Rosa Elena Acosta Sedano
Expediente 547/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa Elena Acosta Sedano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa********************, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDOS DE VEINTICUATRO DE MAYO Y TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. RAZON ACTUARIAL Y NOTIFICACIÓN POR LISTA Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de la cual se desprende que el actuario adscrito a este juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, en virtud de que el domicilio es inexacto. Asimismo, glósese la constancia de notificación por lista de veintiséis de mayo del año actual, realizada a la parte quejosa respecto del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, en atención a la razón actuarial señalada en el párrafo precedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificara la parte quejosa por lista las actuaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. PROMOCIÓN DE JUZGADO HOMOLOGO Por otra parte, glósese a los autos el oficio suscrito por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se autorizó la vinculación del expediente electrónico 416/2022, de su índice para los efectos legales conducentes. SE DESECHA LA DEMANDA. Ahora bien, glósese la cuarta promoción de cuenta,, suscrita por ROSA ELENA ACOSTA SEDANO, por propio derecho, quien pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos. Al respecto, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte se encuentran vinculados los expedientes electrónicos relativos a los juicios de amparo 416/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y en el que se actúa, se procede a proveer lo conducente: Constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, que en el juicio de amparo 416/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, ROSA ELENA ACOSTA SEDANO, pretendió reclamar de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia, lo siguiente: "(.) acudo ante este H. Juzgado de Distrito a solicitar la Protección de la Justicia Federal, para que no se ejecute en mi contra los actos que pretende ejecutar la autoridad señalada como responsable en su doble aspecto, es decir, que no se suspenda el pago de mi pensión, ni que se pretenda ejercer algún cobro indebido a mi persona, solicitando se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encentran, ya que la quejosa no ha cometido o desplegado conducta alguna que amerite que la responsable emita una determinación administrativa de este tipo." Luego, en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, el juzgado homologo previno la quejosa para que precisara en concreto el acto reclamado, por lo que al no cumplir con la misma, en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, tuvo por no presenta la demanda de amparo 416/2022. Ahora bien, visto el escrito suscrito por la quejosa, se advierte que en el presente expediente reclama la respuesta que mediante oficio No. 1703093300/___/2022 de data doce de mayo del año en curso, le dio la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia, respecto de la suspensión de la prestación de la pensión de su extinto esposo Jaime Calva Estrada, con número de prestación NSS 5396740548-0, la cual le abonaban mensualmente vía depósito bancario por conducto de PROFUTURO. De lo anterior, se concluye que son diferentes los actos reclamados en el juicio de amparo 416/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y el presente expediente, por lo que no encuadra en ninguno de los supuestos para returnarlo al juzgado homólogo, por lo que se procede a proveer lo atinente en esta instancia constitucional. Ahora, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)", se procede analizar sobre el carácter de autoridad responsable respecto de la que se señala como responsable en la demanda y el acto que se le reclama. Los artículos 5, 61, fracción XXIII, 62 y 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La Ley de Amparo en las porciones normativas transcritas, establece el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo; asimismo, que el órgano jurisdiccional examinará de oficio el escrito de demanda. Ahora, la demanda promovida por ROSA ELENA ACOSTA SEDANO, por propio derecho, contra el acto en análisis atribuido a la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia, consistente en la respuesta que mediante oficio No. 1703093300/___/2022 de data doce de mayo del año en curso, le dio a la quejosa, respecto de la suspensión de la prestación de la pensión de mi extinto esposo Jaime Calva Estrada, con número de prestación NSS 5396740548-0, la cual le abonaban mensualmente vía depósito bancario por conducto de PROFUTURO; se estima que no es un acto de autoridad para efectos del amparo y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5º de la aludida ley de la materia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la pensión por viudez deriva de los derechos del trabajador extinto Jaime Calva Estrada, con número de prestación de seguridad social NSS 5396740548-0. Circunstancia que se corrobora con a los anexos que acompañó a su escrito de demanda; documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y que hacen prueba plena de la relación laboral que existe entre el quejoso y las responsables. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia, derivan de la pensión que se encontraba percibiendo la quejosa con motivo del matrimonio con el finado Jaime Calva Estrada, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dependencia que no puede considerarse como autoridad para efectos del presente juicio de amparo, dado que el origen de su actuación, es la atribución que tiene de administrar las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. En efecto, resulta conveniente establecer si al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien se atribuye los actos reclamados es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atenderse a la norma legal para examinar si lo faculta no para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades que dispongan de ella. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en sus artículos 1o., 2o., 3o. y 45, establece que la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, y que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados. Así, la administración pública descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región. En ese sentido, los organismos descentralizados forman parte del Poder Ejecutivo, en tanto que son componentes de la administración pública, y su objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo. En términos del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se otorga personalidad y patrimonio propios a los organismos públicos descentralizados, lo cual obedece a la necesidad de darles, ya sea una simple autonomía técnica, o bien, una autonomía verdaderamente orgánica, o ambas, con el fin de que cumplan los cometidos a su cargo. La autonomía técnica implica el no sometimiento de los organismos a las reglas de gestión administrativa y financiera aplicables por lo general a todos los servicios centralizados del Estado. La autonomía orgánica se traduce en la especial organización interna del organismo que le permite incluso en el caso extremo el autogobierno. Bajo esta óptica, se trata de una autoadministración en el marco de las leyes, restringida a la ejecución de los fines específicos encomendados a dichos organismos; esto es, los organismos descentralizados reflejan una forma de organización administrativa del Estado, no ajena a éste, que presenta una autonomía para efectos de gestión y para lograr un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones que tienen encomendadas, por lo que no es admisible la afirmación en el sentido de que no son parte del Estado. Lo que en realidad se produce es, en los términos expuestos por la doctrina, una afectación por parte del Estado, de una parte de sus bienes, que siguen siendo de su propiedad, a las necesidades propias del servicio prestado, limitando así la responsabilidad del propio Estado a la persona que constituye el patrimonio especialmente afectado, y si bien, tales organismos obran en nombre propio, ello implica que actúan en nombre y por cuenta de un patrimonio especial del Estado, en oposición al concepto de su patrimonio general, y que el ente público por su voluntad ha dotado de autonomía. De acuerdo con lo anterior, tenemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es parte integrante de la Administración Pública Paraestatal, dado que es un organismo descentralizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley del Seguro Social, que al efecto establece: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". Ahora bien, en este punto es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. El carácter de organismo fiscal autónomo del Instituto Mexicano del Seguro Social, data de la reforma que se hizo al artículo 135 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; asimismo, en la nueva Ley del Seguro Social, en su artículo 5o. se le sigue reconociendo ese carácter. El reconocimiento de organismo fiscal autónomo, constituye una de las principales reformas a la Ley del Seguro Social, ya que anteriormente, al indicado instituto no se le reconocía esa capacidad de fiscalización, pero actualmente goza del poder para hacer efectivas las obligaciones a través de un procedimiento administrativo de ejecución regulado por el artículo 291 de la Ley del Seguro Social, así como de manera complementaria en el Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo III de su título V. En cuanto al carácter de ente asegurador que tiene ese instituto, si bien la relación jurídica que existe entre éste y los asegurados no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, pero debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución General de la República. Asimismo, se estima pertinente traer a contexto el contenido de los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, que disponen: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". Del precepto 294 en cita se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto; dado que con relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante los Tribunales Federales en materia laboral. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. En efecto, los artículos 5, 270 y 271, de la Ley del Seguro Social establecen: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". "Artículo 270. El instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente ley". "Artículo 271. En materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a esta ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del código, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social, el instituto recaudará, administrará y, en su caso, determinará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en ella, el código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que serán ejercidas de manera ejecutiva por el instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal". Como puede apreciarse, la naturaleza de organismo fiscal autónomo con que se encuentra investido el Instituto Mexicano del Seguro Social está relacionada con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme al artículo 2, fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Entonces, si el artículo 15, fracción III, de la Ley del Seguro Social impone a los patrones la obligación de determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que éste se erige como órgano fiscal autónomo siempre que, en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y demás sujetos obligados de sus obligaciones en materia de seguridad social. En cambio, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley en favor del asegurado. Todo lo expuesto, pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Desde esa perspectiva, cabe destacar son dos extremos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero al fin y al cabo ligadas. Una, encaminada hacía los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social. Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio nacional de seguro social. Ese doble carácter que tiene el indicado instituto, ha sido reconocido por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1580 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII, Quinta Época, en la que también se establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad cuando actúa como organismo fiscal autónomo, mas no así cuando no ejerce esa facultad, al establecer: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o.,fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal". En esa línea de pensamiento, es dable afirmar que la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Al respecto conviene citar los artículos 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, que establecen: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: [.] IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 y 250 A, de la Ley; [.] XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley; XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la Ley; XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; Artículo 6o.- El Seguro Social comprende: I.- El régimen obligatorio y II.- El régimen voluntario. Artículo 7o.- El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos. Artículo 8o.- Con fundamento en la solidaridad social, el régimen del Seguro Social, además de otorgar las prestaciones inherentes a sus finalidades, podrá proporcionar servicios sociales de beneficio colectivo conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de este ordenamiento. Artículo 10.- Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones, subsidios y los fondos de las subcuentas del seguro de retiro, hasta por el cincuenta por ciento de su monto. Lo señalado en el párrafo anterior, no autoriza bajo ningún concepto el retiro de los recursos en plazos y condiciones distintos a los establecidos en el Capítulo V BIS del Título Segundo de esta Ley. Artículo 11.- El régimen obligatorio comprende los seguros de: I.- Riesgos de trabajo; II.- Enfermedades y maternidad; III.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; IV.- Guarderías para hijos de aseguradas, y V.- Retiro. Artículo 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos. En efecto, de los numerales transcritos se puede afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el Seguro Social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. En consecuencia, resulta incontrovertible que los actos reclamados en la presente instancia de garantías, no reúnen las características para ser considerados como actos de autoridad que hagan posible su reclamo a través del juicio constitucional, puesto que la pensión que se encontraba percibiendo la quejosa con motivo de las nupcias que contrajo con el finado Jaime Calva Estrada, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una relación jurídica en la cual ni la inconforme, por una parte, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, están investidos de imperio, ya que este último actúa como ente asegurador, derivado del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto. Apoya a la anterior determinación la tesis de jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2011298, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL". Así como la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable en la página 2032, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 164027,: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN". Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre éstos y las autoridades que señalan como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. De igual forma resulta aplicable la tesis del contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Página: 347 AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito.". Con base en las razones antes expuestas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ROSA ELENA ACOSTA SEDANO por propio derecho, contra la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL LEVANTADA EL VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE ESE MISMO MES Y AÑO, DOMICILIO INEXACTO), NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número I-547/2022 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ROSA ELENA ACOSTA SEDANO, contra actos de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia. SE PREVIENE A LA PARTE PROMOVENTE. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda sobre los siguientes puntos: Vista la certificación de cuenta, se advierte que luego de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), se constató que ROSA ELENA ACOSTA SEDANO, promovió diverso juicio de amparo contra actos de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia, mismo que quedó registrado bajo el número 416/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que señaló como acto reclamado la suspensión de pago de pensión. En virtud a lo antes expuesto, es necesario requerir a la promovente para que precise si en la demanda de amparo 416/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, reclamó la suspensión del pago de pensión con número de prestación NSS53967440548-0, o alguna diversa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenido en la Tesis XX.57 K, localizable en la Página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Para que, de en caso de que la presentación de su escrito aclaratorio sea física, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración, que se requiere una para cada autoridad responsable, dos para los cuadernos de suspensión que solicita y otra más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo anteriormente requerido, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. SOLIITACONSTANCIAS Y VINCULACION DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con independencia de lo anterior, se solicita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de la manera más atenta al similar, que de no tener inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, se sirva remitir a este juzgado copia certificada de las principales constancias que integran el juicio de amparo 416/2022, asimismo, tenga a bien autorizar la vinculación del expediente electrónico. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a FÉLIX FRANCISCO PEDRAZA BARRERA y VICENTE SAUCEDO PÉREZ con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, para los efectos legales conducentes. CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO Se tiene proporcionando correo electrónico y número de teléfono celular, como medios de contacto a través de la cual se podrá entablar comunicación no procesal relacionada con este asunto. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente a la pate quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los autos a la actuaría de la adscripción. Conste "Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. (.) SOLIITACONSTANCIAS Y VINCULACION DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con independencia de lo anterior, se solicita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de la manera más atenta al similar, que de no tener inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, se sirva remitir a este juzgado copia certificada de las principales constancias que integran el juicio de amparo 416/2022, asimismo, tenga a bien autorizar la vinculación del expediente electrónico. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a FÉLIX FRANCISCO PEDRAZA BARRERA y VICENTE SAUCEDO PÉREZ con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, para los efectos legales conducentes. CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO Se tiene proporcionando correo electrónico y número de teléfono celular, como medios de contacto a través de la cual se podrá entablar comunicación no procesal relacionada con este asunto. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente a la pate quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe". DOS FIRMAS ILEGIBLES.
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