el que se desechó la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Perito rinde dictamen. Agréguese a los autos el escrito del perito oficial nombrado en el presente juicio de amparo, ********************, por medio del cual exhibe su dictamen en materia de valuación. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el dictamen pericial de mérito, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sin que sea el caso requerir su ratificación, pues ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria, prevén que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen elaborado por el perito, sino que basta la aceptación de su cargo y que se rinda el dictamen correspondiente. Por las razones jurídicas expuestas, resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia 70/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE QUE EL PERITO RATIFIQUE SU DICTAMEN. De la Ley Agraria y el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al primer ordenamiento mencionado-, no se advierte que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen elaborado por el perito, sino que basta que la persona designada con ese carácter manifieste la aceptación de su cargo y rinda el dictamen correspondiente, lo cual puede llevarse a cabo al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, pues es en este momento procesal en el que las partes del juicio agrario, así como los peritos y testigos, deben concurrir. Por tanto, la falta de ratificación del dictamen pericial no es motivo para restar valor probatorio a la prueba pericial respectiva, por no ser un requisito legal de su desahogo." En ese orden de ideas, toda vez que a la presente fecha se encuentran rendidos los dictámenes periciales en materia de valuación, se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para el desahogo de la audiencia relativa al incidente innominado que se aperturó en acatamiento del fallo protector, con la finalidad de calcular el pago de la indemnización que en derecho corresponda a la parte quejosa, respecto del valor comercial de la superficie ocupada, antes de la construcción de la vialidad "********************", ello con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad solicita prórroga. La Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se le concede una segunda prórroga por el plazo de tres días, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: DECISIÓN En las condiciones anotadas, resulta esencialmente fundado el concepto de violación que hizo valer el quejoso contra la interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, en el juicio laboral D-1/********************/2020, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la junta responsable deberá dejar insubsistente la interlocutoria reclamada. En su lugar, emita otra en la que declare la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demandada principal y actora incidental, con base en lo expuesto en la presente sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

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